X Patricia Simón/Periodismo Humano/Enviado X Griselda de Guatemala
Sandra está pendiente del teléfono esperando la respuesta a
una entrevista de trabajo. Busca cualquier empleo, ha trabajado de camarera en
bares y hoteles, de dependienta y ha hecho todos los cursos de formación que ha
podido. Aunque puestos a poder elegir, prefiere cuidar a niños o ancianos. Su
presencia y su tono durante la conversación son contundentes. Tiene 31 años
aunque hay vidas y contextos en los que la edad no nos dice nada de la
experiencia acumulada ni de etapas vitales. Sandra y el resto de mujeres
víctimas de trata con fines de explotación sexual entrevistadas por Periodismo
Humano para este Especial, son mujeres a los que sus contextos, sus decisiones
y la vida les ha colado más obstáculos de los narrables –¿cuántos no se habrán
quedado en el tintero de la memoria, borrados por la concatenación de
desgracias?–, pero que han tenido que ir superando porque seguía amaneciendo,
convirtiéndolas en mujeres en las que casi se materializa la capacidad de
supervivencia del ser humano, o “mujeres que no se rinden” como reza el eslogan
de la Fundación de Solidaridad
Amaranta.
Sandra relata su vida asépticamente, sin autocompasión ni
normalización de los abusos sufridos. Sólo a veces su fortaleza brota con tono
de sorna, cuando la sucesión de dificultades se hace abrumadora incluso en el
relato. Mientras, su teléfono no para de vibrar: es el presente y espera que
tenga nombre de un trabajo.
Sandra tenía 17 años cuando “como forma de agradecimiento a
su abuela, la persona que más quería en el mundo”, con la que vivía por el
alcoholismo de su padre -nunca menciona a su madre-, decide que va a darle una
vida mejor viniendo a España. Para ello, consigue el teléfono de una mujer que
trae a gente y que le asegura que aquí no faltan oportunidades laborales para
muchachas como ella, pero que tendrá que comprometerse a pagarle el coste del
viaje en avión. “Como yo pensaba que aquí caía el dinero del cielo le dije que
sí, claro”. Poco después el hermano de su “jefa” fue a buscarla “y me llevó a
un brujo que me dijo que si yo no pago me muero, o que esa mujer puede hacer lo
que quiera con mi familia. Me dieron algo para comer, luego me pidió cosas de
mi cuerpo (cabello de la cabeza, de los genitales y de las axilas, y uñas de
los pies y manos)”.
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| Foto: Javier Bauluz |
El caso de Sandra es paradigmático de la trata de mujeres
con fines de explotación sexual con origen nigeriano. El empleo del vudú como
forma de coacción, las redes de cercanía con el entorno familiar y las amenazas
contra éste, así como la trampa de una deuda que puede alcanzar los 60.000
euros. En el caso de Sandra, como ella dice, “tuve suerte” porque fueron 45.000
euros los exigidos ya que finalmente el viaje no fue en avión, sino a pie con
otras “sesenta y pico personas”, lo que les llevó un año y medio “porque no
había dinero para coche”. Desde Nigeria a Marruecos. En el camino por el
desierto, verse sobreviviendo gracias a “beberse la propia orina”, convivir con
compañeras de viaje que tienen que dejar sus bebés -muchas veces fruto de violaciones
cometidas por sus tratantes- “porque no tienen para alimentarlo y porque queda
mucho hasta su destino”. En patera hasta España, que vuelca lo que provoca la
muerte de doce personas. Varios medios de transporte más para llegar a Palma de
Mallorca, donde le esperaba su “chula”. “Cuando me llevó a un club para
trabajar, yo nunca había visto a gente así, desnuda, con tanga. Y después ella
me dijo que me toca a mí. Es una vida muy dura. Llamé a mi abuela y me dijo que
volviera pero la jefa me dijo que aunque regresara iba a tener que pagar. ¿A
dónde voy a encontrar 45.000 euros en Nigeria?”.
Llegó en abril de 2002 y terminó de pagar la deuda en 2011.
“Cuando les digo a mi familia que aquí no es tan fácil, no me creen. Pero es
normal, yo tampoco lo creía cuando alguien me lo decía”. Sandra sale pitando a
una entrevista de trabajo. Tiene 31 años, fue víctima de trata, pero también y
gracias a sus agallas y al apoyo de la Asociación por la prevención,
reinserción y atención de la mujer prostituta. (APRAMP),
Sandra ha aprendido español -cuando ni siquiera sabía leer y escribir-,
informática, y lo que haga falta para seguir adelante.
