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PUNTADA CON HILO, COMUNICACIÓN DE MUJERES, fue un periódico en papel que circuló en los años '90. Nos definimos feministas y "con perspectiva de clase".

Salíamos mensualmente en todo chile, también llegábamos a otros países latinoamericanos. A organizaciones de base, tanto de mujeres como mixtas, llegábamos sin costo alguno o hacíamos un trato: una sola suscripción a cambio de varios ejemplares cada mes. Las ONGs e instituciones en cambio debían pagar sus suscripciones completas.

PUNTADA CON HILO se destacaba por un lenguaje directo, cercano, claro y por manejar como sus fuentes primarias los testimonios de las propias mujeres, sus experiencias, sus formas de evaluar los acontecimientos políticos y sociales, sus denuncias, sus ideas y elaboraciones políticas y culturales. Las "autoridades" en diversas materias, no pasaban de ser un apoyo secundario -tal como las estadísticas e informes oficiales-.

Denunciamos la falsedad de la llamada "vuelta a la democracia", las manipulaciones de los partidos políticos, rechazamos la instrumentalización de la lucha popular que hicieron -y hacen- la mayoría de las ONGs e instituciones -con honrosas excepciones-. Destacamos el feminismo popular, la mirada de clase y nos esforzamos por no caer en la sobreideología que daña -desde nuestra perspectiva- las luchas sociales. Hablamos mucho desde lo íntimo y desde los procesos que hacemos las mujeres en lo personal que es lo que realmente -estamos seguras- construye lo político cuando hay organización.

sábado, 3 de enero de 2015

TRATA DE MUJERES: MERCADO DE LA DOMINACIÓN DE GÉNERO


Victimas de Trata, víctimas de género y de la pobreza
X Patricia Simón/Periodismo Humano/Enviado X Griselda de Guatemala
Sandra está pendiente del teléfono esperando la respuesta a una entrevista de trabajo. Busca cualquier empleo, ha trabajado de camarera en bares y hoteles, de dependienta y ha hecho todos los cursos de formación que ha podido. Aunque puestos a poder elegir, prefiere cuidar a niños o ancianos. Su presencia y su tono durante la conversación son contundentes. Tiene 31 años aunque hay vidas y contextos en los que la edad no nos dice nada de la experiencia acumulada ni de etapas vitales. Sandra y el resto de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual entrevistadas por Periodismo Humano para este Especial, son mujeres a los que sus contextos, sus decisiones y la vida les ha colado más obstáculos de los narrables –¿cuántos no se habrán quedado en el tintero de la memoria, borrados por la concatenación de desgracias?–, pero que han tenido que ir superando porque seguía amaneciendo, convirtiéndolas en mujeres en las que casi se materializa la capacidad de supervivencia del ser humano, o “mujeres que no se rinden” como reza el eslogan de la Fundación de Solidaridad Amaranta.

Sandra relata su vida asépticamente, sin autocompasión ni normalización de los abusos sufridos. Sólo a veces su fortaleza brota con tono de sorna, cuando la sucesión de dificultades se hace abrumadora incluso en el relato. Mientras, su teléfono no para de vibrar: es el presente y espera que tenga nombre de un trabajo.
Sandra tenía 17 años cuando “como forma de agradecimiento a su abuela, la persona que más quería en el mundo”, con la que vivía por el alcoholismo de su padre -nunca menciona a su madre-, decide que va a darle una vida mejor viniendo a España. Para ello, consigue el teléfono de una mujer que trae a gente y que le asegura que aquí no faltan oportunidades laborales para muchachas como ella, pero que tendrá que comprometerse a pagarle el coste del viaje en avión. “Como yo pensaba que aquí caía el dinero del cielo le dije que sí, claro”. Poco después el hermano de su “jefa” fue a buscarla “y me llevó a un brujo que me dijo que si yo no pago me muero, o que esa mujer puede hacer lo que quiera con mi familia. Me dieron algo para comer, luego me pidió cosas de mi cuerpo (cabello de la cabeza, de los genitales y de las axilas, y uñas de los pies y manos)”.
Foto: Javier Bauluz
El caso de Sandra es paradigmático de la trata de mujeres con fines de explotación sexual con origen nigeriano. El empleo del vudú como forma de coacción, las redes de cercanía con el entorno familiar y las amenazas contra éste, así como la trampa de una deuda que puede alcanzar los 60.000 euros. En el caso de Sandra, como ella dice, “tuve suerte” porque fueron 45.000 euros los exigidos ya que finalmente el viaje no fue en avión, sino a pie con otras “sesenta y pico personas”, lo que les llevó un año y medio “porque no había dinero para coche”. Desde Nigeria a Marruecos. En el camino por el desierto, verse sobreviviendo gracias a “beberse la propia orina”, convivir con compañeras de viaje que tienen que dejar sus bebés -muchas veces fruto de violaciones cometidas por sus tratantes- “porque no tienen para alimentarlo y porque queda mucho hasta su destino”. En patera hasta España, que vuelca lo que provoca la muerte de doce personas. Varios medios de transporte más para llegar a Palma de Mallorca, donde le esperaba su “chula”. “Cuando me llevó a un club para trabajar, yo nunca había visto a gente así, desnuda, con tanga. Y después ella me dijo que me toca a mí. Es una vida muy dura. Llamé a mi abuela y me dijo que volviera pero la jefa me dijo que aunque regresara iba a tener que pagar. ¿A dónde voy a encontrar 45.000 euros en Nigeria?”.
Llegó en abril de 2002 y terminó de pagar la deuda en 2011. “Cuando les digo a mi familia que aquí no es tan fácil, no me creen. Pero es normal, yo tampoco lo creía cuando alguien me lo decía”. Sandra sale pitando a una entrevista de trabajo. Tiene 31 años, fue víctima de trata, pero también y gracias a sus agallas y al apoyo de la Asociación por la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituta. (APRAMP), Sandra ha aprendido español -cuando ni siquiera sabía leer y escribir-, informática, y lo que haga falta para seguir adelante.

