Los desaparecidos de EE.UU.
X Chris Hedges/ Traducido X Silvia Arana para Rebelión/Rebelión
La Dra. Silvia Quintela fue "desaparecida" por los
escuadrones de la muerte en Argentina en 1977 cuando estaba embarazada de
cuatro meses con su primer hijo. Fue mantenida con vida en una base militar
hasta que dio a luz a su hijo y luego, al igual que otras víctimas de la junta
militar, fue probablemente drogada, desnudada, encadenada a otras víctimas
inconscientes y apilada en un avión de carga que formaba parte de los
"vuelos de la muerte" en los que se eliminó a una cifra estimada de
20.000 personas desaparecidas. Los vuelos militares con su carga humana inerte
volaban sobre el Atlántico de noche y los cuerpos encadenados eran arrojados en
el océano. La Dra. Quintela, que trabajaba en las villas miserias de la ciudad
de Buenos Aires, tenía 28 años cuando fue asesinada.
Un médico militar, el Mayor Norberto Atilio Bianco, que fue extraditado el viernes desde Paraguay a Argentina por tráfico de bebés, está acusado de haberse apropiado del bebé de la Dra. Quintela al igual que de una docena, quizás cien, niños más. Los niños fueron entregados a familias militares en adopción. Testigos reportaron haber visto a Bianco, quien estaba a cargo de la unidad clandestina de maternidad que funcionó durante la Guerra Sucia en el hospital militar de Campo de Mayo, sacando personalmente a los bebés del hospital. También se quedó con uno de los niños. El jueves, en Argentina, se condenó al General Retirado Héctor Gamen y al Coronel Hugo Pascarelli por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino "El Vesubio", adonde 2.500 personas fueron torturadas entre 1976 y 1978. Fueron condenados a cadena perpetua. Desde el 2005, con la anulación de la ley de amnistía que protegía a los militares, Argentina ha abierto juicios contra 807 personas por crímenes de lesa humanidad, de los cuales, hasta ahora sólo 212 han recibido sentencia. Ha sido, para aquellos de nosotros que vivimos en Argentina durante la dictadura militar, una marcha dolorosamente lenta hacia la justicia.
La mayoría de los desaparecidos en Argentina no fueron activistas armados sino líderes gremiales, organizadores comunitarios, intelectuales de izquierda, activistas estudiantiles y aquellos que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pocos estaban conectados con los grupos armados de resistencia. En efecto, en el momento del golpe de estado de 1976, los grupos de guerrilla armada, como los Montoneros, habían sido diezmados. Estos grupos armados, como Al-Qaida en su lucha contra Estados Unidos, nunca significaron una amenaza a la existencia del régimen, pero la campaña nacional contra el terrorismo, tanto en Argentina como en EE.UU. se convirtió en una excusa para subvertir el sistema legal, instaurar el miedo y la pasividad en la masa popular y formar un vasto sistema de prisiones clandestinas con torturadores e interrogadores, funcionarios gubernamentales y abogados que operan más allá de la ley. La tortura, las detenciones prolongadas sin juicios, las humillaciones sexuales, las violaciones, las desapariciones, la extorsión, el saqueo, los asesinatos y abusos han devenido, como en Argentina durante la Guerra Sucia, parte de nuestro mundo subterráneo de sitios de detención y centros de tortura.
Los estadounidenses hemos reescrito nuestras leyes, como lo hicieron los argentinos, para legalizar los crímenes. John Rizzo, el ex representante legal de la CIA, aprobó los ataques con drones que mataron a cientos de personas, muchos de ellos civiles, en Pakistán, aunque EE.UU. no estaba en guerra con Pakistán. Rizzo admitió que él autorizó técnicas de interrogación severas. Le dijo a Newsweek que la CIA disponía de una lista de personas a asesinar. En la entrevista, preguntó: "¿Cuantos profesores de leyes han firmado una orden de muerte?". Rizzo, en términos morales, no se diferencia en nada del deportado Dr. Bianco de Argentina, y es por ello que abogados de Gran Bretaña y Pakistán están pidiendo su extradición a Pakistán bajo cargo de asesinato. Esperemos que logren su objetivo.
Sabemos que al menos 100 detenidos murieron durante los interrogatorios en nuestros "sitios negros", muchos de ellos a causa de los golpes y maltrato en manos de los interrogadores. Hay probablemente muchos, muchos más cuya suerte nunca será revelada. Decenas de miles de hombres musulmanes han pasado por los centros de detención clandestina de EE.UU. sin un proceso legal. "Hemos torturado si piedad a gente. Probablemente hemos matado a docenas de personas..., ambos las fuerzas armadas y la CIA", admitió el General Retirado Barry McCaffrey.
