Desaparición no es sinónimo de muerte
X Irene López Alonso/InspirAction/Enviado X Griselda de Guatemala
Hace unas semanas el mundo se alegraba del encuentro de
Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, con su nieto
desaparecido. Los casos de los bebés robados durante la dictadura militar
Argentina y la lucha de esas aguerridas mujeres de pañuelo blanco son
ampliamente conocidos y reconocidos. No lo es tanto, en cambio, el hecho de que
es Guatemala el país de América Latina con el mayor número de víctimas de
desaparición forzada y otras formas de desaparición. El 30 de agosto, Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, muchos pensarán en
Argentina. Pocos en Guatemala.
Durante los 36 años de Conflicto Armado Interno, 45.000
personas desaparecieron en Guatemala, la mayoría de ellas, indígenas de los
pueblos maya, ixil y kiché. El ensañamiento con las minorías étnicas, así como
el carácter sistemático de las masacres, torturas y ejecuciones
extra-judiciales llevadas a cabo por el terror de Estado, hicieron que la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) declarase que los crímenes
cometidos en Guatemala habían alcanzado la categoría de genocidio. Sin embargo,
el actual presidente, Otto Pérez Molina, ha negado públicamente
que sucediera tal genocidio, y en sus declaraciones sobre los años de la
guerra suele hacer referencia a que la guerrilla tuvo la misma responsabilidad
que el Ejército en los abusos perpetrados (a pesar de que, según la CEH, el 93%
de las atrocidades cometidas durante el conflicto fueron responsabilidad de las
fuerzas armadas).
No hay que olvidar que el actual presidente
guatemalteco es un general retirado que durante los años 80 formaba parte como
paracaidista de la Fuerza de Tarea Gumarcaj, señalada por el informe de
Naciones Unidas Guatemala, memoria del silencio como responsable de diversas
matanzas en el área ixil del país, y posteriormente fue Director de
Inteligencia Militar de 1991 al 93. Así, ante un Gobierno marcadamente
contrario a la recuperación de la memoria histórica, la labor de las “Abuelas
de la Plaza de Mayo” guatemaltecas se torna todavía más difícil que la de sus
homólogas argentinas.
Quienes están impulsando esta lucha por el resarcimiento de
las víctimas del Conflicto Armado Interno son distintas organizaciones no
gubernamentales humanitarias aglutinadas en el Grupo de Trabajo sobre la
Desaparición Forzada en Guatemala, que está peleando actualmente por la
aprobación de la iniciativa de ley 3590.
“45.000 personas desaparecidas, 45.000 razones para aprobar
la iniciativa de ley 3590”, dice la campaña del Grupo de Trabajo. Y es que esta
propuesta de ley daría lugar a una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
Víctima de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, que trabajase
de manera conjunta y desde las instituciones estatales por encontrar el
paradero de los hombres, mujeres, niños y niñas desaparecidas durante la
guerra.
45.000 razones contra la impunidad
A veces da la sensación de que ciertos medios de
comunicación emplean el término ‘desaparecido’ como eufemismo de muerto. Sin
embargo, las familias de los desaparecidos durante el conflicto guatemalteco
confiesan en sus testimonios que en muchas ocasiones hubieran preferido saber a
sus familiares fallecidos.
Es peor la falta de información, la incertidumbre y la
impunidad con la que conviven esos niños que no tuvieron padres que les
enseñaran a vivir, o esas madres que quisieran poder contarles a sus hijas
perdidas tantas cosas que han pasado durante estos años. Familias que necesitan
que su historia les sea devuelta para poder cerrar el ciclo de duelo y
recuperar al menos la dignidad de sus seres queridos.
Tampoco una persona desaparecida es un muerto cuyo cuerpo
nunca llega a encontrarse. Puede ser una niña que crece con una familia ajena,
criada por los que probablemente fueron los captores o asesinos de sus
verdaderos padres. Un niño con una identidad reemplazada que puede que nunca
llegue a encontrarse…. A sí mismo.
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| La Junta militar de Ríos Montt en 1982 (AP) |
Por estas personas, y en especial por la niñez desaparecida,
es por quienes lucha el Centro
Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, miembro del Grupo de
Trabajo sobre la Desaparición Forzada en Guatemala y contraparte de InspirAction en el país,
que está presionando al Gobierno guatemalteco para que la iniciativa de ley
3590 sea aprobada con carácter de urgencia nacional. Que dejen de emplearse
tácticas dilatorias y recursos jurídicos que obstaculizan la efectiva
persecución y sanción de los responsables de que en Guatemala, durante la llamada
“política de tierra arrasada”, multitud de comunidades indígenas fueran
literalmente borradas del mapa.
Si hay 45.000 razones para que Guatemala apruebe la ley que
contribuirá a la reparación y a la reconciliación nacional, es porque existen
muchos más motivos para no permitir la impunidad de los genocidas.
Porque desaparecido no es eufemismo de muerto. Es sinónimo
de injusticia.
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