España, uno de los principales países de destino de mujeres víctimas de trata
España es uno de los 20 principales países de tránsito y destino de las víctimas de trata, según un informe de la ONU. Hace apenas unos años no se hablaba de este asunto. En cambio, hoy esta frase es más que familiar para muchos lectores. Fue a en el año 2000 cuando la forma más evidente de esclavitud actual consiguió la atención debida a nivel internacional. Una Convención de las Naciones Unidas daría lugar al Protocolo de Palermo [pdf] que entraría en vigor en 2003 y que se ha convertido en el marco general desde el que los Estados firmantes enfocan la lucha contra estos crímenes que definieron como
“La captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogos a las esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
De hecho, los términos “explotación sexual” y “explotación de la prostitución ajena” son intencionadamente indefinidos para que cada país pudiera adaptarlo a su legislación sobre la prostitución, ya la persigan, la regulen o la permitan.
Foto: Javier Bauluz
 Las cifras son estimaciones con horquillas muy amplias por la dificultad que conlleva la identificación de las víctimas de trata, por tratarse de un delito oculto y por la ideologización que media el tema de la prostitución y, por darse en los mismos contextos, de la trata. Desde las 800.000 personas víctimas de trata cada año que estima el Departamento de Estado de EEUU en su informe de 2008, hasta los cuatro millones de mujeres y niñas que son compradas y vendidas cada año según Naciones Unidas, convirtiéndose en el tercer negocio más lucrativo sólo por detrás del tráfico de armas y las drogas, 12.000 millones de dólares al año. Los países de origen más significativos en España son Rumanía, Nigeria, Brasil, Colombia, Paraguay, República Dominicana, Rusia, Ucrania, Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Marruecos, Polonia…
Tanto el Protocolo como la adaptación de estos a la legislación española que comenzó con la ley 2/2009 contra la trata así como la reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, introducen un aspecto fundamental que, a menudo, ha sido esgrimido como coartada por los explotadores, el del consentimiento. “El consentimiento dado por la víctima no se tendrá en cuenta cuando se haya demostrado el recurso a medios ilícitos”.
El cambio sustancial vino de las reformas legislativas de 2009 y 2011, en las que se introducía la protección a las víctimas de la trata de forma específica y definía el delito, buscando el consenso, de la siguiente manera.
“El que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de 18 años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza, o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, será reprimido con prisión de tres a seis años”.
Clara Corbera es abogada de la Fundación de Solidaridad Amaranta [entrevista completa], organismo responsable del proyecto SICAR creado hace una década en colaboración con la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón para responder a la demanda de la Policía que, por aquel entonces, empezaba a desmantelar redes de trata y que entendía que los calabozos o las comisarías no era un lugar donde hospedar a las víctimas. Avalados por el trabajo de la congregación religiosa Adoratrices, a la que pertenecen y que lleva un siglo atendiendo a mujeres vinculadas con la prostitución, en riesgo de exclusión social y víctimas de trata, gestionan una casa de acogida donde las que lo deseen reciben un apoyo global.

“Nuestra metodología se basa en ser capaces de analizar la situación y partir de una valoración de la situación compartida con la mujer: dónde estás, qué te preocupa, qué necesitas y hacia dónde quieres ir. Y vamos dando diferentes apoyos para ir consiguiéndolo, desde el aspecto de la salud y el bienestar (toda la dimensión de relaciones personales, el ocio, el descanso..), la inserción y la faceta laboral, lo jurídico y el manejo de la vida cotidiana si viven con nosotros. De tal forma que si una mujer no quiere abordar desde lo psicológico determinados temas, no lo hacemos. Es decir, partimos de aquello que la mujer detecta como un interés en ese momento. Y el tema del abandono de la prostitución no lo abordamos si ella no lo quiere. Trabajamos siempre de la mano de la mujer”, nos explica una de las trabajadoras sociales que trabaja en el Proyecto SICAR desde sus inicios.

La letrada Corbera resume los avances legislativos nacionales en este tema. “En los últimos años ha habido una evolución muy importante respecto a la protección de la víctima. Contamos con una modificación muy importante del Código Penal que tipifica el delito de trata específcamente (…). Y paralelamente han habido modificaciones de la Ley de Extranjería, el artículo 59 bis, y el desarrollo reglamentario, muy importante porque incorpora cuestiones que venían en la Directiva del Consejo de Europa de protección específica a la víctima: cuando se habla del período de reflexión de 30 días para decidir si quiere denunciar (…) sus derechos a asistencia psicológica, jurídica, la ampliación de esa protección a los hijos menores. Por tanto, una víctima, identificada, que denuncie, es susceptible de esta protección”.

Sin embargo, los avances no aseguran que las mujeres denuncien. Corbera apunta varias razones: “no todas las mujeres que quieren denunciar pueden porque la ley habla de proporcionar elementos esenciales que puedan suponer la persecución del delito por parte de las Fuerzas y Cuerpos del Estado. No todas las mujeres tienen esa información, hay mujeres que sólo tienen un teléfono y un nombre que pude ser falso. Entonces esa denuncia no va a suponer la apertura de un procedimiento judicial. Y la otra razón es el miedo: a veces hay coacciones y otras es el miedo psicológico, como en el caso de las mujeres nigerianas, en las que está muy presente el tema del vudú… Consideran que lo que le va a proporcionar la denuncia va a ser muy inferior a los riesgos que asumirían a nivel personal, porque piensan que pueden morir ellas, sus familiares… Y luego está la protección, porque aquí la Policía se la puede asegurar, pero a las que tienen cargas familiares en sus países de origen ya es otra cosa”.

