Morir por ser mujer
X Rebeca Mateos Herraiz/Enviados X Griselda
Desde 1999 hasta 2009, la tasa de feminicidios creció en El Salvador un 194%. De los 1.488 feminicidios cometidos en Ciudad de Juárez (México) en los últimos 25 años, el 60% se han cometido del año 2008 hasta la fecha. En Guatemala 2 mujeres son asesinadas cada día, habiendo sido en muchos de los casos previamente agredidas sexualmente y mutiladas.
Tan solo el 1% de los asesinatos a mujeres en estos 3 países
tiene condena.
La abogada mexicana Karla Michel Salas, la investigadora
salvadoreña Silvia Juárez y la guatemalteca Mercedes Hernández apuntan como
principal culpable de que esto suceda al Estado por no poner remedio para
prevenir y castigar estas muertes.
En 1996 Marcela Lagarde, antropóloga feminista Mexicana,
señala que los crímenes contra mujeres que se estaban produciendo en Ciudad
Juárez (México) eran feminicidios. Fue la primera vez que se utilizó este
término en América Latina y sentaría un precedente para el resto de países de
la región.
No es hasta 1993 cuando en Ciudad Juárez la sociedad civil
comienza a contabilizar y denunciar que hay un gran número de mujeres y niñas
desaparecidas, muchas de las cuales se hallarán muertas, violadas y/o
mutiladas, sin que el Estado hiciera nada para investigar y castigar estos
delitos.
A partir de entonces, las madres de las víctimas se empiezan
a organizar para exigir justicia, y ante la negativa de ser escuchadas por la
autoridad en México, alzaron la voz a nivel internacional. Eso hizo posible que
los ojos del mundo se fijasen en Ciudad Juárez. A partir de esta experiencia en
otras partes del mundo, sobre todo en América Latina, se empezarán a registrar
los feminicidios, concepto que designa un homicidio violento de una mujer, por
el simple hecho de ser mujer.
En noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) imparte la primera y única sentencia emitida por este Tribunal
sobre feminicidio. Sentó un precedente en términos jurídicos, porque señala la
implicación que tienen que tener los Estados a la hora de la prevención, la investigación
y la sanción de la violencia contra las mujeres. “No existe una convención
internacional que establezca cuáles son las obligaciones de los Estados para la
prevención y la sanción de la violencia contra las mujeres, por lo que esta
sentencia refleja este consenso, al menos discursivo, de que la violencia tiene
que ser condenada”, argumenta la mexicana Karla Michel Salas, presidenta de la
Asociación de Abogados Democráticos, experta en litigio estratégico y abogada
del caso conocido como ‘Campo Algodonero’.
El Parlamento Europeo en el año 2010 emitió una resolución
donde reconoce la sentencia de la Corte Interamericana e invita a los países de
América Latina, e incluso europeos, a que utilicen esta resolución como una
guía de buenas prácticas para la erradicación de la violencia contra las
mujeres.
“La sentencia en sí misa representa un logro histórico:
sentar al Estado mexicano en el banquillo de los acusados y decirle tú eres
culpable por la muerte de estas mujeres. Pudiste haberlo evitado porque tú
debiste haberlo prevenido, investigado y sancionado, es un avance y una
satisfacción para las familias de las víctimas” (…) “A partir de esta sentencia
en México logramos tipificar el feminicidio. México es un Estado Federal, somos
32 entidades federativas, eso significa que cada entidad tiene su propio Código
Penal. Desde la sentencia hasta la fecha, hay 30 entidades federativas que han
reconocido en su propio Código Penal el feminicidio. Además se han elaborado
varios protocolos para investigar este delito; hemos insistido en la
elaboración de políticas públicas y que se destinen recursos para atender las
causas estructurales que originan este tipo de crímenes. En eso hemos avanzado,
aunque evidentemente no vamos a terminar hasta que ninguna mujer muera. Eso es
lo que buscamos”, asegura Karla Michel Salas.
Este logro se debe al
trabajo de asociaciones civiles como ‘Nuestras Hijas de
Regreso a Casa’ formada en el año 2001 y presidida por Norma Esther
Andrade cuya hija fue secuestrada, torturada y asesinada. A esta asociación se
fueron sumando otras madres que como ella habían perdido a sus hijas de forma
terrible y exigían justicia.
‘Nuestras Hijas de Regreso a Casa’ se ha diluido de Ciudad Juárez
en la actualidad, no por cumplir el objetivo marcado como asociación, sino
porque hay un número elevado de amenazas sobre sus integrantes. En el 2011
Norma Andrade recibió 5 disparos a las afueras de su casa, a los que
milagrosamente sobrevivió. Se trasladó a Distrito Federal (México) donde sufrió
otro atentado, lo que la llevó a mantenerse en paradero desconocido. En el caso
de Marisela Ortíz, cofundadora de la organización, se encuentra tramitando su
asilo político a EEUU por las amenazas y hostigamientos que viene sufriendo.
Desde 2008 los integrantes de la asociación tienen medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Trabajar en la defensa de los
derechos humanos en México no ha sido fácil, aunque en Ciudad Juárez se ha complicado
aún más”, comenta Karla Michel Salas al respecto.
