X Michelle Carrère y Cristián Carrère/ CIPER, Reportajes de
investigación/ Enviado X Ana María Díaz
Mayoritariamente dominicanas y colombianas son las
trabajadoras sexuales de la región austral. Las precarias condiciones en que se
desempeñan las convierten en blanco permanente de abuso laboral. Sus derechos
son frecuentemente vulnerados, se exponen a la trata de personas y suelen ser
víctimas de violencia, pero no denuncian por temor a perder la residencia en el
país. La realidad de las trabajadoras sexuales de Magallanes fue retratada por
Michelle y Cristian Carrère en un documental que aún está en preparación. A la
espera del estreno, comparten en este reportaje los antecedentes que han
recopilado.
Jessica acaba de inaugurar su schopería en Puerto
Natales: “La Perla Negra”. Así fue como alguien la apodó en alguna parada del
largo camino que ha recorrido estos 15 años, desde la tropical República
Dominicana hasta la fría Patagonia chilena. Es parte de una oleada de mujeres,
mayoritariamente dominicanas y colombianas, que ha llegado a Magallanes para
trabajar en alguno de los rubros que caracterizan a la región: pesca,
extracción de hidrocarburos, servicio público… y comercio sexual.
Según datos de la Dirección del Trabajo son 53 los locales
nocturnos o nightclubs que existen tan sólo en Punta Arenas. Eso, sin
contar la gran cantidad de clandestinos. En muchos de ellos se ejerce el
trabajo sexual, un oficio que en Chile no está penalizado, pero que tampoco
está normado. Una realidad que, en términos legales, está enclavada en tierra
de nadie y donde los abusos y violaciones a los derechos fundamentales de estas
mujeres están a la orden del día. Jessica pasó por eso y confía en que la
apertura de “La Perla Negra” la alejará definitivamente del trabajo sexual.
“AGARRA TU ROPA QUE NOS VAMOS”
Trabajo sexual e inmigración femenina son dos realidades que
suelen entrelazarse en regiones donde existe mano de obra masculinizada, como
en las zonas mineras. Un imán para las mujeres que viajan a ejercer allí el
comercio sexual, esperando encontrar, como todo migrante, mejores condiciones
de vida y, sobre todo, mejores ingresos. Sin embargo, en ocasiones viajan a la
espera de una mejora que nunca llegará. Muchas son engañadas, ya sea respecto
del oficio que deberán ejercer, como de las condiciones en que lo ejercerán.
Así, pueden llegar a encontrarse en situaciones que caracterizan un delito
mayor: la trata de personas con fines de explotación sexual.
En el 2004, Chile ratificó el Protocolo de Palermo, un
convenio internacional que busca eliminar la trata de personas a nivel mundial.
Cuatro años después se creó la Mesa Intersectorial Sobre Trata de Personas, un
organismo encargado de coordinar acciones y programas que ayuden a prevenir y
reprimir este tipo de delito en el país. Fue en el marco de esta política que
se dictó el 8 de abril del 2011 la Ley 20.507, que tipifica la trata de
personas. Finalmente, el 2013 la mesa regional de Magallanes dio inicio a un
proceso que buscaba coordinar acciones de prevención y sanción de la trata a
nivel local.
Según el estudio de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) Investigación sobre Trata de Personas en
Chile, hasta 2008Magallanes era la segunda región con el mayor número de
casos de trata con fines de explotación sexual. La OIM contabilizaba hasta
entonces 20 casos en la región austral, superada sólo por Santiago, con 22. Sin
embargo, desde que entró en vigencia la nueva ley, según las estadísticas de la
PDI y Carabineros, se ha detectado tan sólo un caso de trata con fines de
explotación sexual en la región. La acusada, hoy en prisión, fue arrestada en
2011 mientras viajaba a Río Gallegos, en la Patagonia argentina, acusada de
tráfico de mujeres de origen paraguayo.
Más allá de las estadísticas oficiales, muchas mujeres que
hoy ejercen el trabajo sexual en el extremo sur de Chile fueron víctimas de
trata o tráfico de inmigrantes alguna vez en sus vidas. La llegada de Jessica
(*) a Punta Arenas es, de hecho, el desenlace de su huida desde un local
nocturno en Argentina donde fue comprada.