España, uno de los principales países de destino de mujeres
víctimas de trata
España es uno de los 20 principales países de tránsito y
destino de las víctimas de trata, según un informe de la ONU. Hace apenas unos
años no se hablaba de este asunto. En cambio, hoy esta frase es más que
familiar para muchos lectores. Fue a en el año 2000 cuando la forma más
evidente de esclavitud actual consiguió la atención debida a nivel
internacional. Una Convención de las Naciones Unidas daría lugar al Protocolo
de Palermo [pdf] que entraría en vigor en 2003 y que se ha convertido en el
marco general desde el que los Estados firmantes enfocan la lucha contra estos
crímenes que definieron como
“La captación, transporte, traslado, acogida o recepción de
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con
fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogos a las esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos”.
De hecho, los términos “explotación sexual” y “explotación
de la prostitución ajena” son intencionadamente indefinidos para que cada país
pudiera adaptarlo a su legislación sobre la prostitución, ya la persigan, la
regulen o la permitan.
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| Foto: Javier Bauluz |
Las cifras son estimaciones con horquillas muy amplias por
la dificultad que conlleva la identificación de las víctimas de trata, por
tratarse de un delito oculto y por la ideologización que media el tema de la
prostitución y, por darse en los mismos contextos, de la trata. Desde las
800.000 personas víctimas de trata cada año que estima el Departamento de
Estado de EEUU en su informe de 2008, hasta los cuatro millones de mujeres y
niñas que son compradas y vendidas cada año según Naciones Unidas,
convirtiéndose en el tercer negocio más lucrativo sólo por detrás del tráfico
de armas y las drogas, 12.000 millones de dólares al año. Los países de
origen más significativos en España son Rumanía, Nigeria, Brasil, Colombia,
Paraguay, República Dominicana, Rusia, Ucrania, Bulgaria, Croacia, República
Checa, Hungría, Marruecos, Polonia…
Tanto el Protocolo como la adaptación de estos a la
legislación española que comenzó con la ley 2/2009 contra la trata así como la
reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social, introducen un aspecto fundamental que, a menudo, ha sido
esgrimido como coartada por los explotadores, el del consentimiento. “El
consentimiento dado por la víctima no se tendrá en cuenta cuando se haya
demostrado el recurso a medios ilícitos”.
El cambio sustancial vino de las reformas legislativas de 2009
y 2011,
en las que se introducía la protección a las víctimas de la trata de forma
específica y definía el delito, buscando el consenso, de la siguiente manera.
“El que captare, transportare o trasladare, dentro del país
o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de 18 años
de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza, o cualquier otro
medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios, para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines
de explotación, será reprimido con prisión de tres a seis años”.
Clara Corbera es abogada de la Fundación de Solidaridad
Amaranta [entrevista
completa], organismo responsable del proyecto
SICAR creado hace una década en colaboración con la Fundación
Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón para responder a
la demanda de la Policía que, por aquel entonces, empezaba a desmantelar redes
de trata y que entendía que los calabozos o las comisarías no era un lugar
donde hospedar a las víctimas. Avalados por el trabajo de la congregación
religiosa Adoratrices, a la
que pertenecen y que lleva un siglo atendiendo a mujeres vinculadas con la
prostitución, en riesgo de exclusión social y víctimas de trata, gestionan una
casa de acogida donde las que lo deseen reciben un apoyo global.
“Nuestra metodología se basa en ser capaces de analizar la
situación y partir de una valoración de la situación compartida con la mujer:
dónde estás, qué te preocupa, qué necesitas y hacia dónde quieres ir. Y vamos
dando diferentes apoyos para ir consiguiéndolo, desde el aspecto de la salud y
el bienestar (toda la dimensión de relaciones personales, el ocio, el
descanso..), la inserción y la faceta laboral, lo jurídico y el manejo de la
vida cotidiana si viven con nosotros. De tal forma que si una mujer no quiere
abordar desde lo psicológico determinados temas, no lo hacemos. Es decir,
partimos de aquello que la mujer detecta como un interés en ese momento. Y el
tema del abandono de la prostitución no lo abordamos si ella no lo quiere.
Trabajamos siempre de la mano de la mujer”, nos explica una de las trabajadoras
sociales que trabaja en el Proyecto SICAR desde sus inicios.
La letrada Corbera resume los avances legislativos
nacionales en este tema. “En los últimos años ha habido una evolución muy
importante respecto a la protección de la víctima. Contamos con una
modificación muy importante del Código Penal que tipifica el delito de trata
específcamente (…). Y paralelamente han habido modificaciones de la Ley de
Extranjería, el artículo 59 bis, y el desarrollo reglamentario, muy importante
porque incorpora cuestiones que venían en la Directiva del Consejo de Europa de
protección específica a la víctima: cuando se habla del período de reflexión de
30 días para decidir si quiere denunciar (…) sus derechos a asistencia
psicológica, jurídica, la ampliación de esa protección a los hijos menores. Por
tanto, una víctima, identificada, que denuncie, es susceptible de esta
protección”.