La Fiscalía de Sala Coordinadora de Extranjería ha publicado un informe en el que reclama al gobierno de España que legisle para prohibir “cualquier comercio o negocio sexual planificado y desarrollado” por personas distintas a la mujer afectada, con el objetivo de erradicar la trata de mujeres que, denuncian, a menudo se oculta en establecimientos donde resulta “incontrolable”. El informe también revela que en 2011 se incoaron 64 diligencias previas por delitos de trata de seres humanos, que eran de tipo sexual en un 92,18% de los expedientes y laboral en el resto. Al acabar el año, 45 de estas diligencias estaban aún en tramitación y 14 fueron archivadas.
Foto: Javier Bauluz
Corbera pone sobre la mesa una de las principales críticas de las organizaciones dedicadas a la trata: “Tanto el Convenio del Consejo de Europa como la directiva comunitaria recogen expresamente que toda víctima por el hecho de ser víctima precisa y debe proporcionársele asistencia jurídica, sanitaria… En la práctica, esa protección viene derivada una vez que la mujer interpone una denuncia porque tanto la ley 59 bis como el reglamento están pensados para aquellas mujeres que colaboran con Administración de Justicia y dejan al margen las que no pueden denunciar. (…) Al mismo tiempo, la identificación es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos todavía. Hay mujeres que pasan por varios circuitos de la Administración y que no se han detectado como víctimas porque no han denunciado. Esa mujer, pese a que existe una legislación que ampara su protección, ha estado desprotegida”.
La inspectora Genma Gutiérrez [entrevista completa], psicóloga de formación, lleva diez años trabajando en el ámbito de Extranjería, ahora como jefa del Grupo Operativo de la Policía de Gijón, es decir, el encargado de identificar, acompañar a las víctimas y de investigar y desmantelar a las redes. Para empezar, advierte de la dificultad que encuentran para que las propias mujeres se identifiquen como víctimas. Pero también de la complejidad creciente de las redes: “Son cada vez más difícil de controlar porque ellos también van aprendiendo y cada vez dejan menos rastros. Empiezan a pagar en mano, tienen captadores en los países de origen centrados en chicas sin recursos, con problemas económicos, de familias desestructuradas… Por lo que ellas, incluso aquí, se sienten agradecidas aunque sean víctimas de trata. Por eso es tan complicado que denuncien”. Y responde a la crítica de que la denuncia sea el activador de la protección. “Para acceder a informaciones tengo que solicitárselo a un juez y éste, es normal, tiene que tener algo, porque hay una ley que protege a esa persona (el presunto tratante), de protección de datos (…). Se necesitan datos objetivos y reales”.
Helena Maleno es periodista e investigadora experta en procesos migratorios y en trata de personas. Escribe informes para organizaciones internacionales como Women´s Link Worldwide, dedicada a fomentar la justicia con enfoque de género, o para el Defensor del Pueblo del Gobierno de España, entre otros. Maleno lleva siendo testigo desde hace más de una década encontrándose con víctimas de trata, a veces en los calabozos de las comisarías marroquíes donde las detienen como migrantes antes de expulsarlas a la frontera argelina, otras cuando van a coger la patera en dirección a España, otras en Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE), en los alrededores de los invernaderos de Melilla o en aeropuertos, como en 2011, cuando acompañó a una menor que pasó un mes en la sala de inadmitidos de Barajas esperando que se le concediera protección por ser víctima de trata. Nunca antes una persona había pasado tanto tiempo en este espacio que permanece en un limbo jurídico, donde desconocemos qué ocurre diariamente puesto que ONG y periodistas tienen prohibida la entrada.
Maleno lamenta que “todo el peso de la investigación recaiga sobre las víctimas. Muchas veces éstas no están en condiciones de dar la información requerida y el Estado pone sobre ellas todo el peso, presiona y presiona. Denuncien o no, tienen que ser reconocidas como víctimas y protegidas. Creo que hay otras formas de avanzar como la capacidad de la Fiscalía para abrir investigaciones de oficio, de optimizar el trabajo transnacional con policías de zonas de origen como en Europa….”. La falta de investigaciones abiertas de oficio es una de las críticas más recurrentes que nos hemos encontrado en las conversaciones con las trabajadores de las ONG.

Maleno coincide en los avances supuestos por la reforma del Código Penal español, pero advierte que ésta “no se ha plasmado en condenas reales a las redes desmanteladas. Muy poca gente sale condenada y muchas veces salen por la puerta de atrás. Falta también una formación de todos los elementos de la judicatura (fiscalía, jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado…)  para que puedan entender en toda su dimensión el delito de la trata. Muchas veces no se hace una identificación eficaz de las víctimas o no conocen cómo funciona la red que están desmantelando porque no entienden el delito porque es nuevo…. Y no valoran las consecuencias que esa explotación ha tenido para esas mujeres, por ejemplo en el caso de las nigerianas el trauma que les puede causar el tema del yuyu (el vudú). Las condenas no recogen el daño psicológico y físico que les ha supuesto porque quizás los psicólogos, periotos y psiquiatras no estén preparados para valorar el impacto de esa explotación. Otro aspecto importantísimo pendiente es el del fondo de compensación económica para que las víctimas rehagan sus vidas”.
Hace un año Helena viajó a Nigeria para conocer sobre el terreno el funcionamiento de las redes en el que destaca que como en Benín y otros países, la trata se ha convertido en endémica: “Hay zonas en las que forma parte de la construcción social, del Producto Interior Bruto, de la salida de la situación de pobreza… Cuando piensas que la trata es una estrategia migratoria que está horadando todas los partes de tu sociedad, que va a permitir a tu comunidad y a tu familia salir de la pobreza, cuando visibilizas la trata como esto, las víctimas te dicen que ellas son la generación que se está sacrificándose para que su familia salga de la pobreza. Y en países como éste, tenemos un problema grave porque la sociedad está normalizando esas situaciones de explotación”. Helena añade otra dificultad para que las mujeres denuncien: “Estamos hablando de redes que no sólo se convierten en referencia en los países de origen, sino también de referencia y protección durante el tránsito porque a pesar de la violencia éstas ejercen, a veces la violencia exterior es tan alta que la protección que ofrecen para llegar a Europa en buenas condiciones se perfila como algo necesario. En esta situación, el vínculo emocional que se genera con la red es tan fuerte que después es muy complicado para la víctima denunciar porque forma parte de su construccion social y de su proyecto migratorio”.

Desde su ámbito, la inspectora Gutiérrez insiste a lo largo de la entrevista en la dificultad que entraña su cometido porque “la cuestión es que ellas se den cuenta de que se les puede ayudar. Creo que es el mayor problema. Pero es complicado porque son investigaciones largas y para conseguir algo necesitas también algo para poder continuar”.
Pero también por las mismas razones por las que este delito considerado por la Corte Penal Internacional como un delito de lesa humanidad resulta invisible para la mayoría de la población, por los ambientes en los que se desarrolla y por quiénes son sus víctimas.