Mientras habla, y sin que le tiemble demasiado la voz,
aunque levemente desgarrada, Jessica seca sus lágrimas con el pulgar,
suavemente, para no dañar el maquillaje: “Una amiga de mi mamá me dijo que
podía recibirme en Argentina, en Buenos Aires. Según ella, podía buscarme un
trabajo en mi rubro, en lo que yo estudié, mercadotecnia. Pero adivina el
trabajo que me había encontrado…”.La joven cuenta quela llevaron a Río Turbio,
una localidad minera argentina fronteriza con Puerto Natales:
-Me habían comprado. Yo no entendía bien. No conocía a
nadie. ¡Estaba sola! Me cobraban todo y empecé a sospechar. Hasta que conocí a
un chico, el sobrino de la mujer que pagó por mí. Le conté las sospechas que
tenía. Él me dijo que no era normal. Llamó a su tía y le preguntó qué pasaba
conmigo. Y ella le dijo que sí, que tenía que rembolsar tanta plata, que era lo
que ella había pagado por mí. El chico me llevó al local, ¡sacó así un machete!
y me dijo: “agarra toda tu ropa que nos vamos”. Él tenía un contacto en Punta
Arenas. Me dijo que podía tratar de conseguirme un trabajo. Y así llegué.
Jessica dejó República Dominicana a los 18 años. Estuvo tan
sólo un par de años en Argentina y residió otros diez en Punta Arenas. Hoy, a
los 32 años, tiene su propio local en Puerto Natales, unaschopería, como
se dice en la jerga del comercio sexual. Un tipo de local semejante a
un night club, pero con horarios diurnos. Un lugar donde las mujeres deben
“compartir” con los clientes e incitarlos a consumir, pero donde no se ejerce
el comercio sexual directamente.
Jessica trabaja afanosamente en la remodelación de su local,
en el que tiene prohibido cualquier actividad que sobrepase el mero “compartir”
con el cliente, aunque sus amigas, quienes sí continúan en el oficio, acuden al
Perla Negra para enganchar clientes.
Río Turbio, ubicada en la Patagonia argentina, es la ciudad
colindante con Puerto Natales. Muchas dominicanas han llegado allí luego de
haber pasado un tiempo en Buenos Aires; otras llegaron a Río Gallegos, en la
costa atlántica, y a Río Grande, en Tierra del Fuego. Desde ahí, Punta Arenas,
Puerto Natales, Chile Chico y Porvenir han sido los destinos próximos en Chile.
La inmigración de trabajadoras sexuales de origen dominicano
y provenientes de Argentina data aproximadamente del 2005, misma fecha en que
se dio inicio, de manera general, a la última ola de inmigrantes en Magallanes.
Un segundo estudio de la OIM, titulado “Migración, prostitución y trata de
mujeres dominicanas en la Argentina”, publicado el 2003, asegura que la
inmigración de mujeres dominicanas en Argentina comenzó a ser visible en 1995.
La crisis que golpeó a ese país en 2001 y cuyas repercusiones se extienden
hasta hoy, habría motivado una nueva migración hacia otros países, entre ellos
Chile.
Los itinerarios migratorios suelen ser diferentes para las
mujeres provenientes de Colombia. Generalmente originarias del valle del Cauca,
al contrario de las dominicanas, sí pasan por Santiago. Muchas de ellas llegan
primero a la zona norte del país, desde donde comienzan a descender hasta
llegar a la Región de Magallanes. Es el caso de Camille, por ejemplo, una
trabajadora del local Reinas de la Noche, quien solía ser temporera en San
Fernando. Cansada de un rubro mal pagado, extenuante y donde era víctima
recurrentemente de acosos sexuales, decidió dedicarse al comercio sexual.
El envío de remesas para sus hijos es la principal
motivación de Camille para trabajar en el rubro. Es un oficio que la mayoría de
las mujeres colombianas que lo ejerce califica de momentáneo, con la esperanza
de mejorar rápidamente y de manera considerable la calidad de vida de sus
familias, y poder así volver cuanto antes junto a ellas. Sin embargo, el costo
que deben pagar suele ser alto:
-La gente dice que trabajar en esto es ganarse la plata
fácil. Pero ellos no saben… trabajar en la noche no tiene nada de fácil -dice
Karina, una trabajadora del mismo local que, con apenas 20 años, espera en la
cocina envuelta en una frazada que sea medianoche para ponerse sus tacos y
salir al salón.