Los cuerpos de muchas de esas víctimas nunca fueron entregados a sus familiares. Desaparecieron. La muerte anónima es la forma más cruel de la muerte. No hay un fin de duelo para los deudos. No hay manera de que los familiares puedan conmemorar el fin de una vida, con una fecha, un ritual y un lugar. La atrocidad se hace más compleja con la atrocidad cometida contra la memoria. Este sacrilegio es desgarrador para los familiares. Los regímenes usan los centros clandestinos de detención, los asesinatos y las muertes anónimas para poner a la población en estado de agitación, perturbación y desequilibrio. Genera una locura colectiva. La acción del estado de "desaparecer" a personas en sitios negros, manteniéndolas prisioneras por años sin juicio y torturando, asegura que pronto estas técnicas serán parte rutinaria de control doméstico.
Decenas de miles de estadounidenses están detenidos en prisiones de máxima seguridad, adonde son privados de contacto humano y destruidos sicológicamente. Los trabajadores indocumentados son detenidos en redadas, y sus familias no saben nada de ellos por semanas o meses. Las unidades de la policía militarizada rompen las puertas de unos 40.000 estadounidenses cada año y se los llevan en la oscuridad de la noche como si fueran enemigos combatientes. Ya no existe el habeas corpus. Los ciudadanos estadounidenses pueden ser asesinados "legalmente". Los secuestros ilegales, llamados eufemísticamente "rendiciones extraordinarias" son un sello de la guerra contra el terrorismo. La evidencia secreta hace imposible que los acusados y sus abogados puedan saber qué cargos hay contra ellos. Todo esto fue experimentado por los argentinos. La violencia doméstica, ya sea en forma de movilizaciones sociales, revueltas u otro ataque terrorista catastrófico en territorio estadounidense, podrían, me temo, poner de manifiesto las herramientas brutales del imperio cimentado en la patria. En ese punto, nos embarcaríamos en nuestra propia versión de la Guerra Sucia.
Marguerite Feitlowitz se refiere en "The Lexicon of Terror" a las experiencias de un preso argentino, el físico Mario Villani. Se muestra el colapso del universo moral de los torturadores cuando, entre sesiones de tortura, los guardias llevan a Villani y a unas mujeres embarazadas a un parque de diversiones. Les hacen subir a un trencito, y luego los llevan a un café a tomar una cerveza. Uno de los guardias, Sangre, su nombre de guerra, lleva a su hija de unos 6 o 7 años al centro de detenciones para que conozca a Villani y a otros presos. Pocos años después, Villani se cruza por la calle con uno de sus principales torturadores, un sadista conocido en los campos de concentración como El Turco Julián. Julián le recomienda a Villani que vaya a ver a otro ex preso para conseguir un trabajo. La manera en la que la tortura se hizo una rutina, parte del trabajo diario, contribuyó a insensibilizar a los torturadores frente a sus propios crímenes. Visualizaban a la tortura como parte de su trabajo. Años después, esperaban incluso que sus víctimas la consideraran desde la misma lógica torcida.
Un médico militar, el Mayor Norberto Atilio Bianco, que fue extraditado el viernes desde Paraguay a Argentina por tráfico de bebés, está acusado de haberse apropiado del bebé de la Dra. Quintela al igual que de una docena, quizás cien, niños más. Los niños fueron entregados a familias militares en adopción. Testigos reportaron haber visto a Bianco, quien estaba a cargo de la unidad clandestina de maternidad que funcionó durante la Guerra Sucia en el hospital militar de Campo de Mayo, sacando personalmente a los bebés del hospital. También se quedó con uno de los niños. El jueves, en Argentina, se condenó al General Retirado Héctor Gamen y al Coronel Hugo Pascarelli por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino "El Vesubio", adonde 2.500 personas fueron torturadas entre 1976 y 1978. Fueron condenados a cadena perpetua. Desde el 2005, con la anulación de la ley de amnistía que protegía a los militares, Argentina ha abierto juicios contra 807 personas por crímenes de lesa humanidad, de los cuales, hasta ahora sólo 212 han recibido sentencia. Ha sido, para aquellos de nosotros que vivimos en Argentina durante la dictadura militar, una marcha dolorosamente lenta hacia la justicia.