En 25 años se han asesinado en México 36 mil 600 mujeres. En
Ciudad Juárez (una localidad) fueron asesinadas 1.488 mujeres en el mismo
período de tiempo, llevándose a cabo el 60% de estos homicidios en los últimos
5 años.
“Del 30% de los feminicidios que se comenten en México, el
Estado tiene identificados a los responsables. La impunidad entonces tendría
que ser del 70%. Sin embargo, el nivel de impunidad en los feminicidios de
acuerdo a las investigaciones realizadas es del 99%. Es decir, las autoridades,
aún sabiendo quién fue el responsable, ni así investigan. Por tanto estamos
hablando de una situación estructural de violencia y de impunidad muy grave”,
apunta Karla Michel Salas.
Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación de Abogados
Democráticos, experta en litigio estratégico y abogada del caso conocido como
‘Campo Algodonero’ (RMH)
Desde el año 2007 al 2008 se inicia en Ciudad Juárez una
guerra que enfrenta al cártel de Sinaloa (hasta hace poco liderado por el Chapo
Guzman) contra el cártel de Juárez. “El Estado Mexicano decidió implementar
como estrategia de seguridad mayor intervención policial y mandar más armas a
una ciudad que prácticamente vivía armada. Como resultado se dieron más de
1.000 mujeres asesinadas en los últimos 6 años”. Para Salas, no es el
narcotráfico el origen de los feminicidios, ya que estos crímenes están
motivados por la desigualdad y por una abuso de poder que históricamente han
ejercido los hombres contra las mujeres, pero el crimen organizado es un
elemento que ha generado el incremento de los mismos. “De los 1.488
feminicidios en Ciudad de Juárez cometidos en los últimos 25 años, el 60% se
han cometido del año 2008 hasta la fecha”.
Ciudad Juárez fue la ventana al feminicidio para América
Latina, sin embargo, los datos que arroja El Salvador son muchísimo más
elevados: en un país cuya población es alrededor de 6 millones de personas, han
sido asesinadas 5.015 mujeres en 15 años.
“En toda la región latinoamericana hay un problema
subyacente: economías que han empobrecido a nuestra ciudadanía; economías que
son ciegas e invisibles a las necesidades de las mujeres y de las
juventudes. Se suelen hacer análisis simplistas que concluyen que como
América Latina es pobre, es por eso por lo que pasan estas cosas. Eso no es
cierto. América Latina en las dos últimas décadas logró aumentar indicadores
importantes de desarrollo como el acceso a la educación, a la salud y la
reducción de la pobreza extrema. Pero no es un tema solo de pobreza, es un tema
de igualdad, de sociedades equitativas. La región más desigual en el mundo es
América Latina y eso tiene que ver con un impacto de hegemonías que ven a
América Latina como el patio trasero de los desechos”, quien lo cuenta es Silvia
Juárez, directora del programa Hacia una vida libre de violencia para las
mujeres de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas (ORMUSA)
Silvia Juarez, Directora del programa Hacia una vida libre
de violencia para las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas (RMH)
En El Salvador desde 1999, año en el que se empiezan a
contabilizar los feminicidios, hasta 2009 la tasa creció un 194%. Menos del 1%
de los casos de violencia feminicida contra las mujeres tienen condena.
Si los cárteles en México ha profundizado la problemática,
en El Salvador lo ha hecho las pandillas y maras. Según Juárez, las mujeres son
asesinadas como parte de un ritual de iniciación de los pandilleros y forman
parte de estas estructuras de forma obligada.
El tema de las armas ilegales que circulan por el país, es
otro de los factores que han favorecido el incremento de los
feminicidios. En El Salvador hay al menos 2.2 millones de armas
circulando de forma ilegal. “Hay causa directa entre sociedades armadas y la
pérdida de la vida de las mujeres. Hay un 272% de posibilidades de que una
mujer pierda la vida cuando hay un arma en casa”.
La seguridad privada es un negocio en este país
centroamericano, tal y como cuenta Juárez: “Al menos existen 300 empresas de
seguridad en El Salvador que llegan a ocupar hasta 18 mil efectivos civiles
armados, libres de entrenamiento y sin controles estatales frente al uso de
armas, controladas en su mayoría por militares retirados tras el conflicto
armado y que ejercen una violencia directa contra las mujeres. Empresas
privadas dedicadas al cuidado del patrimonio, protectoras de personalidades
importantes, narcotraficantes… “. Según Juárez, el Estado tiene desarrollado
una unidad presupuestaria a partir de los bienes que cuida: hurto y robo de
vehículos, lavado de dinero, secuestros, etc. “Las unidades que cuidan del
patrimonio cuentan hasta con el 60% de los recursos, pero apenas se destina un
12% del presupuesto estatal contra la violencia hacia las mujeres. Es una
manera que tiene el Estado de decir: mis intereses están aquí, lo demás no me
importa”.