De las dificultades del oficio, Jessica puede dar fe. Hoy,
debido a su independencia laboral, puede hablar sin miedo de cómo funcionan
los night club y de los abusos que las mujeres soportan. Desde
violencia verbal hasta privación de libertad, la gama de faltas a los derechos
fundamentales de estas mujeres es amplia. En algunos casos los abusos podrían
ser tipificados como “trata de personas” por el sistema penal. Sin embargo,
numerosas otras formas de violencia justifican el uso del término “esclavitud
moderna”. Abusos perpetrados a diario en locales nocturnos, tanto legales como
clandestinos, sin que sean investigados ni sancionados.
UN SECRETO A VOCES
Sara reside en Chile desde hace un par de meses. Al igual
que Jessica, dejó República Dominicana para instalarse en Buenos Aires, luego
en Rio Turbio y finalmente en Puerto Natales. A su llegada trabajó en
una schopería de la ciudad, donde también vivió durante cuatro meses
de invierno. Un pequeño cuarto ubicado al fondo del local, sin calefacción.
Como Sara, la mayoría de las mujeres que labora en el
comercio sexual vive en su lugar de trabajo. Esto les permite ahorrar el dinero
correspondiente a un arriendo y sumar ese monto a la remesa que envían a sus
familias. Sin embargo, la dependencia habitacional que se establece con el
empleador puede dar pie a situaciones de insalubridad habitacional u otras
malas condiciones, como soportar, sin calefacción, los 10 grados bajo cero que
en invierno puede alcanzar la noche magallánica.
Esta dependencia también facilita las condiciones para los
abusos en la extensión de las jornadas laborales. La doble función que cumple
el local nocturno, como espacio laboral y habitacional, hace que las mujeres
lleguen a trabajar fácilmente hasta 15 horas diarias.
La violencia económica y el fraude también son
característicos del tipo de abusos que se comenten en el rubro. Es recurrente
que los empleadores de locales nocturnos no cumplan con el pago de las
cotizaciones de sus trabajadoras. Manuel Orellana, encargado de la residencia
de extranjeros de la Gobernación de Magallanes, asegura que la cantidad de
“garzonas” sin protección social es muy elevada.
En otros casos, según señalan las mismas trabajadoras, los
empleadores obligan a las “garzonas” a reembolsarles el pago de las leyes
sociales. El costo de Fonasa, AFP, seguro de cesantía y hasta seguro de
accidente corre por cuenta de las mujeres. Peor aún, mientras éstas pagan a sus
empleadores el monto de sus propias cotizaciones, el Estado rembolsa a sus
patrones parte de éstas. Los empresarios de la Región de Magallanes tienen la
posibilidad de beneficiarse del Decreto Ley Nº 889 de bonificación a la
contratación de mano de obra. Un decreto que permite el reembolso de un 17% de
las cotizaciones y que busca incentivar la contratación en las regiones
extremas del país. En definitiva, la mujer le paga al Estado y éste le
reembolsa al empleador.
Aparte de las cotizaciones, numerosos otros pequeños montos
son rebajados de las ganancias de las trabajadoras.
-Si la cuenta de la electricidad aumentó respecto del mes
pasado, las chicas tienen que pagar una multa. Si es que utilizó la lavadora
para lavar su ropa, si es que un día no trabajó porque se sintió enferma, por
todo tienen que pagar las chicas. Por eso hay algunas que vienen a lavar sus
cosas acá -cuenta Jessica.
Si bien estos abusos no son cometidos de manera sistemática
por todos los dueños de locales nocturnos, todo el mundo en la región parece
estar al tanto no sólo de la existencia de estas violaciones, sino también de
los lugares donde se cometen. Incluso el ya citado responsable de extranjería de
la Gobernación de Magallanes, Manuel Orellana, quien no se encarga de los
trámites administrativos de la provincia de Última Esperanza, sabe que en el
“Embassy”, uno de los locales más concurridos de Puerto Natales, las mujeres
trabajan en condiciones laborales que incluso podrían ser consideradas como
restricciones a la libertad.
“Yo en ese lugar nada más duré dos semanas. Luego me vine
para acá”, asegura una ex empleada del “Embassy”. A la pregunta del porqué,
responde con un silencio que parece confirmar las denuncias de Valeria, otra
trabajadora sexual de Puerto Natales: “Esta chica no va a hablar por miedo (…)
Su patrona es de lo peor. Les controla a las chicas hasta la salida. Sólo
pueden salir un momento del local para ir a comprar sus cosas. Pero las
controla con reloj. Una vez ella se pasó del tiempo y no la dejó entrar, la
dejó en la calle de noche”.