La invisibilidad de la trata
Una calle que transitamos con asiduidad puede cambiar de aspecto sin que nada ocurra más que que nos pongamos las “gafas de la prostitución” como dice Laura (nombre ficticio por razones de seguridad), una de las trabajadoras sociales de las organizaciones dedicadas a la atención de víctimas de trata, mujeres relacionadas con el ejercicio de la prostitución o en riesgo de exclusión. De repente, reparamos en que puede haber varios clubs en apenas unas decenas de metros y, si nos adentramos, de que no todos los clubs son iguales, pero sí de cómo nos hemos habituado a no deslumbrarnos por los luminosos que atraen la atención de los clientes.
Acompañamos a Laura en una de las rondas que hace por los clubs de la ciudad para informar a las mujeres de los recursos sanitarios que tienen a su disposición en Asturias, de los distintos anticonceptivos disponibles y de su correcto uso, así como de la existencia de la organización para asesoría en todos los ámbitos. Para establecer el contacto y la conversación, entrega a los que lo deseen preservativos femeninos y masculinos, así como lubricante.
Unas quince mujeres esperan acodadas en la barra, mientras suena Lady Gaga y otros éxitos musicales del momento. Un par de hombres beben y un televisor va pasando fotografías eróticos. Son las nueve y pico de la noche y las mujeres se quejan de un verano sin trabajo. “Esperemos que esto se anime con el Concurso de Hípica y en la Copa Davis” dice una de ellas. La mayoría conocen a Laura de este u otros clubs puesto que muchas van rotando cada 21 días (siguiendo los ciclos menstruales), en lo que en el argot se llaman ‘hacer plazas’. “Funciona por el interés del proxeneta porque como estamos hablando de carne humana, al recinto lo que le interesa es renovar a las chicas porque a los clientes les gusta que cambien” apunta una de las dos trabajadoras de APRAMP con las que conversamos. “Eso también favorece el aislamiento, el desarraigo, que no conozcan cómo funcionan los servicios sociales de la ciudad”. APRAMP, como Fundación Amaranta, también tiene un programa de acercamiento consistente en visitas regulares a los lugares donde se ejerce la prostitución. “La mayoría de las chicas se pasa mucho tiempo en los clubs o en los pisos y estar en ese ambiente genera apatía, desgana. Tiene allí los ordenadores desde donde se relacionan con su familia y el exterior. El entrar allí y presentarse como una organización dirigida a las mujeres en contextos de prostitución (…) rompe con ese aislamiento. Les explicamos lo importante que es el empadronamiento para el tema del arraigo social, que hay dos unidades de ITS y vamos generando confianza. Para hablar ya tranquilamente tiene que ser en el local”.

El dueño saluda amablemente y ofrece algo de beber a las visitantes mientras Carolina, una brasileña de 47 años que lleva más de una década en España, se sienta y explica que ya se encuentra mejor. Licenciada en enfermería y culta, explica cómo vino ejercía la prostitución en Brasil para sacar adelante a sus dos hijos y que cuando ya se valían por sí mismos, se vino a España para ganar más dinero. Luego encontró trabajo como asistente en un geriátrico en Bilbao pero con la crisis fue despedida y volvió a Gijón dónde ya conocía al club de este dueño y sabía que le contrataría como camarera porque necesita cotizar para conservar su permiso de residencia. Pero hace diez días intentó suicidarse y dice estar muy cansada, aunque ya antes de contar que le encanta cantar y la música, antes de poner en pie su metro ochenta y belleza atemporal, sobrecoge la fortaleza que desprende. De nuevo, la edad no aporta información, no está vinculado con nada.
Entramos en otro club. Contrasta la fuerte iluminación con la ténue del anterior. Las jóvenes esperan sentadas en sofás que rodean el pequeño local en cuya esquina hay una barra americana rodeada de espejos. Aparentemente ninguna tiene ganas de conversar, salvo una joven rumana muda que celebra hoy su cumpleaños y que con gestos expresivos intenta hacérnoslo saber. Aparenta unos 19 años. La mayoría son rumanas que cogen los condones mientras siguen con la mirada atenta a las pantallas de sus móviles. Las dos únicas mujeres españolas que nos encontramos preguntan sobre cómo ponerse el parche anticonceptivo y sus beneficios. Al final, una de ellas también plantea que su novio, al que conoció en el club, quiere mantengan relaciones sexuales sin protección, como muestra de confianza, por lo que quiere que ambos se hagan un análisis de sangre para comprobar que no tienen enfermedades de transmisión sexual. Nos preguntan dónde pueden acudir. Asturias tiene dos clínicas llamadas Unidades para Infecciones de Transmisión Sexual donde cualquier persona puede acudir para consultas y análisis ginecológicos sin tener que identificarse, una conquista en la que tuvo mucho que ver el trabajo de Médicos del Mundo. Hasta la apertura de éstas a principios e la década del 2000, la ONG ofrecía tenía un dispensario en Avilés donde ofrecía asistencia médica y material preventivo a estas mujeres.
Ahora, la presidenta de Médicos del Mundo Asturias (MDM), Carmen Curto [entrevista completa], llama la atención sobre el escenario que plantea la reforma de la Sanidad española que deja sin asistencia a las personas en situación administrativa irregular. “Las personas víctimas de trata ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad antes de la reforma, porque para acceder ya les pedían el empadronamiento. Pero si te están moviendo constantemente de ciudad en ningún momento vas a tener accedo a la asistencia pública. Si además te han quitado el pasaporte (una de las fórmulas para retener a las víctimas empleadas por las redes), o no te dejan ir sola a una consulta… y ahora con la reforma, pues se imposibilita más todavía su acceso”. MDM ha puesto en marcha en marcha la campaña ‘Derecho a curar’   por la objeción de conciencia del personal sanitario contra este decreto. La Red contra la trata ya pidió en julio que las víctimas de trata tuvieran acceso a la tarjeta sanitaria y en APRAMP alertan sobre que se trata de “un problema de salud pública porque mantienen relaciones sexuales con muchas personas distintas y estamos viendo que no utilizan protección en algunos casos. Ya que no luchan por los derechos de estas personas, que lo hagan porque es muy peligroso para toda la ciudadanía. Y en cuanto a la reforma del aborto, nos da bastante miedo lo que pueden hacer si no tienen dinero, cualquier burrada y cómo les afectara a su salud. (…) El gobierno va a ser un poco cómplice de todo esta situación de explotación.
Recorremos algún club más, donde las mujeres superan los 50 años de edad y los servicios son más baratos. Salvo las dos mujeres españolas, todas son extranjeras, procedentes de países empobrecidos como Cuba, Colombia, Rumanía, Rusia, Brasil…. Fuera, salvo los clientes, poca gente sabe el aspecto de un club, cómo transcurren las noches de estas mujeres, la situación en sus países de origen, cómo han llegado a nuestras calles. Es improbable que las organizaciones puedan detectar si una de estas mujeres es víctima de trata. La mayoría de las veces lo saben a través de la Policía, cuando a través de una redada, tiene indicios y en ocasiones acude a estas expertas para que a través de una entrevista con ellas puedan determinar si lo es. Otras, son compañeras las que dan el toque de atención a organizaciones como Amaranta o APRAMP. Otras, muchas si no la mayoría, las víctimas de trata no son identificadas mientras están en la red sino que suele ser después, a lo largo del trabajo con ellas y con sus trayectorias vitales, cuando empiezan a salir cómo llegaron a España.

