Denuncian a empresa Barrick Gold y su proyecto Pascua Lama
ante Tribunal Permanente de los Pueblos en Canadá
X Elías Paillan C.
Sergio
Campusano y Nancy Yáñez, en representación de la Comunidad Agrícola Diaguita
Huascoaltinos y el Observatorio Ciudadano, respectivamente, viajaron a la
ciudad de Montreal donde se desarrolló la 40ª sesión del Tribunal Permanente de
los Pueblos (TPP).
Durante la
sesión solicitaron al Tribunal un pronunciamiento condenando las prácticas nocivas
de la empresa Minera Barrick Gold, así como instar a los gobiernos de Chile y
Canadá a que adopten las medidas sancionatorias y regulatorias que
correspondan.
Recientemente el presidente de la Comunidad Agrícola
Diaguita Huascoaltinos, Sergio Campusano, junto a la abogada y co–directora del
Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez, asistieron a la 40ª sesión del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP) –realizada del 29 de mayo al 01 de junio en
Montreal, Canadá- donde denunciaron a la empresa minera canadiense Barrick Gold
por vulnerar los derechos políticos y territoriales de esta comunidad indígena
del norte de Chile con su proyecto Pascua Lama.
La sesión, que por primera vez se desarrolló en esa ciudad,
tuvo por temática central determinar la responsabilidad de las industrias
mineras canadienses en la violación sistemática de derechos humanos en América
Latina, lo que ha sido denunciado desde diversos países.
Con esta denuncia buscan un pronunciamiento del Tribunal,
pues “Barrick Gold ha vulnerado los derechos políticos y territoriales de los
Huascoaltinos y no cuenta para la ejecución del proyecto con el consentimiento
de los legítimos titulares del territorio, por lo que esperan que el TPP se
pronuncie, e inste a los gobiernos de Chile y Canadá para que adopten las
medidas sancionatoria y regulatorias que correspondan”, aclaró Nancy Yáñez.
Vulneración del derecho al agua y a la libre determinación
El caso Pascua Lama fue identificado como emblemático en cuanto
a la violación de derechos fundamentales por parte de una empresa canadiense
como es Barrick Gold, “por la magnitud del proyecto y la violación a los
derechos territoriales de los Huascoaltinos, en particular respecto al
territorio de propiedad ancestral y a las aguas, específicamente los glaciares
que suministran este recurso a todo el sistema hidrológico que conforma la
parte alta del valle del Rio Huasco”, afirmó la abogada experta en derechos de
pueblos indígenas.
Agrega que entregaron evidencia al Tribunal de los daños
ambientales generados por el proyecto. “Básicamente la violación de la
existencia de tratamiento de drenajes ácidos a fin de evitar contaminación de
las aguas, no dándose cumplimiento a las normas legales en la materia”,
aseguró. Tampoco se “ha cumplido con el
plan de gestión de glaciares, y a pesar de que no se ha sacado ni un gramo de
mineral, ya se encuentran irreversiblemente dañados”, explicó la profesional.
Nancy Yáñez entregó un informe pericial centrado en dos
aspectos: la vulneración del derecho al agua y la violación del derecho a la
libre determinación, por haber otorgado la licencia ambiental al proyecto sin
el consentimiento de la comunidad Diaguita de los Huascoaltinos que es la
titular de este territorio desde tiempos inmemoriales hasta la fecha.
Consultada por las consecuencias y efectos de la resolución
del Tribunal, Yáñez explicó que se trata de un tribunal ético cuyo fallo tiene
incidencia política y no jurídica, por lo tanto no es vinculante para los
estados. Sin embargo, constituye una
figura a través de la cual la sociedad civil en ejercicio de sus derechos
fundamentales representa ante la comunidad internacional la situación de
violación de derechos cometidos por los estados, “lo que evidentemente
compromete su legitimidad y credibilidad pública”, afirmó.
Cuestionamiento de acuerdo de algunos sectores diaguitas con
la empresa
Frente a la pregunta de cómo se vio el anuncio de un posible
acuerdo de la empresa con algunos sectores de la zona del Huasco, la abogada comenta
que la información constituyó para ambos una evidente sorpresa mientras
participaban en Montreal, pues la comunidad Diaguita de los Huascoaltinos no
ha tenido ningún acercamiento con la
empresa que permitiera decir que hay posibilidades de que el proyecto tenga
licencia social.
También denunciaron ante el Tribunal de los Pueblos la
proliferación de organizaciones indígenas en la zona, entre las cuales se
encuentran las que mantienen esta interlocución. “La práctica de tratar de levantar organizaciones
paralelas a la organización tradicional es común en todos los proyectos
mineros, precisamente para debilitar su función política y los derechos
demandados, los que finalmente terminan siendo disputados por estos grupos
paralelos y funcionales a los intereses empresariales”, aclaró Nancy Yáñez.
Por su parte el representante de la Comunidad Agrícola
Diaguita Huascoaltinos, Sergio Campusano, destacó el buen trato y acogida del
tribunal sus requerimientos como miembro de un “Pueblo Originario”, afectado e
invadido por la minería.
Empresas de mala
reputación y TPP
Las empresas canadienses de minería son mundialmente
conocidas por los conflictos y perjuicios ambientales que causan en los países
donde se asientan, en especial en América Latina. Durante la sesión del TPP se analizaron
algunos casos paradigmáticos, como los proyectos Pascua Lama (empresa Barrick
Gold), en Chile y Argentina; Escobal (empresa Tahoe Resources), en Guatemala;
San Martín (Goldcorp), en Honduras; además de Payback (Black fire Exploration)
y Platosa (ExcellonResources), en México.
En ella participaron representantes de pueblos afectados, activistas
ambientales y especialistas.
El Tribunal Permanente de los Pueblos fue fundado en 1979 en
Italia, por el abogado y senador Lelio Basso, y esta es la primera vez que
sesiona en Canadá. El país fue elegido
pues en él se agrupa el 75% de la industria minera mundial, siendo los
megaproyectos de esta industria responsables de numerosos conflictos en países
donde actúan empresas canadienses. En
América Latina, el 90% de los conflictos sociales involucran a empresas de ese
país.
"El Tribunal se propone ser un lugar de investigación,
una tribuna y un espacio de intercambio para las personas y colectividades
afectadas por la industria minera en Canadá y en el mundo. Testigos y especialistas son invitados a
atestiguar, trasmitir experiencias e historias ante un tribunal de jueces
compuesto por personalidades públicas de diferentes países”, destaca el TPP-Canadá.
Con sede en la Fundación Lelio y Lisli Basso, es un órgano
independiente nacido de los pueblos, para examinar violaciones sistemáticas de
derechos. Se interesa particularmente de
las situaciones dónde la justicia nacional e internacional se muestra incapaz
de asegurar el respeto de los derechos humanos.
* Elias Paillan Coñoepan es Periodista - Comunicador Social del Wallmapu
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