La situación de Francisca es complicada. Observa con cierta
desconfianza. No quiere saber nada de preguntas. Sólo habla del pasado: de su
hija, que la espera en Dominicana en una casa “con piso de tierra”; de
Argentina, donde dice haber “vivido demasiado”, y de otras ciudades de
Chile, “por allá”, maraña de “pueblos perdidos” donde también “pasa de todo”.
Pero del presente, ni una palabra. Del “Embassy” sólo regala una mirada
que se pretende inocente, seguido de un “mejor invítame un trago, mi amor”.
Faltas en el pago de las cotizaciones, abusos en la
extensión de la jornada laboral, condiciones habitacionales insuficientes,
cobros irregulares, privación de libertad, todo sumado a una constante
violencia verbal por parte de algunos empleadores, además de fraude al fisco.
Si bien no todos los abusos son equivalentes, puesto que algunos tienen una
mayor gravedad que otros, la importancia radica en su carácter acumulativo y
reiterativo. La trata de personas –al igual que otras formas de violencia,
sobre todo de género– se caracteriza por esta acumulación. Suma de deudas que
atan económicamente a la víctima a su empleador, suma de humillaciones que
fragilizan psicológica y emocionalmente, suma de circunstancias que le hacen
creer que no está protegida por la ley, o que la ley no se aplica, o peor aún:
que la ley es nociva.
Hoy todas estas vejaciones son perpetradas regularmente en
la Región de Magallanes ante la mirada indolente de autoridades y de la
sociedad civil. ¿Cuáles son las razones para que estos delitos se cometan bajo
una total impunidad?
FALTA DE FISCALIZACIÓN
Tres son las instituciones encargadas de fiscalizar
los night clubs y schoperías: Carabineros, PDI e Inspección del
Trabajo. Mientras la policía uniformada se encarga de revisar patentes de
alcohol y que no haya menores de edad al interior de los locales, la policía
civil fiscaliza que las trabajadoras inmigrantes tengan su documentación al día.
La Inspección del Trabajo, cuya labor, entre otras, es fiscalizar el
cumplimiento de las normas laborales, previsionales y de higiene y seguridad en
el trabajo, se limita a controlar contratos que todo el mundo sabe que son
falsos -incluidos los mismos inspectores-, un cuaderno de asistencia cuya
información es igualmente falsa y cotizaciones que no han sido pagadas por
quien corresponde.
El director regional del Trabajo, Francisco Parada,
consciente de las precarias condiciones habitacionales y laborales en que a
veces se encuentran las trabajadoras sexuales, se lamenta de la falta de
instrumentos legales y técnicos para poder controlar esta situación:
-La Inspección del Trabajo no tiene la facultad para
investigar sin que haya una denuncia previa o sin que haya un requerimiento de
parte, es decir, una solicitud de investigación por parte de un
tribunal-explica.
Parada asegura que la ambigüedad legal de la prostitución da
cabida a todo tipo de abusos. Cree que su regularización permitiría,
eventualmente, realizar un control efectivo en los locales y proteger a las
mujeres que hoy son víctimas de violencia. Al respecto, Carolina Rudnick,
coordinadora de la Mesa Intersectorial Sobre Trata de Personas, asegura: “Si tú
prohíbes el comercio sexual, lo que generas son situaciones de focos de cultivo
de trata, porque la clandestinidad aumenta la vulnerabilidad de la víctima”.
Dos son los cuerpos legales en Chile que se refieren al
trabajo sexual: el Código Penal y el Código Sanitario. Mientras el primero no
prohíbe la prostitución, salvo que se trate de menores de edad o que haya
“trata de personas” de por medio, el Código Sanitario sí prohíbe, en su
artículo 41, los “prostíbulos cerrados o casas de tolerancia”. En definitiva,
el trabajo sexual puede ejercerse sólo de manera independiente, pero no de
manera organizada en un lugar específico, como en un night club.
Sin embargo, según Carolina Rudnick, la ley chilena no
intenta ser “prohibicionista”, como en Estados Unidos o China, por ejemplo,
donde la prostitución es perseguida, sancionada y considerada delito. Pero
tampoco la considera un trabajo, como en los sistemas “reglamentaristas” de
Holanda y Dinamarca, por ejemplo. Según los abogados Carolina Sáez y Fabián
Aravena, en uno de los pocos estudios jurídicos sobre el sistema chileno[1],
nuestra ley se asemeja a un tercer tipo, denominado “abolicionista”, donde no
se persiguen penalmente a las trabajadoras sexuales, pero se busca erradicar la
prostitución, pues es considerada una forma de violencia contra la mujer.