Sin embargo, los avances no aseguran que las mujeres
denuncien. Corbera apunta varias razones: “no todas las mujeres que quieren
denunciar pueden porque la ley habla de proporcionar elementos esenciales que
puedan suponer la persecución del delito por parte de las Fuerzas y Cuerpos del
Estado. No todas las mujeres tienen esa información, hay mujeres que sólo
tienen un teléfono y un nombre que pude ser falso. Entonces esa denuncia no va
a suponer la apertura de un procedimiento judicial. Y la otra razón es el
miedo: a veces hay coacciones y otras es el miedo psicológico, como en el caso
de las mujeres nigerianas, en las que está muy presente el tema del vudú…
Consideran que lo que le va a proporcionar la denuncia va a ser muy inferior a
los riesgos que asumirían a nivel personal, porque piensan que pueden morir
ellas, sus familiares… Y luego está la protección, porque aquí la Policía se la
puede asegurar, pero a las que tienen cargas familiares en sus países de origen
ya es otra cosa”.
La Fiscalía de Sala Coordinadora de Extranjería ha publicado
un informe
en el que reclama al gobierno de España que legisle para prohibir
“cualquier comercio o negocio sexual planificado y desarrollado” por personas
distintas a la mujer afectada, con el objetivo de erradicar la trata de mujeres
que, denuncian, a menudo se oculta en establecimientos donde resulta
“incontrolable”. El informe también revela
que en 2011 se incoaron 64 diligencias previas por delitos de trata de seres
humanos, que eran de tipo sexual en un 92,18% de los expedientes y laboral
en el resto. Al acabar el año, 45 de estas diligencias estaban aún en
tramitación y 14 fueron archivadas.
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| Foto: Javier Bauluz |
Corbera pone sobre la mesa una de las principales críticas
de las organizaciones dedicadas a la trata: “Tanto el Convenio del Consejo de
Europa como la directiva comunitaria recogen expresamente que toda víctima por
el hecho de ser víctima precisa y debe proporcionársele asistencia jurídica,
sanitaria… En la práctica, esa protección viene derivada una vez que la mujer
interpone una denuncia porque tanto la ley 59 bis como el reglamento están
pensados para aquellas mujeres que colaboran con Administración de Justicia y
dejan al margen las que no pueden denunciar. (…) Al mismo tiempo, la
identificación es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos todavía.
Hay mujeres que pasan por varios circuitos de la Administración y que no se han
detectado como víctimas porque no han denunciado. Esa mujer, pese a que existe
una legislación que ampara su protección, ha estado desprotegida”.
La inspectora Genma Gutiérrez [entrevista completa],
psicóloga de formación, lleva diez años trabajando en el ámbito de Extranjería,
ahora como jefa del Grupo Operativo de la Policía de Gijón, es decir, el
encargado de identificar, acompañar a las víctimas y de investigar y
desmantelar a las redes. Para empezar, advierte de la dificultad que encuentran
para que las propias mujeres se identifiquen como víctimas. Pero también de la
complejidad creciente de las redes: “Son cada vez más difícil de controlar
porque ellos también van aprendiendo y cada vez dejan menos rastros. Empiezan a
pagar en mano, tienen captadores en los países de origen centrados en chicas
sin recursos, con problemas económicos, de familias desestructuradas… Por lo
que ellas, incluso aquí, se sienten agradecidas aunque sean víctimas de trata.
Por eso es tan complicado que denuncien”. Y responde a la crítica de que la
denuncia sea el activador de la protección. “Para acceder a informaciones tengo
que solicitárselo a un juez y éste, es normal, tiene que tener algo, porque hay
una ley que protege a esa persona (el presunto tratante), de protección de
datos (…). Se necesitan datos objetivos y reales”.
Helena Maleno
es periodista e investigadora experta en procesos migratorios y en trata de
personas. Escribe informes para organizaciones internacionales como Women´s Link Worldwide,
dedicada a fomentar la justicia con enfoque de género, o para el Defensor del
Pueblo del Gobierno de España, entre otros. Maleno lleva siendo testigo desde
hace más de una década encontrándose con víctimas de trata, a veces en los
calabozos de las comisarías marroquíes donde las detienen como migrantes antes
de expulsarlas a la frontera argelina, otras cuando van a coger la patera en
dirección a España, otras en Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE), en
los alrededores de los invernaderos de Melilla o en aeropuertos, como en 2011,
cuando acompañó a
una menor que pasó un mes en la sala de inadmitidos de Barajas esperando que
se le concediera protección por ser víctima de trata. Nunca antes una persona
había pasado tanto tiempo en este espacio que permanece en un limbo jurídico,
donde desconocemos qué ocurre diariamente puesto que ONG y periodistas tienen
prohibida la entrada.