Desde Fundación Amaranta han visto una evolución “desde cuando empezamos a trabajar hace una década con esta realidad, cuando las redes eran organizadas y ahora aparecen también informales, de familiares, amigos, conocidos de su pueblo o ciudad que se convierten en la vía para que las mujeres puedan llegar aquí para la explotación. Una de las dificultades de la red informal es que la mujer no se percibe como víctima de un delito, sino que una entiende que son quienes les han facilitado el dinero para el viaje, un trabajo. No lo entiende como una forma de explotación sino que la están ayudando a conseguir su proyecto de vida”.

Susana [entrevista completa] vino de Colombia a Francia, donde vivía ya su hermana. Pronto se vino a España por el idioma y trabajó en hostelería, pero la crisis se llevó por delante su empleo y ante la falta de ingresos decidió ejercer la prostitución. En un club en Lugo, Susana recuerda cómo descubrió lo que era la trata: “En un club en Lugo, había mujeres que estaban internas y no se podían mezclar con las que llegábamos externas. Les pregunté que si se creían más que una porque no hablablan con nadie. Y me dijo ‘no podemos porque el jefe no nos deja’ (…) Me dijo que el jefe la había traído de Brasil, que le había quitado el pasaporte y que tenía que pagar una deuda. En ese club siempre había, tanto fuera como en el salón, un portero (…) que también las vigilaba a ella. Entonces le dije, ‘pero lárgate de aquí’. Y me dijo que no tenía el conocimiento de que que venía para eso (la prostitución)… Algunas de esas chicas se habían enganchado a la drogadicción, y todo lo que ganaban lo dejaban allí. Yo no sabía que existía la trata”.
Esta dificultad es subrayada por la inspectora Gutiérrez, también en el caso de las mujeres rumanas que según su experiencia, es la nacionalidad mayoritaria de víctimas de trata en Asturias, quienes hasta la Ley de trata de 2009 quedaban desprotegidas por ser comunitarias.

Muchas de ellas son explotadas en la calle, como en el parque Campillín de Oviedo donde nos encontramos con una joven que apenas habla español, aparentemente sola, esperando que alguno de los coches que pasan y desde los que muchos hombres, aunque no paren, lanzan supuestos piropos o improperios a las mujeres. Una voluntaria de Médicos del Mundo le informa de la importancia de que se empadrone para tener la tarjeta sanitaria así como la existencia de la sede de MDM a pocos metros del lugar donde puede asistir a cursos y recoger anticonceptivos, como el femenino cuya existencia parece que desconoce y que las organizaciones recomiendan puesto que son muchos, “la mayoría” según muchas de las mujeres consultadas, los que demandan practicar el sexo sin protección. “Y aunque te niegues, tienes que estar pendiente y no hacer determinadas posturas porque a veces intentan quitárselo sin que te des cuenta. Pero no sólo viejos, sino también de 18 años diciendo que son jóvenes y que están sanos”, nos dice una de ellas.
De hecho, desde las organizaciones muestran preocupación porque parece que las mujeres rumanas aceptan con más asiduidad mantener relaciones sin condón según les han manifestado mujeres de otras nacionalidades como queja porque consiguen más clientes, pero lo que según APRAMP ha provocado que estén detectando “más embarazos no deseados, infecciones, miedo a hacerse análisis. El consumidor ofrece más dinero por sexo sin protección y cuando una persona está ahí por necesidades económicas, que es la mayor parte de los casos, y sabes que si no lo harás tú lo hará otra persona pues acabas haciendo cualquier cosa”.

APRAMP, que tiene sede en Avilés ha detectado que en el caso de las rumanas “son las que ejercen la prostitución de calle de dos años para acá, son ocho mujeres que vienen de la misma zona. Suelen ser sus propias parejas las que las envían aquí y les exigen que envíen dinero a cambio de ver a sus hijos. Nos comentan que tienen que enviar unos 300 euros semanales y estamos hablando de servicios de 20 euros y hasta de 5 por sexo oral. Muchas veces le planteas alternativas, sobre cómo aquí la legislación le puede ayudar a salir adelante pero con el tema de sus hijos que además allí sólo llevan el apelllido del padre, ni se lo plantean”.
Otras dificultades para la identificación es que si es difícil en los clubs, la explotación en pisos -que están proliferando según la inspectora Gutiérrez- es casi inabarcable. Acompañando a una de las organizaciones, visitamos uno en el centro de Gijón, en un edificio cualquiera. El botón del porterillo es rojo para que los clientes no se confundan, unos vecinos discuten porque uno de ellos tiene bicicleta y la baja por las escaleras. A apenas unos metros, cuatro jóvenes dominicanas y una mujer de unos 45 años esperan la llegada de clientes acurrucadas en unos sofás, en ropa interior y tapadas con mantas. Si llegara algún consumidor, una bombilla se encendería encima del televisor que a todo volumen muestra un grupo de gente que se grita en la simulación de un juicio. Es Telecinco.
Parecen cansadas y no bajan el volumen ni dejan de mirar la pantalla, aunque sea de reojo, mientras se le entregan los condones. Sin embargo, sí que empiezan a atender cuándo les preguntan qué hacen cuando se les rompe uno durante una relación. “Pues me pongo un óvulo (de Canestén)”, dice una. Otra suele solucionarlo con lavados vaginales. Ambas respuestas sólo aumentan las probabilidades de un embarazo, como les explica la trabajadora social y de ahí surgen algunas cuestiones médicas que quedan resueltas.
Gutiérrez explica que cuando tienen alguna sospecha van al piso aunque muchas veces no les abren porque les conocen o sospechan que son policías. En caso afirmativo, no pueden entrar al no tener orden judicial pero desde la puerta  “les pedimos la documentación y si no la tienen las podemos traer aquí e interrogar con más tranquilidad”. En el caso de las rumanas, señala que es más complicado puesto que al ser comunitarias no pueden servirse de su condición de indocumentadas como vía para la identificación.