Del abolicionismo, Chile sólo rescata la despenalización del
trabajo sexual. Si ha habido planes para erradicarlo, éstos definitivamente no
han tenido resultado. Por el momento, la legitimación del engaño en los
contratos de garzonas deja oculta la realidad laboral y habitacional en la que
se encuentran las mujeres que trabajan en los night clubs, e incólume la
hoja de vida de los locales. Así lo explicita la jefa de la Inspección
Provincial de Última Esperanza, Gabriela Álvarez, al asegurar, con una leve sonrisa
avergonzada al referirse a los locales nocturnos, que “ellos nunca dan
problemas”.
Ante la falta de instrumentos y facultades de fiscalización,
la responsabilidad de dar cuenta de los abusos queda en manos de las víctimas:
si no hay denuncias, no hay nada. El problema, como lo explica Cristián
Cornejo, subcomisario de Policía Internacional, “es que las mujeres no
denuncian”.
LA IMPOSIBILIDAD DE DENUNCIAR
Karina lleva puesto un dos-piezas rosado, compuesto de un
peto y una minifalda con un juego de cuerdas cruzadas en las caderas. No se
maquilla mucho, “porque envejece la piel”. Sobre un gran closet lleno de
sensuales vestidos, peluches y pijamas, hay dos maletas rosadas. Un mueble
lleno de chucherías: una cajita en forma de corazón donde guarda sus aros, un
conejo de peluche, una botella de aguardiente colombiana. En la pared, una cruz
hecha de billetes: pesos colombianos, argentinos y chilenos como una corona de
espinas. En la cabecera, fotos: ella, más joven aún, y “la foto de mi hija
de reverso…, es que la doy vuelta porque no me gusta que me vea cuando
trabajo”.
Karina, como muchas mujeres, no puede darse la libertad de
hablar abiertamente sobre los males que la aquejan. De hacerlo, pondría en
riesgo su proyecto migratorio. Al igual que otras mujeres inmigrantes que
trabajan en el comercio sexual en la región, busca obtener la permanencia
definitiva. Un carnet que representa “la libertad (…), la independencia
para ir adonde quieras”, explica Jessica. Con excepción de las personas que
tienen la nacionalidad de alguno de los países del Mercosur (Colombia y
República Dominicana no son parte), todas deberán primero obtener una visa
sujeta a contrato durante dos años consecutivos con el mismo empleador. La
estabilidad laboral es un requisito indefectible para solicitar la permanencia,
según la información entregada por las gobernaciones de Magallanes y Última
Esperanza. Si el contrato es interrumpido, cualquiera sea la razón, la mujer
tendrá tres meses para encontrar un nuevo trabajo y renovar su visa, pero
deberá empezar a contar desde cero, pues el tiempo trabajado entre un empleo y
otro no es acumulable. Así, las mujeres prefieren soportar dos años de
maltratos para lograr lo antes posible la anhelada libertad que entrega la
permanencia definitiva.
Jessica también tiene experiencia al respecto:“Una vez
estuve en Chile Chico.Yo conozco todo por aquí. Estuve en Coyhaique, en todo
Aysén. Y en los pueblos chicos es donde hay más abusos. Tú tienes que tramitar
tu visa en la Gobernación y después en la PDI. Y en los pueblos chicos es más
complicado. Luego de dos finiquitos te rechazan la visa (sujeta a contrato).
Aquí en Puerto Natales es así. En Punta Arenas, no. Pero aquí no te dejan pasar
varios finiquitos. Y por eso las chicas tienen que aguantar cualquier cosa,
porque sino después se quedan sin trabajo, y como no les renuevan la visa, se
quedan sin papeles. Hay mucha corrupción. Los de la Gobernación te dicen: con
150 lucas te hago pasar la visa. A mí me dijeron eso. Y me dijeron 150 lucas
porque no quise pagar de otra forma. Porque no era plata lo que quería. Y como
yo le dije que no, me dijo 150 lucas”.
Así, a la estabilidad laboral exigida se suma la corrupción
de las autoridades. “Eso que dicen que la policía en Chile es intachable…
eso no es así”, dice Cassandra con una risa medio burlona. “Acá el primer
contacto que las chicas tienen con la policía es en el local”. La gran
variedad de locales nocturnos que ofrecen Punta Arenas y Puerto Natales abarca
diferentes clientelas. Están los night club donde van los pescadores,
aquellos donde llegan los campesinos, los que reciben a una clientela más
adinerada y los que acogen a funcionarios, carabineros y PDI. Por ejemplo, el
local “Embassy”, reputado por la belleza de las chicas que ahí trabajan, pero
también por el maltrato que éstas reciben, es el lugar recurrente de
policías. “Ahí ellos llegan y de beso saludan a la dueña”,asegura
Cassandra.