Maleno lamenta que “todo el peso de la investigación recaiga
sobre las víctimas. Muchas veces éstas no están en condiciones de dar la
información requerida y el Estado pone sobre ellas todo el peso, presiona y
presiona. Denuncien o no, tienen que ser reconocidas como víctimas y
protegidas. Creo que hay otras formas de avanzar como la capacidad de la
Fiscalía para abrir investigaciones de oficio, de optimizar el trabajo
transnacional con policías de zonas de origen como en Europa….”. La falta de
investigaciones abiertas de oficio es una de las críticas más recurrentes que
nos hemos encontrado en las conversaciones con las trabajadores de las ONG.
Maleno coincide en los avances supuestos por la reforma del
Código Penal español, pero advierte que ésta “no se ha plasmado en condenas
reales a las redes desmanteladas. Muy poca gente sale condenada y muchas veces
salen por la puerta de atrás. Falta también una formación de todos los
elementos de la judicatura (fiscalía, jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado…) para que puedan entender en toda su dimensión el delito de
la trata. Muchas veces no se hace una identificación eficaz de las víctimas o
no conocen cómo funciona la red que están desmantelando porque no entienden el
delito porque es nuevo…. Y no valoran las consecuencias que esa explotación ha
tenido para esas mujeres, por ejemplo en el caso de las nigerianas el trauma
que les puede causar el tema del yuyu (el vudú). Las condenas no recogen el
daño psicológico y físico que les ha supuesto porque quizás los psicólogos,
periotos y psiquiatras no estén preparados para valorar el impacto de esa
explotación. Otro aspecto importantísimo pendiente es el del fondo de
compensación económica para que las víctimas rehagan sus vidas”.
Hace un año Helena viajó a Nigeria para conocer sobre el
terreno el funcionamiento de las redes en el que destaca que como en Benín y
otros países, la trata se ha convertido en endémica: “Hay zonas en las que
forma parte de la construcción social, del Producto Interior Bruto, de la
salida de la situación de pobreza… Cuando piensas que la trata es una
estrategia migratoria que está horadando todas los partes de tu sociedad, que
va a permitir a tu comunidad y a tu familia salir de la pobreza, cuando
visibilizas la trata como esto, las víctimas te dicen que ellas son la
generación que se está sacrificándose para que su familia salga de la pobreza.
Y en países como éste, tenemos un problema grave porque la sociedad está
normalizando esas situaciones de explotación”. Helena añade otra dificultad
para que las mujeres denuncien: “Estamos hablando de redes que no sólo se
convierten en referencia en los países de origen, sino también de referencia y
protección durante el tránsito porque a pesar de la violencia éstas ejercen, a
veces la violencia exterior es tan alta que la protección que ofrecen para
llegar a Europa en buenas condiciones se perfila como algo necesario. En esta
situación, el vínculo emocional que se genera con la red es tan fuerte que
después es muy complicado para la víctima denunciar porque forma parte de su
construccion social y de su proyecto migratorio”.
Desde su ámbito, la inspectora Gutiérrez insiste a lo largo
de la entrevista en la dificultad que entraña su cometido porque “la cuestión
es que ellas se den cuenta de que se les puede ayudar. Creo que es el mayor
problema. Pero es complicado porque son investigaciones largas y para conseguir
algo necesitas también algo para poder continuar”.
Pero también por las mismas razones por las que este delito
considerado por la Corte Penal Internacional como un delito de lesa humanidad
resulta invisible para la mayoría de la población, por los ambientes en los que
se desarrolla y por quiénes son sus víctimas.
La invisibilidad de la trata
Una calle que transitamos con asiduidad puede cambiar de
aspecto sin que nada ocurra más que que nos pongamos las “gafas de la
prostitución” como dice Laura (nombre ficticio por razones de seguridad), una
de las trabajadoras sociales de las organizaciones dedicadas a la atención de
víctimas de trata, mujeres relacionadas con el ejercicio de la prostitución o
en riesgo de exclusión. De repente, reparamos en que puede haber varios clubs
en apenas unas decenas de metros y, si nos adentramos, de que no todos los
clubs son iguales, pero sí de cómo nos hemos habituado a no deslumbrarnos por
los luminosos que atraen la atención de los clientes.
Acompañamos a Laura en una de las rondas que hace por los
clubs de la ciudad para informar a las mujeres de los recursos sanitarios que
tienen a su disposición en Asturias, de los distintos anticonceptivos
disponibles y de su correcto uso, así como de la existencia de la organización
para asesoría en todos los ámbitos. Para establecer el contacto y la
conversación, entrega a los que lo deseen preservativos femeninos y masculinos,
así como lubricante.