Para Juárez las mujeres mueren de otras maneras, no
necesariamente violentas, cuyas causas pertenecen a lo que se entiende como
violencia feminicida.”En El Salvador está prohibida la educación sexual integral
y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Cuando esto sucede las
mujeres tienen un sin fin de riesgos para perder la vida o llevar una vida con
muchas limitaciones. Una mujer que no puede acceder a una salud reproductiva y
que es forzada a tener embarazos, seguramente no va a tener su propio proyecto
de vida. El Estado quiere que las mujeres, como madres, asuman una agenda del
cuidado sobre sus hombros, sin que él asuma ninguna responsabilidad. Eso es
violencia feminicida” (…) “Cuando se reduce o se tienen nulos presupuestos para
la prevención y la atención de las enfermedades que son causas directas de
muerte en mujeres como el cáncer uterino y de mama, porque la Iglesia y los
Estados fundamentalistas lo impiden, eso es violencia feminicida”.
Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres
de Guatemala junto a Karla Michel Salas y Silvia Juárez durante la mesa redonda
‘Femenicidio en Mesoamérica: crimen organizado, respuesta estatal e
impunidad’
Tanto Silvia Juárez como Karla Michel Salas consideran que
si bien es cierto que hay un agresor directo que priva de la vida a las
mujeres, también hay un agresor estructural que nunca asume la responsabilidad
y al que pocos señalan como culpable de esas muertes: el Estado. Y consideran
que el nexo común más destacado que une los feminicidios cometidos en México y
El Salvador es la impunidad.También lo cree así Mercedes Hernández, presidenta
de la Asociación de Mujeres de
Guatemala (AMG) e investigadora de feminicidios y violencia sexual en
conflictos armados.
En Guatemala, la tendencia de los feminicidios en los
últimos 15 años es al alza, aunque se mantiene una constante de aproximadamente
700 casos registrados en los últimos 6 años. Hernández considera que no existe
una razón única para esta escalada de feminicidios. “Aunque las diferentes
manifestaciones de la violencia feminicida tienen como denominador común la
desigualdad estructural de poder entre hombres y mujeres, el resultado final es
la convergencia de múltiples factores que apuntan al incumplimiento del Estado
como garante de la protección de sus habitantes. En la debilidad crónica de los
Estados del triángulo norte de Centroamérica se refleja su incapacidad para
detener y contener la violencia legítima, permitiendo y tolerando así que las
mujeres permanezcan en el fuego cruzado de los diferentes grupos armados que se
disputan actualmente el territorio y la soberanía de nuestro país. Los cuerpos
de las mujeres se convierten en el campo de batalla de las nuevas modalidades
de conflicto armado, de la misma forma en que lo fueron durante el conflicto
armado que duró casi 40 años en Guatemala y en el cual más de 100 mil mujeres
fueron víctimas de violencia sexual”.
Hernández considera que el crimen organizado es una de las
señas de identidad de los Estados debilitados que permiten y fomentan las altas
tasas de feminicidio. Sin embargo, la relación entre ambas realidades sociales
es uno de los capítulos menos explorados y teorizados a pesar de constituirse
como una de las mayores preocupaciones de la población latinoamericana. “La
posición geoestratégica de Guatemala, por donde transita el 80% de la droga de
producción andina rumbo a EEUU, favorece el crecimiento de la economía criminal
producida por las mafias que convierten a miles de mujeres y de niñas en la
mercancía de las redes de trata, en cobradoras de los impuestos de guerra, en
transportistas de droga, de armas y de dinero lavado, así como en propiedad
sexual de los diferentes grupos armados y en niñas soldado generalmente
destinadas a la extorsión y al sicariato”.
“Guatemala se enfrenta a un feminicidio de Estado”, así de
categórica se muestra Mercedes Hernández, para quien solo con la connivencia y
la complicidad del Estado se puede alcanzar una tasa de feminicidios como la
que existe en este país centroamericano. Otra razón destacada por Hernández es
el olvido de la comunidad internacional. Por ello, considera necesario que
determinado tipo de feminicidios se conviertan en crímenes de Derecho
Internacional. “En esta tipología el bien jurídico protegido no es la vida en
lo individual, sino la humanidad en su conjunto”, afirma.
Tanto en Guatemala como en otros países de Latinaomérica ha
sido esencial la visibilización de la problemática. Para ello, según Hernández,
la marcada presencia social de las mujeres organizadas y del movimiento
feminista ha sido el elemento clave. “Ni un sólo avance ha sido una concesión.
Cada paso hacia adelante ha sido antecedido de duras batallas, materiales y
simbólicas, contra un orden social que se niega a cuestionar los privilegios
masculinos que sustentan el orden de desigualdad imperante”.
66.000 mujeres y niñas son asesinadas cada año en el mundo,
según el informe ‘Femenicide:
A global problem’, publicado en 2012. De los 12 países con la tasa más
alta de feminicidios, 5 son de América Latina (El Salvador, Guatemala,
Honduras, Colombia y Bolivia), que superan los 6 asesinatos de mujeres por cada
100 mil habitantes de sexo femenino.
Fuente: Periodismo Humano
No hay comentarios:
Publicar un comentario