La Guía para la identificación y derivación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, elaborada por la Red Española contra la Trata de Personas, propone recomendaciones a la hora de entrevistar a las presuntas tratadas, entre las cuales están las siguientes que consideramos relevante reproducir:
No hagas daño. Trata a cada mujer y situación como si el potencial de daño fuera extremo, hasta que haya evidencia de lo contrario. No realices ninguna entrevista que pueda empeorar la situación de la mujer a corto o larzo plazo.
Conoce el tema y evalúa los riesgos. Aprende los riesgos asociados con la trata y ten una aproximación a la historia y caso de la mujer, antes de llevar a cabo una entrevista.
Prepara información relevante y no hagas promesas que no puedas cumplir.
Asegura el anonimato y la confidencialidad. Protege la identidad de la mujer y la confidencialidad durante todo el proceso de las entrevistas, desde el momento de contacto inicial hasta cuando los detalles de su caso sean compartidos.
No re-traumatices a la persona. No hagas preguntas que intenten provocar una respuesta cargada emocionalmente. Prepárate para responder si una mujer dice que está en un peligro inminente.
Haz un buen uso de la información obtenida. Utiliza la información en una forma que beneficie a la mujer o que avance el desarrollo de buenas políticas o intervenciones para las mujeres víctimas de trata en general.
La revictimización

“Una vez que una mujer que ha sido víctima de trata ha salido de esa situación, lo importante es recuperar a esa mujer, que recuperen su autonomía y sus vidas desde el punto en que se rompieron por esta cuestión. Tenemos claro que las mujeres tienen una gran capacidad para solventar los problemas, hay que empoderarlas (…) Es una mujer capaz que no va a ser víctima el resto de su vida sino que tiene que ser capaz de superar ese trauma”, expone la abogada Corbera que critica que “es una involución tener que pasar por todo aquello de que ha sido víctima para tener una protección a la que tiene derecho per se” en los procesos judiciales. En ese sentido agradece que en los últimos años la prueba preconstituida sea más aceptada en los procedimientos, lo que evita a la víctima tener que volver a declarar cuatro años después contra su presunto tratante.

Una de sus compañeras en la fundación Amaranta critica que a menudo la sociedad revictimice a estas mujeres “mostrando sus carencias y no sus potencialidades, y es con eso con lo que ellas construyen sus imágenes de sí mismas. Tenemos que apoyarlas para que puedan vivir con ello, no decir enteramente ‘son prostitutas, víctimas de trata, que han sufrido mucho en la vida.. Son mujeres madres, como cualquiera de nosotras y de las que tenemos mucho que aprender. ¿Qué pasa, que una mujer es eternamente prostituta o víctima de trata?”.
Desde APRAMP ponen el dedo en uno de los temas que generan más incomprensión. “Hay quien piensa que cuando una víctima de trata acaba de pagar la deuda y sigue en la prostitución lo hace libremente. Es muy difícil salir porque es un círculo donde convergen muchos factores: te acostumbras a ganar dinero rápido -que no fácil- para enviar a la familia, estás aislado, no tienes más relaciones sociales que las del ambiente de prostitución, hay consumo de drogas bien para aguantar la noche, para conseguir estar con personas que no conoces, por exigencias del cliente o del proxeneta… A la hora de hablar de legalización somos todos muy liberales pero a la hora de la verdad, son discriminadas, señaladas y tiene que ser muy duro que después de diez años no puedas hablar de lo que has hecho. Hay mujeres que no buscan otro empleo porque piensan que ya no saben hacer otra cosa o que se plantean que se tienen que ir a otro lugar porque los clientes la van a reconocer. Mujeres después de dejarlo, estando con familiares que no tenían porque saberlo, han llegado clientes y les han pellizcado el culo o un pezón porque entienden que son mujeres públicas“.
En Fundación Amaranta sostienen que “nuestra experiencia es que el valor de las decisiones que han tomado las mujeres que están en prostitución muchas veces son menospreciadas o se sostiene que no están hechas desde opciones de libertad. Eso las hace todavía más vulnerables, que nosotros le quitemos validez a sus decisiones las revictimiza porque las estamos tomando como irresponsables con sus decisiones. Ciertamente están condicionadas por la vulnerabilidad del contexto pero si no trabajamos con ellas desde la responsabilidad de la toma de decisiones, seguirá repitiendo esta pauta. ¿Por qué exigimos a las mujeres que no vuelvan a la prostitución? ¿Qué alternativas reales les ofrecemos, el servido doméstico? Tus opciones laborales son como las de tantos otros y tú tienes unos hijos a los que dar de comer, unas expectativas… Y les decimos que esperen. Eso es hipocresía. Elige eso o el trabajo sexual que está ahí también. En realidad les estamos pidiendo algo que tiene poco en cuenta su vida. La prostitución no les compensaría si tuvieran alternativa, porque llegado un momento emocionalmente no les compensa. Es una cuestión de igualdad de oportunidades“. Sonríe y recuerda que una vez, una de ellas les dijo que lo que más les gustaba era que no las trataban como a prostitutas sino como a mujeres. “Es es lo mejor que nos podrían decir”.
Por ello, en este Especial hemos decidido no contar cómo estas mujeres fueron víctimas de trata, sino recoger las historias de vida de unas mujeres que fueron esclavizadas, que en determinados momentos de sus vidas como nos cuenta Sofía, ni siquiera podían “decir ‘no’ porque no tienes palabra” (una frase que contiene un mundo y que se sobrepasa cualquier concepción de conservar un mínimo control sobre la vida propia), mujeres que se han ido empoderando y liberando de opresores gracias a su fortaleza, a la ayuda de organizaciones como las colaboradoras en la elaboración de este trabajo y de la presión social para que esta lacra no siga gozando con la complicidad de la clandestinidad y de la invisibilidad que le concede que las víctimas sean mujeres y pobres.

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Fuente: Periodismo Humano

GUATEMALA: MORIR POR SER MUJER




Morir por ser mujer 
X Rebeca Mateos Herraiz/Enviados X Griselda 
Desde 1999 hasta 2009, la tasa de feminicidios creció en El Salvador un 194%. De los 1.488 feminicidios cometidos en Ciudad de Juárez (México) en los últimos 25 años, el 60% se han cometido del año 2008 hasta la fecha. En Guatemala 2 mujeres son asesinadas cada día, habiendo sido en muchos de los casos previamente agredidas sexualmente y mutiladas.

Tan solo el 1% de los asesinatos a mujeres en estos 3 países tiene condena.
La abogada mexicana Karla Michel Salas, la investigadora salvadoreña Silvia Juárez y la guatemalteca Mercedes Hernández apuntan como principal culpable de que esto suceda al Estado por no poner remedio para prevenir y castigar estas muertes.