Unas quince mujeres esperan acodadas en la barra, mientras
suena Lady Gaga y otros éxitos musicales del momento. Un par de hombres beben y
un televisor va pasando fotografías eróticos. Son las nueve y pico de la noche
y las mujeres se quejan de un verano sin trabajo. “Esperemos que esto se anime
con el Concurso de Hípica y en la Copa Davis” dice una de ellas. La mayoría
conocen a Laura de este u otros clubs puesto que muchas van rotando cada 21
días (siguiendo los ciclos menstruales), en lo que en el argot se llaman ‘hacer
plazas’. “Funciona por el interés del proxeneta porque como estamos hablando de
carne humana, al recinto lo que le interesa es renovar a las chicas porque a
los clientes les gusta que cambien” apunta una de las dos trabajadoras de
APRAMP con las que conversamos. “Eso también favorece el aislamiento, el
desarraigo, que no conozcan cómo funcionan los servicios sociales de la
ciudad”. APRAMP, como Fundación Amaranta, también tiene un programa de
acercamiento consistente en visitas regulares a los lugares donde se ejerce la
prostitución. “La mayoría de las chicas se pasa mucho tiempo en los clubs o en
los pisos y estar en ese ambiente genera apatía, desgana. Tiene allí los
ordenadores desde donde se relacionan con su familia y el exterior. El entrar
allí y presentarse como una organización dirigida a las mujeres en contextos de
prostitución (…) rompe con ese aislamiento. Les explicamos lo importante que es
el empadronamiento para el tema del arraigo social, que hay dos unidades de ITS
y vamos generando confianza. Para hablar ya tranquilamente tiene que ser en el
local”.
El dueño saluda amablemente y ofrece algo de beber a las
visitantes mientras Carolina, una brasileña de 47 años que lleva más de una
década en España, se sienta y explica que ya se encuentra mejor. Licenciada en
enfermería y culta, explica cómo vino ejercía la prostitución en Brasil para
sacar adelante a sus dos hijos y que cuando ya se valían por sí mismos, se vino
a España para ganar más dinero. Luego encontró trabajo como asistente en un
geriátrico en Bilbao pero con la crisis fue despedida y volvió a Gijón dónde ya
conocía al club de este dueño y sabía que le contrataría como camarera porque
necesita cotizar para conservar su permiso de residencia. Pero hace diez días
intentó suicidarse y dice estar muy cansada, aunque ya antes de contar que le
encanta cantar y la música, antes de poner en pie su metro ochenta y belleza
atemporal, sobrecoge la fortaleza que desprende. De nuevo, la edad no aporta
información, no está vinculado con nada.
Entramos en otro club. Contrasta la fuerte iluminación con
la ténue del anterior. Las jóvenes esperan sentadas en sofás que rodean el
pequeño local en cuya esquina hay una barra americana rodeada de espejos.
Aparentemente ninguna tiene ganas de conversar, salvo una joven rumana muda que
celebra hoy su cumpleaños y que con gestos expresivos intenta hacérnoslo saber.
Aparenta unos 19 años. La mayoría son rumanas que cogen los condones mientras siguen
con la mirada atenta a las pantallas de sus móviles. Las dos únicas mujeres
españolas que nos encontramos preguntan sobre cómo ponerse el parche
anticonceptivo y sus beneficios. Al final, una de ellas también plantea que su
novio, al que conoció en el club, quiere mantengan relaciones sexuales sin
protección, como muestra de confianza, por lo que quiere que ambos se hagan un
análisis de sangre para comprobar que no tienen enfermedades de transmisión
sexual. Nos preguntan dónde pueden acudir. Asturias tiene dos clínicas llamadas
Unidades para Infecciones de Transmisión Sexual donde cualquier persona puede
acudir para consultas y análisis ginecológicos sin tener que identificarse, una
conquista en la que tuvo mucho que ver el trabajo de Médicos del Mundo. Hasta
la apertura de éstas a principios e la década del 2000, la ONG ofrecía tenía un
dispensario en Avilés donde ofrecía asistencia médica y material preventivo a
estas mujeres.
Ahora, la presidenta de Médicos
del Mundo Asturias (MDM), Carmen
Curto [entrevista completa], llama la atención sobre el escenario que
plantea la reforma de la Sanidad española que deja sin asistencia a las
personas en situación administrativa irregular. “Las personas víctimas de trata
ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad antes de la reforma,
porque para acceder ya les pedían el empadronamiento. Pero si te están moviendo
constantemente de ciudad en ningún momento vas a tener accedo a la asistencia
pública. Si además te han quitado el pasaporte (una de las fórmulas para
retener a las víctimas empleadas por las redes), o no te dejan ir sola a una
consulta… y ahora con la reforma, pues se imposibilita más todavía su acceso”.