Aparte del frágil estatus migratorio, de la corrupción y del
impacto de esta controvertida figura de cliente-policía, el miedo a quedar
excluidas del comercio sexual es la última razón por la cual las mujeres que
son víctimas de violencia no denuncian a sus empleadores. De hacerlo, serían
inmediatamente catalogadas de problemáticas entre los dueños de locales
nocturnos. Encontrar trabajo en la competencia con esa reputación es
prácticamente imposible. Terminarían trabajando en clandestinos, sin un
contrato que les permita obtener una visa, poniendo en riesgo su integridad
física y pudiendo ser deportadas en cualquier momento.
Todas las razones para no denunciar confluyen en la
preocupación de conservar el permiso de estadía en Chile, lograr la permanencia
y sacar adelante el proyecto que las hizo dejar sus hogares y familias. La ley
de inmigración es, al final de cuentas, la mayor determinante.
PAREJA, EMPLEADOR Y PROXENETA
La Ley de Migración en Chile permite reducir el tiempo de
espera para la obtención de la permanencia definitiva a un año en el caso de
demostrar un mayor arraigo con el país. Sirve tener un segundo empleo, siempre
y cuando éste no interfiera con los horarios de trabajo del primero. Muchas
mujeres establecen, así, contratos como asesoras del hogar con sus parejas.
Hombres que han conocido en los mismos locales nocturnos donde trabajan,y que
les entregan la posibilidad de vivir fuera del night club y obtener
su visa permanente en tan sólo un año. Sin embargo, esta solución para acortar
el camino es frecuentemente traicionera y termina por constituir una nueva
fuente de violencia. Las mujeres ya no sólo son víctimas de abusos laborales,
sino también conyugales.
Katiuska Muñoz, abogada de la casa de acogida del Prodemu en
Puerto Natales, asegura que “son agredidas física y psicológicamente por
sus parejas. Las humillan constantemente, reprochándoles el trabajo que
realizan en los locales donde las conocieron, o incluso las mandan a trabajar
ahí para que aporten con dinero”. Además, es frecuente que los hombres se
queden con las ganancias que las mujeres logran hacer. La dependencia de las
mujeres hacia esta figura de pareja-empleador-proxeneta es triple:
administrativa, puesto que requieren de este segundo contrato; económica y,
finalmente, afectiva:
-Yo tengo una amiga, su novio se queda con todo lo que ella
gana y le pega duro. Yo le digo que lo deje, pero ella dice que no, que está
enamorada -explica Jessica.
En diciembre del 2010 se promulgó la ley contra el femicidio
en Chile. Tres meses después ya se contabilizaban dos mujeres extranjeras
asesinadas en la Región de Magallanes. Ambas eran dominicanas y tenían visas
sujetas a contrato; eran jóvenes (27 y 33 años) y tenían hijos. Las dos fueron
asesinadas por sus respectivas parejas: 20 puñaladas en el primer caso, 30 en
el segundo. A pesar de las similitudes de ambos crímenes, entre ellas su
carácter pasional, el Ministerio Público declaró, según el diario El
Pingüino, que “no existen características en común en cada uno de los hechos, y
obedecen más a las circunstancias del momento que a un patrón de conducta en la
región”[2].
No es posible saber si estos asesinatos, y los que vinieron
después, fueron o no perpetrados dentro de la figura contractual de la
pareja-empleador-proxeneta. Los organismos públicos, principalmente el Sernam,
actúan la mayor parte del tiempo sobre la urgencia, sin posibilidad de realizar
una investigación que pueda detectar casos de proxenetismo, trata de personas
con fines de explotación sexual u otras formas de esclavitud moderna. Tal es el
caso de Nancy, una mujer de origen ecuatoriano que llegó en primer lugar a
Santiago, donde tenía, al igual que Jessica, una familia que podía acogerla.
Luego de un tiempo en la capital se mudó a Puerto Natales, donde su “tía” le
aseguraba tendría un empleo.
