X Mercedes Hernández/Periodismo Humano/Enviado X Griselda de Guatemala
Hace un año una verdad judicial se consolidó: José Efraín Ríos Montt es responsable de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la población ixil, durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala. Innumerables son las acciones de militares y de la oligarquía que intentan silenciar las voces de la población ixil sobreviviente de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos. Entre quienes encabezan las tesis negacionistas destacan el actual presidente Otto Pérez Molina y el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, ambos ex militares adiestrados en la Escuela Kaibil perteneciente al Ejército de Guatemala.
La sentencia dictada por el Tribunal Primero A de Mayor
Riesgo a través de la cual se condenó a 80 años de prisión a Ríos Montt por los
delitos de genocidio y crímenes contra los deberes de humanidad cometidos
contra la población ixil, según expertos internacionales de reconocido
prestigio entre quienes destacan juristas de los casos Pinochet, Videla,
Bordaberry y Fujimori, fue apegada al derecho guatemalteco, al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, consecuente con los estándares marcados
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es técnicamente acorde a la
prueba practicada y a los hechos probados en el juicio. Sin embargo, a esta
verdad judicial —que significa el reconocimiento de la tortura, violencia
sexual, desapariciones forzadas, sometimiento a servidumbre y trabajos
forzados, desplazamiento, masacres sistemáticas y planificadas, así como la
criminalización del 100% del grupo étnico maya ixil estigmatizado como enemigo
interno— se oponen, a través de tesis negacionistas, los miembros de la
oligarquía guatemalteca para quienes la sangre indígena tiene el mismo valor
que el sudor que ha regado históricamente sus latifundios, algunos
intelectuales al servicio de esa élite económico-política, abogados herederos
del clientelismo generado por toda dictadura y quienes durante mucho tiempo se
habían significado como su brazo armado defensor, los militares. Entre estos
últimos, quienes hoy gobiernan.
A pesar de la conocida enemistad entre el exdictador Ríos
Montt y el actual presidente Otto Pérez Molina, el mandatario y su gabinete han
hecho una negación granítica del genocidio, irrespetando la obligatoria
separación de poderes y violentando la independencia que del poder judicial
demanda la democracia. Eso sí, demostrando que quizá es cierto que con la cara
cubierta de tizne o luciendo la banda presidencial, un kaibil, como aseguraba
el coronel Ortega: “Morirá por su insignia y distintivo”.
Quizá uno de los casos que mejor ilustra el papel de los
kaibiles en el Conflicto Armado, y que es también una verdad judicial, es la
masacre de Las Dos Erres: crímenes por los que el mismo Tribunal Primero A de
Mayor Riesgo condenó, en 2011, a 6.060 años de prisión cada uno a cuatro
exkaibiles, por la ejecución de al menos 216 víctimas, 92 de las cuales eran
mujeres y 67 menores de una media de siete años. En aquella masacre los hombres
fueron encerrados en la escuela del parcelamiento y las mujeres, junto a las
niñas y los niños, en la iglesia evangélica. Los menores fueron los primeros en
morir bajo las almáganas kaibiles. Después, hombres y mujeres fueron lanzados a
un pozo donde les dispararon con fusiles y les lanzaron granadas de
fragmentación para asegurar su muerte. Las mujeres más jóvenes fueron violadas.
Al final del día, como relata Vela Castañeda: “Ya sólo se podían oír las risas
de los soldados que devoraban trozos de cerdo con tortillas que unas mujeres de
la aldea habían preparado. Sólo para esto habían quedado con vida. Habían
terminado de matar a quien fuera su enemigo en esta guerra. No habían tenido
batalla, ni heridos, ni bajas, ni guerrilleros, ni armas, ni propaganda: sólo
civiles muertos.”