En 1996 Marcela Lagarde, antropóloga feminista Mexicana, señala que los crímenes contra mujeres que se estaban produciendo en Ciudad Juárez (México) eran feminicidios. Fue la primera vez que se utilizó este término en América Latina y sentaría un precedente para el resto de países de la región.
No es hasta 1993 cuando en Ciudad Juárez la sociedad civil comienza a contabilizar y denunciar que hay un gran número de mujeres y niñas desaparecidas, muchas de las cuales se hallarán muertas, violadas y/o mutiladas, sin que el Estado hiciera nada para investigar y castigar estos delitos.
A partir de entonces, las madres de las víctimas se empiezan a organizar para exigir justicia, y ante la negativa de ser escuchadas por la autoridad en México, alzaron la voz a nivel internacional. Eso hizo posible que los ojos del mundo se fijasen en Ciudad Juárez. A partir de esta experiencia en otras partes del mundo, sobre todo en América Latina, se empezarán a registrar los feminicidios, concepto que designa un homicidio violento de una mujer, por el simple hecho de ser mujer.

En noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) imparte la primera y única sentencia emitida por este Tribunal sobre feminicidio. Sentó un precedente en términos jurídicos, porque señala la implicación que tienen que tener los Estados a la hora de la prevención, la investigación y la sanción de la violencia contra las mujeres. “No existe una convención internacional que establezca cuáles son las obligaciones de los Estados para la prevención y la sanción de la violencia contra las mujeres, por lo que esta sentencia refleja este consenso, al menos discursivo, de que la violencia tiene que ser condenada”, argumenta la mexicana Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos, experta en litigio estratégico y abogada del caso conocido como ‘Campo Algodonero’.

El Parlamento Europeo en el año 2010 emitió una resolución donde reconoce la sentencia de la Corte Interamericana e invita a los países de América Latina, e incluso europeos, a que utilicen esta resolución como una guía de buenas prácticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
“La sentencia en sí misa representa un logro histórico: sentar al Estado mexicano en el banquillo de los acusados y decirle tú eres culpable por la muerte de estas mujeres. Pudiste haberlo evitado porque tú debiste haberlo prevenido, investigado y sancionado, es un avance y una satisfacción para las familias de las víctimas” (…) “A partir de esta sentencia en México logramos tipificar el feminicidio. México es un Estado Federal, somos 32 entidades federativas, eso significa que cada entidad tiene su propio Código Penal. Desde la sentencia hasta la fecha, hay 30 entidades federativas que han reconocido en su propio Código Penal el feminicidio. Además se han elaborado varios protocolos para investigar este delito; hemos insistido en la elaboración de políticas públicas y que se destinen recursos para atender las causas estructurales que originan este tipo de crímenes. En eso hemos avanzado, aunque evidentemente no vamos a terminar hasta que ninguna mujer muera. Eso es lo que buscamos”, asegura Karla Michel Salas.


Este logro se debe al trabajo de asociaciones civiles como ‘Nuestras Hijas de Regreso a Casa’ formada en el año 2001 y presidida por Norma Esther Andrade cuya hija fue secuestrada, torturada y asesinada. A esta asociación se fueron sumando otras madres que como ella habían perdido a sus hijas de forma terrible y exigían justicia.

‘Nuestras Hijas de Regreso a Casa’ se ha diluido de Ciudad Juárez en la actualidad, no por cumplir el objetivo marcado como asociación, sino porque hay un número elevado de amenazas sobre sus integrantes. En el 2011 Norma Andrade recibió 5 disparos a las afueras de su casa, a los que milagrosamente sobrevivió. Se trasladó a Distrito Federal (México) donde sufrió otro atentado, lo que la llevó a mantenerse en paradero desconocido. En el caso de Marisela Ortíz, cofundadora de la organización, se encuentra tramitando su asilo político a EEUU por las amenazas y hostigamientos que viene sufriendo. Desde 2008 los integrantes de la asociación tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Trabajar en la defensa de los derechos humanos en México no ha sido fácil, aunque en Ciudad Juárez se ha complicado aún más”, comenta Karla Michel Salas al respecto.
En 25 años se han asesinado en México 36 mil 600 mujeres. En Ciudad Juárez (una localidad) fueron asesinadas 1.488 mujeres en el mismo período de tiempo, llevándose a cabo el 60% de estos homicidios en los últimos 5 años.

“Del 30% de los feminicidios que se comenten en México, el Estado tiene identificados a los responsables. La impunidad entonces tendría que ser del 70%. Sin embargo, el nivel de impunidad en los feminicidios de acuerdo a las investigaciones realizadas es del 99%. Es decir, las autoridades, aún sabiendo quién fue el responsable, ni así investigan. Por tanto estamos hablando de una situación estructural de violencia y de impunidad muy grave”, apunta Karla Michel Salas.

Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos, experta en litigio estratégico y abogada del caso conocido como ‘Campo Algodonero’ (RMH) 
Desde el año 2007 al 2008 se inicia en Ciudad Juárez una guerra que enfrenta al cártel de Sinaloa (hasta hace poco liderado por el Chapo Guzman) contra el cártel de Juárez. “El Estado Mexicano decidió implementar como estrategia de seguridad mayor intervención policial y mandar más armas a una ciudad que prácticamente vivía armada. Como resultado se dieron más de 1.000 mujeres asesinadas en los últimos 6 años”. Para Salas, no es el narcotráfico el origen de los feminicidios, ya que estos crímenes están motivados por la desigualdad y por una abuso de poder que históricamente han ejercido los hombres contra las mujeres, pero el crimen organizado es un elemento que ha generado el incremento de los mismos. “De los 1.488 feminicidios en Ciudad de Juárez cometidos en los últimos 25 años, el 60% se han cometido del año 2008 hasta la fecha”.

Ciudad Juárez fue la ventana al feminicidio para América Latina, sin embargo, los datos que arroja El Salvador son muchísimo más elevados: en un país cuya población es alrededor de 6 millones de personas, han sido asesinadas 5.015 mujeres en 15 años.

“En toda la región latinoamericana hay un problema subyacente: economías que han empobrecido a nuestra ciudadanía; economías que son ciegas e invisibles a las necesidades de las mujeres y de las juventudes. Se suelen hacer análisis simplistas que concluyen que como América Latina es pobre, es por eso por lo que pasan estas cosas. Eso no es cierto. América Latina en las dos últimas décadas logró aumentar indicadores importantes de desarrollo como el acceso a la educación, a la salud y la reducción de la pobreza extrema. Pero no es un tema solo de pobreza, es un tema de igualdad, de sociedades equitativas. La región más desigual en el mundo es América Latina y eso tiene que ver con un impacto de hegemonías que ven a América Latina como el patio trasero de los desechos”, quien lo cuenta es Silvia Juárez, directora del programa Hacia una vida libre de violencia para las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA) 
Silvia Juarez, Directora del programa Hacia una vida libre de violencia para las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas (RMH)
En El Salvador desde 1999, año en el que se empiezan a contabilizar los feminicidios, hasta 2009 la tasa creció un 194%. Menos del 1% de los casos de violencia feminicida contra las mujeres tienen condena.
Si los cárteles en México ha profundizado la problemática, en El Salvador lo ha hecho las pandillas y maras. Según Juárez, las mujeres son asesinadas como parte de un ritual de iniciación de los pandilleros y forman parte de estas estructuras de forma obligada.
El tema de las armas ilegales que circulan por el país, es otro de los factores que han favorecido el incremento de los  feminicidios. En El Salvador hay al menos 2.2 millones de armas circulando de forma ilegal. “Hay causa directa entre sociedades armadas y la pérdida de la vida de las mujeres. Hay un 272% de posibilidades de que una mujer pierda la vida cuando hay un arma en casa”.