La mayoría de los desaparecidos en Argentina no fueron activistas armados sino líderes gremiales, organizadores comunitarios, intelectuales de izquierda, activistas estudiantiles y aquellos que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pocos estaban conectados con los grupos armados de resistencia. En efecto, en el momento del golpe de estado de 1976, los grupos de guerrilla armada, como los Montoneros, habían sido diezmados. Estos grupos armados, como Al-Qaida en su lucha contra Estados Unidos, nunca significaron una amenaza a la existencia del régimen, pero la campaña nacional contra el terrorismo, tanto en Argentina como en EE.UU. se convirtió en una excusa para subvertir el sistema legal, instaurar el miedo y la pasividad en la masa popular y formar un vasto sistema de prisiones clandestinas con torturadores e interrogadores, funcionarios gubernamentales y abogados que operan más allá de la ley. La tortura, las detenciones prolongadas sin juicios, las humillaciones sexuales, las violaciones, las desapariciones, la extorsión, el saqueo, los asesinatos y abusos han devenido, como en Argentina durante la Guerra Sucia, parte de nuestro mundo subterráneo de sitios de detención y centros de tortura.
Los estadounidenses hemos reescrito nuestras leyes, como lo hicieron los argentinos, para legalizar los crímenes. John Rizzo, el ex representante legal de la CIA, aprobó los ataques con drones que mataron a cientos de personas, muchos de ellos civiles, en Pakistán, aunque EE.UU. no estaba en guerra con Pakistán. Rizzo admitió que él autorizó técnicas de interrogación severas. Le dijo a Newsweek que la CIA disponía de una lista de personas a asesinar. En la entrevista, preguntó: "¿Cuantos profesores de leyes han firmado una orden de muerte?". Rizzo, en términos morales, no se diferencia en nada del deportado Dr. Bianco de Argentina, y es por ello que abogados de Gran Bretaña y Pakistán están pidiendo su extradición a Pakistán bajo cargo de asesinato. Esperemos que logren su objetivo.
Sabemos que al menos 100 detenidos murieron durante los interrogatorios en nuestros "sitios negros", muchos de ellos a causa de los golpes y maltrato en manos de los interrogadores. Hay probablemente muchos, muchos más cuya suerte nunca será revelada. Decenas de miles de hombres musulmanes han pasado por los centros de detención clandestina de EE.UU. sin un proceso legal. "Hemos torturado si piedad a gente. Probablemente hemos matado a docenas de personas..., ambos las fuerzas armadas y la CIA", admitió el General Retirado Barry McCaffrey.
Los cuerpos de muchas de esas víctimas nunca fueron entregados a sus familiares. Desaparecieron. La muerte anónima es la forma más cruel de la muerte. No hay un fin de duelo para los deudos. No hay manera de que los familiares puedan conmemorar el fin de una vida, con una fecha, un ritual y un lugar. La atrocidad se hace más compleja con la atrocidad cometida contra la memoria. Este sacrilegio es desgarrador para los familiares. Los regímenes usan los centros clandestinos de detención, los asesinatos y las muertes anónimas para poner a la población en estado de agitación, perturbación y desequilibrio. Genera una locura colectiva. La acción del estado de "desaparecer" a personas en sitios negros, manteniéndolas prisioneras por años sin juicio y torturando, asegura que pronto estas técnicas serán parte rutinaria de control doméstico.
Decenas de miles de estadounidenses están detenidos en prisiones de máxima seguridad, adonde son privados de contacto humano y destruidos sicológicamente. Los trabajadores indocumentados son detenidos en redadas, y sus familias no saben nada de ellos por semanas o meses. Las unidades de la policía militarizada rompen las puertas de unos 40.000 estadounidenses cada año y se los llevan en la oscuridad de la noche como si fueran enemigos combatientes. Ya no existe el habeas corpus. Los ciudadanos estadounidenses pueden ser asesinados "legalmente". Los secuestros ilegales, llamados eufemísticamente "rendiciones extraordinarias" son un sello de la guerra contra el terrorismo. La evidencia secreta hace imposible que los acusados y sus abogados puedan saber qué cargos hay contra ellos. Todo esto fue experimentado por los argentinos. La violencia doméstica, ya sea en forma de movilizaciones sociales, revueltas u otro ataque terrorista catastrófico en territorio estadounidense, podrían, me temo, poner de manifiesto las herramientas brutales del imperio cimentado en la patria. En ese punto, nos embarcaríamos en nuestra propia versión de la Guerra Sucia.