MDM ha puesto en marcha en marcha la campaña ‘Derecho a curar’ por la
objeción de conciencia del personal sanitario contra este decreto. La Red
contra la trata ya pidió en julio que las víctimas de trata tuvieran acceso a
la tarjeta sanitaria y en APRAMP alertan sobre que se trata de “un problema de
salud pública porque mantienen relaciones sexuales con muchas personas
distintas y estamos viendo que no utilizan protección en algunos casos. Ya que
no luchan por los derechos de estas personas, que lo hagan porque es muy
peligroso para toda la ciudadanía. Y en cuanto a la reforma del aborto, nos da
bastante miedo lo que pueden hacer si no tienen dinero, cualquier burrada y
cómo les afectara a su salud. (…) El gobierno va a ser un poco cómplice de todo
esta situación de explotación.
Recorremos algún club más, donde las mujeres superan los 50
años de edad y los servicios son más baratos. Salvo las dos mujeres españolas,
todas son extranjeras, procedentes de países empobrecidos como Cuba, Colombia,
Rumanía, Rusia, Brasil…. Fuera, salvo los clientes, poca gente sabe el aspecto
de un club, cómo transcurren las noches de estas mujeres, la situación en sus
países de origen, cómo han llegado a nuestras calles. Es improbable que las
organizaciones puedan detectar si una de estas mujeres es víctima de trata. La
mayoría de las veces lo saben a través de la Policía, cuando a través de una
redada, tiene indicios y en ocasiones acude a estas expertas para que a través
de una entrevista con ellas puedan determinar si lo es. Otras, son compañeras
las que dan el toque de atención a organizaciones como Amaranta o APRAMP.
Otras, muchas si no la mayoría, las víctimas de trata no son identificadas
mientras están en la red sino que suele ser después, a lo largo del trabajo con
ellas y con sus trayectorias vitales, cuando empiezan a salir cómo llegaron a
España.
Desde Fundación Amaranta han visto una evolución “desde
cuando empezamos a trabajar hace una década con esta realidad, cuando las redes
eran organizadas y ahora aparecen también informales, de familiares, amigos,
conocidos de su pueblo o ciudad que se convierten en la vía para que las
mujeres puedan llegar aquí para la explotación. Una de las dificultades de la
red informal es que la mujer no se percibe como víctima de un delito, sino que
una entiende que son quienes les han facilitado el dinero para el viaje, un
trabajo. No lo entiende como una forma de explotación sino que la están
ayudando a conseguir su proyecto de vida”.
Susana [entrevista
completa] vino de Colombia a Francia, donde vivía ya su hermana. Pronto se
vino a España por el idioma y trabajó en hostelería, pero la crisis se llevó
por delante su empleo y ante la falta de ingresos decidió ejercer la
prostitución. En un club en Lugo, Susana recuerda cómo descubrió lo que era la
trata: “En un club en Lugo, había mujeres que estaban internas y no se podían
mezclar con las que llegábamos externas. Les pregunté que si se creían más que
una porque no hablablan con nadie. Y me dijo ‘no podemos porque el jefe no nos
deja’ (…) Me dijo que el jefe la había traído de Brasil, que le había quitado
el pasaporte y que tenía que pagar una deuda. En ese club siempre había, tanto fuera
como en el salón, un portero (…) que también las vigilaba a ella. Entonces le
dije, ‘pero lárgate de aquí’. Y me dijo que no tenía el conocimiento de que que
venía para eso (la prostitución)… Algunas de esas chicas se habían enganchado a
la drogadicción, y todo lo que ganaban lo dejaban allí. Yo no sabía que existía
la trata”.
Esta dificultad es subrayada por la inspectora Gutiérrez,
también en el caso de las mujeres rumanas que según su experiencia, es la
nacionalidad mayoritaria de víctimas de trata en Asturias, quienes hasta la Ley
de trata de 2009 quedaban desprotegidas por ser comunitarias.
Muchas de ellas son explotadas en la calle, como en el
parque Campillín de Oviedo donde nos encontramos con una joven que apenas habla
español, aparentemente sola, esperando que alguno de los coches que pasan y
desde los que muchos hombres, aunque no paren, lanzan supuestos piropos o
improperios a las mujeres. Una voluntaria de Médicos del Mundo le informa de la
importancia de que se empadrone para tener la tarjeta sanitaria así como la
existencia de la sede de MDM a pocos metros del lugar donde puede asistir a
cursos y recoger anticonceptivos, como el femenino cuya existencia parece que
desconoce y que las organizaciones recomiendan puesto que son muchos, “la mayoría”
según muchas de las mujeres consultadas, los que demandan practicar el sexo sin
protección. “Y aunque te niegues, tienes que estar pendiente y no hacer
determinadas posturas porque a veces intentan quitárselo sin que te des cuenta.