La seguridad privada es un negocio en este país centroamericano, tal y como cuenta Juárez: “Al menos existen 300 empresas de seguridad en El Salvador que llegan a ocupar hasta 18 mil efectivos civiles armados, libres de entrenamiento y sin controles estatales frente al uso de armas, controladas en su mayoría por militares retirados tras el conflicto armado y que ejercen una violencia directa contra las mujeres. Empresas privadas dedicadas al cuidado del patrimonio, protectoras de personalidades importantes, narcotraficantes… “. Según Juárez, el Estado tiene desarrollado una unidad presupuestaria a partir de los bienes que cuida: hurto y robo de vehículos, lavado de dinero, secuestros, etc. “Las unidades que cuidan del patrimonio cuentan hasta con el 60% de los recursos, pero apenas se destina un 12% del presupuesto estatal contra la violencia hacia las mujeres. Es una manera que tiene el Estado de decir: mis intereses están aquí, lo demás no me importa”.

Para Juárez las mujeres mueren de otras maneras, no necesariamente violentas, cuyas causas pertenecen a lo que se entiende como violencia feminicida.”En El Salvador está prohibida la educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Cuando esto sucede las mujeres tienen un sin fin de riesgos para perder la vida o llevar una vida con muchas limitaciones. Una mujer que no puede acceder a una salud reproductiva y que es forzada a tener embarazos, seguramente no va a tener su propio proyecto de vida. El Estado quiere que las mujeres, como madres, asuman una agenda del cuidado sobre sus hombros, sin que él asuma ninguna responsabilidad. Eso es violencia feminicida” (…) “Cuando se reduce o se tienen nulos presupuestos para la prevención y la atención de las enfermedades que son causas directas de muerte en mujeres como el cáncer uterino y de mama, porque la Iglesia y los Estados fundamentalistas lo impiden, eso es violencia feminicida”.
Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala junto a Karla Michel Salas y Silvia Juárez durante la mesa redonda ‘Femenicidio en Mesoamérica: crimen organizado, respuesta estatal e impunidad’ 
Tanto Silvia Juárez como Karla Michel Salas consideran que si bien es cierto que hay un agresor directo que priva de la vida a las mujeres, también hay un agresor estructural que nunca asume la responsabilidad y al que pocos señalan como culpable de esas muertes: el Estado. Y consideran que el nexo común más destacado que une los feminicidios cometidos en México y El Salvador es la impunidad.También lo cree así Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG) e investigadora de feminicidios y violencia sexual en conflictos armados.
En Guatemala, la tendencia de los feminicidios en los últimos 15 años es al alza, aunque se mantiene una constante de aproximadamente 700 casos registrados en los últimos 6 años. Hernández considera que no existe una razón única para esta escalada de feminicidios. “Aunque las diferentes manifestaciones de la violencia feminicida tienen como denominador común la desigualdad estructural de poder entre hombres y mujeres, el resultado final es la convergencia de múltiples factores que apuntan al incumplimiento del Estado como garante de la protección de sus habitantes. En la debilidad crónica de los Estados del triángulo norte de Centroamérica se refleja su incapacidad para detener y contener la violencia legítima, permitiendo y tolerando así que las mujeres permanezcan en el fuego cruzado de los diferentes grupos armados que se disputan actualmente el territorio y la soberanía de nuestro país. Los cuerpos de las mujeres se convierten en el campo de batalla de las nuevas modalidades de conflicto armado, de la misma forma en que lo fueron durante el conflicto armado que duró casi 40 años en Guatemala y en el cual más de 100 mil mujeres fueron víctimas de violencia sexual”.

Hernández considera que el crimen organizado es una de las señas de identidad de los Estados debilitados que permiten y fomentan las altas tasas de feminicidio. Sin embargo, la relación entre ambas realidades sociales es uno de los capítulos menos explorados y teorizados a pesar de constituirse como una de las mayores preocupaciones de la población latinoamericana. “La posición geoestratégica de Guatemala, por donde transita el 80% de la droga de producción andina rumbo a EEUU, favorece el crecimiento de la economía criminal producida por las mafias que convierten a miles de mujeres y de niñas en la mercancía de las redes de trata, en cobradoras de los impuestos de guerra, en transportistas de droga, de armas y de dinero lavado, así como en propiedad sexual de los diferentes grupos armados y en niñas soldado generalmente destinadas a la extorsión y al sicariato”.
“Guatemala se enfrenta a un feminicidio de Estado”, así de categórica se muestra Mercedes Hernández, para quien solo con la connivencia y la complicidad del Estado se puede alcanzar una tasa de feminicidios como la que existe en este país centroamericano. Otra razón destacada por Hernández es el olvido de la comunidad internacional. Por ello, considera necesario que determinado tipo de feminicidios se conviertan en crímenes de Derecho Internacional. “En esta tipología el bien jurídico protegido no es la vida en lo individual, sino la humanidad en su conjunto”, afirma.

Tanto en Guatemala como en otros países de Latinaomérica ha sido esencial la visibilización de la problemática. Para ello, según Hernández, la marcada presencia social de las mujeres organizadas y del movimiento feminista ha sido el elemento clave. “Ni un sólo avance ha sido una concesión. Cada paso hacia adelante ha sido antecedido de duras batallas, materiales y simbólicas, contra un orden social que se niega a cuestionar los privilegios masculinos que sustentan el orden de desigualdad imperante”.
66.000 mujeres y niñas son asesinadas cada año en el mundo, según el informe ‘Femenicide: A global problem’, publicado en 2012. De los 12 países con la tasa más alta de feminicidios, 5 son de América Latina (El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia y Bolivia), que superan los 6 asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes de sexo femenino.

Fuente: Periodismo Humano