-Le dijo que no tenía que preocuparse de nada, que aquí en
Puerto Natales la recibirían. Pero cuando llegó, resultó que el trabajo era en
un local nocturno, en el local que se quemó. Me dijo que había llegado
engañada, que ella no sabía en qué iba a trabajar. Cuando llegó, me decía que
no conocía a nadie, era joven, no sabía qué hacer-asegura la abogada Katiuska
Muñoz.
Nancy llegó a la casa de acogida del Prodemu pidiendo ayuda,
pues su pareja y padre de su hijo la agredía y había amenazado de muerte. A
pesar de sus declaraciones, las que daban cuenta de una eventual transacción
financiera por su traslado, no se llevó a cabo ninguna investigación al
respecto. El Prodemu estaba sobre todo concentrado en alejar a Nancy
rápidamente de su cónyuge. Según la versión de Katiuska Muñoz, la mujer era
además explotada económicamente por su pareja. La abogada nunca supo si existió
un contrato de por medio (Ecuador tampoco es parte del Mercosur), y ninguna
investigación se realizó por explotación sexual ni “trata”.
Al final de cuentas, ante la imposibilidad de ejercer en
otro rubro y la incapacidad del Estado para asegurar su integridad física,
Nancy abandonó el país, regresando a Ecuador en peores condiciones que cuando
lo dejó.
La urgencia no es la única razón que explica la incapacidad
de los organismos públicos para detectar casos de trata de personas con fines
de explotación sexual. Carolina Rudnick y el responsable de la Dirección del
Trabajo en Magallanes, Francisco Parada, coinciden en que la falta de
articulación en el traspaso de información entre los distintos organismos
públicos permite que casos como los de Nancy no sean detectados o no sean
abordados a tiempo. Según ellos, para que dicha articulación exista, debe haber
una sensibilización previa al problema.
La mesa intersectorial busca justamente sensibilizar a
diferentes agentes del sector público y privado respecto de la trata de
personas y de los métodos para combatirla. Lamentablemente, en Magallanes los
resultados no han sido satisfactorios. Si bien ha habido iniciativas por parte
de otros organismos, como la Gobernación de Punta Arenas y los Seremis de
Justicia y Salud, la mesa regional, desde su creación en septiembre del 2013,
no ha hecho absolutamente nada. Los miembros no se han vuelto a reunir, no se
ha levantado ningún plan de acción ni se han realizado nuevas capacitaciones
para comprender mejor el problema de la trata. Peor aún, Gloria Brigardello,
coordinadora de la mesa regional, parece haber olvidado incluso en qué
consiste, en términos legales, la “trata de personas”:
-No sé cómo está definido el delito. No sé si existen
condiciones ni menos hemos conversado con gente que esté más cercana al tema.
No hemos conversado nunca con alguien que haya vivido esa situación -asegura.
EL FUTURO DEL COMERCIO SEXUAL EN MAGALLANES
El suplemento Análisis del diario El
Pingüino, del domingo 20 de julio del 2014, predice en su título, tal vez sin
saberlo, el futuro del trabajo sexual en la región: “Los hidrocarburos renacen
en Magallanes”. La relación entre trabajo sexual e industria extractiva es bien
conocida. De hecho, hay una amplia bibliografía al respecto; entre ellos,
algunos estudios realizados en Chile, como un proyecto Fondecyt a cargo de los
investigadores Jorge Pávez y Pablo Rojas[3]. La clave de dicha relación está en
que la industria extractiva moviliza una mano de obra masculinizada que incita
a la proliferación de night clubs, schoperías, “casas de tolerancia”
o cualquier otro lugar donde se comercialice el cuerpo femenino.
En la región de Magallanes la oferta y demanda de sexo de
pago se encuentran gracias a dos migraciones paralelas: una interna, masculina,
destinada a ejercer en las grandes faenas del sector extractivo y donde los
derechos deben ser claramente respetados, y otra transnacional, femenina, a
disposición del placer sexual de los primeros y donde incluso los derechos
fundamentales suelen ser transgredidos.
En cuanto a la “oferta”, según Vilma Garay, una prolífica
propietaria de night clubs en la región, ésta es abundante. Hace unos
años atrás era difícil encontrar mujeres que quisieran trabajar como
“garzonas”. Hoy en día, en cambio, “me llegan mails con fotos”, dice Vilma. “Ya
no tengo espacio para tantas mujeres”, agrega.