A la tesis kaibil sobre la negación del genocidio,
respaldada por los militares en general y por sus antiguos jefes, los
terratenientes ahora convertidos en sus socios estratégicos, se oponen los años
y años de investigaciones científicas que las pruebas periciales pusieron de
manifiesto durante el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez en 2013: el
peritaje estadístico del experto Patrick Ball confirmó que la tasa de
mortalidad de la población ixil fue tan alta como la de los genocidios de
Ruanda y Bosnia, y que el riesgo de morir a manos del Ejército de Guatemala era
ocho veces mayor si se era indígena. Cifras que confirman el racismo
estructural como elemento esencial de la maquinaria genocida. Otros análisis
científicos sobre genética forense, sociología, derecho, psicología,
antropología y balística, aportaron la prueba documental necesaria para
confirmar la hipótesis planteada por la acusación sobre el genocidio y los
crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo ixil.
Junto al peso de la evidencia, el desempeño de las
organizaciones querellantes fue otro pilar fundamental para la construcción de
esa verdad judicial. La Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y
el Centro para la Acción Legal en los Derechos Humanos (CALDH), con el apoyo y
experticia de profesionales de otras nacionalidades, que representan la
indignación de la comunidad internacional ante la gravedad de los crímenes internacionales,
construyeron una estrategia jurídica de tan alto nivel que a la defensa de Ríos
Montt y de Rodríguez Sánchez solo le quedó el litigio malicioso como método de
procuración de impunidad para los acusados.
En Guatemala, para las y los funcionarios desafectos al
régimen el futuro tiene cara de inhabilitación, o como dijo Toriello: “De
encierro, destierro o entierro.” Bien lo sabe la jueza Jassmín Barrios, quien
ha pagado un alto precio por presidir el tribunal que condenó a Ríos Montt y
porque ya había condenado a los kaibiles responsables de la masacre de Las Dos
Erres: ha sobrevivido a más de un atentado y recientemente superó el intento de
separarla del cargo que hizo el Colegio de Abogados de Guatemala a través de un
Tribunal de Honor que no hace mérito a su nombre. También lo sabe muy bien la
todavía Fiscal General Claudia Paz y Paz —que será sustituída por la magistrada
Thelma Aldana, señalada por presuntos vínculos con las más oscuras redes de
poder del presidente— porque a pesar de revertir la nefasta historia del
Ministerio Público ha sido removida prematuramente del cargo. ¿Su delito? Haber
sentado en el banquillo de los acusados a Ríos Montt y a otros considerados
intocables. Sin duda, jueza y fiscal son las víctimas sacrificiales que quisiera
un sistema corrupto que se sabe agrietado y perseguido por la Verdad. No será
así. No podrán eliminar lo que ellas ya han hecho y mucho menos lo que
significan.
Pero frente las negaciones, la aportación más relevante será
siempre la voz de las propias víctimas y sobrevivientes de la política
genocida. La Historia y la Verdad guardan registro de más de cien indígenas
ixiles que testificaron, la mayoría en su propio idioma, los crímenes vistos,
oídos y sufridos en carne propia. Quedarán gracias a su decidida y absoluta
disposición de abandonar el silencio impuesto por el mismo Estado que estaba y
está obligado a su protección y que, sin embargo, no sólo no detuvo las
atrocidades perpetradas por sus propios agentes sino que las refrendó e
impulsó. Como sobreviviente y testiga presencial de los horrores de esa guerra,
no me cansaré de reconocer con humildad y orgullo que la población ixil ya no
es aquel grupo aislado en las montañas cuyas noticias sobre su exterminio
controlado tardaban meses e incluso años en llegar a la portada de algún medio.
Los hombres y las mujeres mayas de Guatemala son una mayoría que cada vez se
aleja más de ese grupo humano observado, ese “otro” que como dice Sontag,
“incluso cuando no es enemigo, se le tiene por alguien que ha de ser visto, no
alguien (como nosotros) que también ve.”
Frente a las voces negacionistas cuya ilegitimidad
sonrojaría a cualquiera con mínimos éticos, se levantará siempre la dignidad de
la población ixil que rompió el silencio para construir su verdad, la Verdad.
Ellas y ellos son sujetos políticos construyendo para sí mismos y para el mundo
una nueva historia.
Este presidente, Otto Pérez Molina, ha negado públicamente
que sucediera tal genocidio
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