Pero no sólo viejos, sino también de 18 años diciendo que son jóvenes y que
están sanos”, nos dice una de ellas.
De hecho, desde las organizaciones muestran preocupación
porque parece que las mujeres rumanas aceptan con más asiduidad mantener
relaciones sin condón según les han manifestado mujeres de otras nacionalidades
como queja porque consiguen más clientes, pero lo que según APRAMP ha provocado
que estén detectando “más embarazos no deseados, infecciones, miedo a hacerse
análisis. El consumidor ofrece más dinero por sexo sin protección y cuando una
persona está ahí por necesidades económicas, que es la mayor parte de los
casos, y sabes que si no lo harás tú lo hará otra persona pues acabas haciendo
cualquier cosa”.
APRAMP, que tiene sede en Avilés ha detectado que en el caso
de las rumanas “son las que ejercen la prostitución de calle de dos años para
acá, son ocho mujeres que vienen de la misma zona. Suelen ser sus propias
parejas las que las envían aquí y les exigen que envíen dinero a cambio de ver
a sus hijos. Nos comentan que tienen que enviar unos 300 euros semanales y
estamos hablando de servicios de 20 euros y hasta de 5 por sexo oral. Muchas
veces le planteas alternativas, sobre cómo aquí la legislación le puede ayudar
a salir adelante pero con el tema de sus hijos que además allí sólo llevan el
apelllido del padre, ni se lo plantean”.
Otras dificultades para la identificación es que si es
difícil en los clubs, la explotación en pisos -que están proliferando según la
inspectora Gutiérrez- es casi inabarcable. Acompañando a una de las
organizaciones, visitamos uno en el centro de Gijón, en un edificio cualquiera.
El botón del porterillo es rojo para que los clientes no se confundan, unos
vecinos discuten porque uno de ellos tiene bicicleta y la baja por las
escaleras. A apenas unos metros, cuatro jóvenes dominicanas y una mujer de unos
45 años esperan la llegada de clientes acurrucadas en unos sofás, en ropa
interior y tapadas con mantas. Si llegara algún consumidor, una bombilla se
encendería encima del televisor que a todo volumen muestra un grupo de gente
que se grita en la simulación de un juicio. Es Telecinco.
Parecen cansadas y no bajan el volumen ni dejan de mirar la
pantalla, aunque sea de reojo, mientras se le entregan los condones. Sin
embargo, sí que empiezan a atender cuándo les preguntan qué hacen cuando se les
rompe uno durante una relación. “Pues me pongo un óvulo (de Canestén)”, dice
una. Otra suele solucionarlo con lavados vaginales. Ambas respuestas sólo
aumentan las probabilidades de un embarazo, como les explica la trabajadora
social y de ahí surgen algunas cuestiones médicas que quedan resueltas.
Gutiérrez explica que cuando tienen alguna sospecha van al
piso aunque muchas veces no les abren porque les conocen o sospechan que son
policías. En caso afirmativo, no pueden entrar al no tener orden judicial pero
desde la puerta “les pedimos la documentación y si no la tienen las
podemos traer aquí e interrogar con más tranquilidad”. En el caso de las
rumanas, señala que es más complicado puesto que al ser comunitarias no pueden
servirse de su condición de indocumentadas como vía para la identificación.
La Guía
para la identificación y derivación de las víctimas de trata con fines de
explotación sexual, elaborada por la Red Española contra la Trata de
Personas, propone recomendaciones a la hora de entrevistar a las presuntas
tratadas, entre las cuales están las siguientes que consideramos relevante
reproducir:
No hagas daño. Trata a cada mujer y situación como si el
potencial de daño fuera extremo, hasta que haya evidencia de lo contrario. No
realices ninguna entrevista que pueda empeorar la situación de la mujer a corto
o larzo plazo.
Conoce el tema y evalúa los riesgos. Aprende los riesgos
asociados con la trata y ten una aproximación a la historia y caso de la mujer,
antes de llevar a cabo una entrevista.
Prepara información relevante y no hagas promesas que no
puedas cumplir.
Asegura el anonimato y la confidencialidad. Protege la
identidad de la mujer y la confidencialidad durante todo el proceso de las
entrevistas, desde el momento de contacto inicial hasta cuando los detalles de
su caso sean compartidos.
No re-traumatices a la persona. No hagas preguntas que
intenten provocar una respuesta cargada emocionalmente. Prepárate para
responder si una mujer dice que está en un peligro inminente.
Haz un buen uso de la información obtenida. Utiliza la
información en una forma que beneficie a la mujer o que avance el desarrollo de
buenas políticas o intervenciones para las mujeres víctimas de trata en
general.