Actualmente, la cantidad de mujeres que trabaja en el rubro
es desconocida, pero hay un dato, aparte del aumento de la demanda, que podría
explicar por qué Vilma, como otros propietarios, está recibiendo tal número de
candidaturas. El 2012, por decreto presidencial, se clausuraron todos los
locales nocturnos en Argentina. La ley, denominada Prostíbulo Cero, buscó
justificarse como una lucha contra la “trata de personas” y la explotación de
la mujer. Sin embargo, hay claramente resultados contrarios a este interés
inicial. Desde su aplicación, un número desconocido pero relevante de mujeres
ha buscado desesperadamente abandonar ese país.
Según lo explican mujeres provenientes de Argentina que hoy
viven en Chile, todas intentan huir de las consecuencias negativas de la ley:
la precariedad económica en que se encuentran por la falta de recursos; el trabajo
sexual callejero, actualmente en aumento y particularmente difícil de soportar
y de alto riesgo; los locales clandestinos, donde la inseguridad y los abusos
son más recurrentes, y las violencias físicas y verbales hacia las trabajadoras
sexuales, que, al parecer, también habrían aumentado en Argentina.
Aparte de las ya citadas, hay un efecto colateral de mayor
gravedad. La necesidad que tienen las trabajadoras sexuales de salir de
Argentina, sobre todo las extranjeras, puede aumentar el número de víctimas de
“trata” o tráfico hacia otros países, entre ellos Chile; sobre todo hacia
regiones donde hay una alta demanda de servicios sexuales, como Magallanes.
Francisca Vidal González, hasta el momento la única persona condenada en
Magallanes por trata de personas, fue arrestada en el paso fronterizo Monte
Aymond mientras viajaba, justamente, hacia Río Gallegos, en la Patagonia
argentina.
Actualmente, en Magallanes no hay instrumentos de
fiscalización adaptados al comercio sexual, las mujeres tienen miedo de
denunciar y las personas encargadas de coordinar planes de lucha contra la
“trata” a nivel regional no han respondido correctamente a las consignas
entregadas por la Mesa Intersectorial Sobre Trata de Personas. En definitiva,
no están las condiciones para hacer frente a esta eventual migración, desde
Argentina, de mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Al contrario, están
todas las condiciones para que una gran mayoría de casos de trata con fines de
explotación sexual pase inadvertida frente a las autoridades, a pesar de la
gran visibilidad que caracteriza el comercio sexual en Magallanes.
Tal vez ésta sea una de las mayores contradicciones del
trabajo sexual, tanto en Magallanes como en el resto del país: su visibilidad e
invisibilidad simultáneas. Se ve en todos lados, pero no se sabe nada de los
abusos. El problema no es sólo regional. La Fundación Margen es actualmente el
único organismo en Chile que lucha por la defensa de los derechos de las
trabajadoras sexuales. Nadie más se interesa directamente en el asunto. Y sin
embargo, según Herminda González, presidenta de Margen, la prostitución en
Chile es algo común, histórico y transversal: “Cliente puede ser un senador, un
diputado, un profesor, un obrero, un tipo de la tele, un policía, tú…
cualquiera”.
Todo hombre es un potencial cliente y sin embargo nadie sabe
nada, nadie dice nada, nadie se cuestiona, indaga, pregunta. En definitiva, el
trabajo sexual en Chile no ha sido abordado con la importancia que requiere. El
marco legal que lo regula es definitivamente pobre, lo que coarta la capacidad
fiscalizadora de los organismos públicos. Peor aún, si consideramos que muchos
policías y otros funcionarios son a la vez clientes, las instituciones públicas
llevan dentro parte del problema. La Mesa Intersectorial Sobre Trata de
Personas ha dado últimamente un nuevo impulso, invitando a otros organismos del
Estado a preocuparse, al menos de manera indirecta, por la situación de las
trabajadoras sexuales en Chile. Ahora hay que ver si dichas instancias
responderán al llamado o, al contrario, seguirán esquivando el asunto como lo
han hecho hasta la fecha.
[1]Sáez, Carolina; Aravena, Fabián “El derecho a ejercer el
comercio sexual en Chile”. V Congreso Estudiantil de Teoría Constitucional de
la Universidad de Chile, Santiago, 2008.
[2]http://elpinguino.com/noticias/117774/Los-cuatro-homicidios-que-han-remecido-a-Magallanes-en-2011
[3]Proyecto de investigación FONDECYT 11080269: “Trabajo
minero y trabajo sexual: configuraciones materiales y discursivas de las
relaciones de sexo/género en las ciudades mineras del norte de Chile”.
N. de la R: Este artículo fue modificado el 30 de diciembre
de 2014.
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