La revictimización
“Una vez que una mujer que ha sido víctima de trata ha
salido de esa situación, lo importante es recuperar a esa mujer, que recuperen
su autonomía y sus vidas desde el punto en que se rompieron por esta cuestión.
Tenemos claro que las mujeres tienen una gran capacidad para solventar los
problemas, hay
que empoderarlas (…) Es una mujer capaz que no va a ser víctima el resto de
su vida sino que tiene que ser capaz de superar ese trauma”, expone la abogada
Corbera que critica que “es una involución tener que pasar por todo aquello de
que ha sido víctima para tener una protección a la que tiene derecho per se” en
los procesos judiciales. En ese sentido agradece que en los últimos años la
prueba preconstituida sea más aceptada en los procedimientos, lo que evita a la
víctima tener que volver a declarar cuatro años después contra su presunto
tratante.
Una de sus compañeras en la fundación Amaranta critica que a
menudo la sociedad revictimice a estas mujeres “mostrando sus carencias y no
sus potencialidades, y es con eso con lo que ellas construyen sus imágenes de
sí mismas. Tenemos que apoyarlas para que puedan vivir con ello, no decir
enteramente ‘son prostitutas, víctimas de trata, que han sufrido mucho en la
vida.. Son mujeres madres, como cualquiera de nosotras y de las que tenemos
mucho que aprender. ¿Qué pasa, que una mujer es eternamente prostituta o
víctima de trata?”.
Desde APRAMP ponen el dedo en uno de los temas que generan
más incomprensión. “Hay quien piensa que cuando una víctima de trata acaba de
pagar la deuda y sigue en la prostitución lo hace libremente. Es muy difícil
salir porque es un círculo donde convergen muchos factores: te acostumbras a
ganar dinero rápido -que no fácil- para enviar a la familia, estás aislado, no
tienes más relaciones sociales que las del ambiente de prostitución, hay
consumo de drogas bien para aguantar la noche, para conseguir estar con
personas que no conoces, por exigencias del cliente o del proxeneta… A la hora
de hablar de legalización somos todos muy liberales pero a la hora de la
verdad, son discriminadas, señaladas y tiene que ser muy duro que después de
diez años no puedas hablar de lo que has hecho. Hay mujeres que no buscan otro
empleo porque piensan que ya no saben hacer otra cosa o que se plantean que se
tienen que ir a otro lugar porque los clientes la van a reconocer. Mujeres
después de dejarlo, estando con familiares que no tenían porque saberlo, han
llegado clientes y les han pellizcado el culo o un pezón porque entienden que
son mujeres públicas“.
En Fundación Amaranta sostienen que “nuestra experiencia es
que el valor de las decisiones que han tomado las mujeres que están en
prostitución muchas veces son menospreciadas o se sostiene que no están hechas
desde opciones de libertad. Eso las hace todavía más vulnerables, que nosotros
le quitemos validez a sus decisiones las revictimiza porque las estamos tomando
como irresponsables con sus decisiones. Ciertamente están condicionadas por la
vulnerabilidad del contexto pero si no trabajamos con ellas desde la
responsabilidad de la toma de decisiones, seguirá repitiendo esta pauta. ¿Por
qué exigimos a las mujeres que no vuelvan a la prostitución? ¿Qué alternativas
reales les ofrecemos, el servido doméstico? Tus opciones laborales son como las
de tantos otros y tú tienes unos hijos a los que dar de comer, unas
expectativas… Y les decimos que esperen. Eso es hipocresía. Elige eso o el
trabajo sexual que está ahí también. En realidad les estamos pidiendo algo que
tiene poco en cuenta su vida. La prostitución no les compensaría si tuvieran
alternativa, porque llegado un momento emocionalmente no les compensa. Es una
cuestión de igualdad de oportunidades“. Sonríe y recuerda que una vez, una de
ellas les dijo que lo que más les gustaba era que no las trataban como a
prostitutas sino como a mujeres. “Es es lo mejor que nos podrían decir”.
Por ello, en este Especial hemos decidido no contar cómo
estas mujeres fueron víctimas de trata, sino recoger las historias de vida de
unas mujeres que fueron esclavizadas, que en determinados momentos de sus vidas
como nos cuenta Sofía, ni siquiera podían “decir ‘no’ porque no tienes palabra”
(una frase que contiene un mundo y que se sobrepasa cualquier concepción de
conservar un mínimo control sobre la vida propia), mujeres que se han ido
empoderando y liberando de opresores gracias a su fortaleza, a la ayuda de
organizaciones como las colaboradoras en la elaboración de este trabajo y de la
presión social para que esta lacra no siga gozando con la complicidad de la
clandestinidad y de la invisibilidad que le concede que las víctimas sean
mujeres y pobres.
Fuente: Periodismo Humano
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