Marguerite Feitlowitz se refiere en "The Lexicon of Terror" a las experiencias de un preso argentino, el físico Mario Villani. Se muestra el colapso del universo moral de los torturadores cuando, entre sesiones de tortura, los guardias llevan a Villani y a unas mujeres embarazadas a un parque de diversiones. Les hacen subir a un trencito, y luego los llevan a un café a tomar una cerveza. Uno de los guardias, Sangre, su nombre de guerra, lleva a su hija de unos 6 o 7 años al centro de detenciones para que conozca a Villani y a otros presos. Pocos años después, Villani se cruza por la calle con uno de sus principales torturadores, un sadista conocido en los campos de concentración como El Turco Julián. Julián le recomienda a Villani que vaya a ver a otro ex preso para conseguir un trabajo. La manera en la que la tortura se hizo una rutina, parte del trabajo diario, contribuyó a insensibilizar a los torturadores frente a sus propios crímenes. Visualizaban a la tortura como parte de su trabajo. Años después, esperaban incluso que sus víctimas la consideraran desde la misma lógica torcida.
Human Rights Watch en el reporte "Inmunidad ante la
tortura: El gobierno de Bush y el maltrato a detenidos" declaró que hay
"una cantidad extraordinaria de evidencia de tortura implementada por el
gobierno de Bush". El Presidente Barack Obama, continúa el reporte, está
obligado a "ordenar una investigación de los alegatos de abuso de
detenidos autorizado por el ex Presidente George W. Bush y otros funcionarios
de alto rango".
Pero Obama no tienen intenciones de restaurar la ley. No sólo se niega a investigar los flagrantes crímenes de guerra, sino que ha otorgado inmunidad a aquellos que han programado, dirigido y ejecutado torturas. Al mismo tiempo, incrementó drásticamente los crímenes de guerra, incluyendo los ataques con drones en Pakistán. Continúa presidiendo sobre cientos de colonias penales en ultramar, adonde el abuso y la tortura son moneda corriente. Es cómplice de los asesinos y torturadores.
La única manera posible de regresar a la legalidad sería revisando caso por caso, extradición por extradición, juicio por juicio. Si regresáramos a la legalidad, Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, el ex Director de la CIA George Tenet, Condoleezza Rice y John Ashcroft serían enjuiciados. Los abogados que legalizaron las acciones que bajo las leyes internacionales y nacionales son ilegales, incluyendo no sólo a Rizzo sino a Alberto González, Jay Bybee, David Addington, William J. Haynes y John Yoo, deberían perder sus matrículas y ser enjuiciados, si queremos salir de esta ciénaga. Nuestros líderes militares de mayor experiencia, incluyendo el General David Petraeus, que supervisaron escuadrones de la muerte en Irak y tortura indiscriminada de vasto alcance en las prisiones clandestinas, serían llevados al banquillo de los acusados, como los generales en Argentina, y obligados a responder por sus crímenes. Ese es el único camino. Si sucediera, sucedería sólo por la acción de unas pocas almas valientes, como la del abogado y presidente del Centro por los Derechos Constitucionales, Michael Ratner. Tomará tiempo, mucho tiempo; los crímenes cometidos por Bianco y los dos ex oficiales condenados este mes sucedieron hace cuatro décadas. Si no sucediera, entonces, continuaríamos nuestro descenso en un estado policial de terror y miseria humana en el que los guardias, en un capricho, nos sacarán de nuestras celdas para llevarnos a un parque de diversiones, para hacernos dar una vuelta en un trencito, paralizados y atónitos, antes de nuestra próxima sesión de tortura.
Pero Obama no tienen intenciones de restaurar la ley. No sólo se niega a investigar los flagrantes crímenes de guerra, sino que ha otorgado inmunidad a aquellos que han programado, dirigido y ejecutado torturas. Al mismo tiempo, incrementó drásticamente los crímenes de guerra, incluyendo los ataques con drones en Pakistán. Continúa presidiendo sobre cientos de colonias penales en ultramar, adonde el abuso y la tortura son moneda corriente. Es cómplice de los asesinos y torturadores.
La única manera posible de regresar a la legalidad sería revisando caso por caso, extradición por extradición, juicio por juicio. Si regresáramos a la legalidad, Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, el ex Director de la CIA George Tenet, Condoleezza Rice y John Ashcroft serían enjuiciados. Los abogados que legalizaron las acciones que bajo las leyes internacionales y nacionales son ilegales, incluyendo no sólo a Rizzo sino a Alberto González, Jay Bybee, David Addington, William J. Haynes y John Yoo, deberían perder sus matrículas y ser enjuiciados, si queremos salir de esta ciénaga. Nuestros líderes militares de mayor experiencia, incluyendo el General David Petraeus, que supervisaron escuadrones de la muerte en Irak y tortura indiscriminada de vasto alcance en las prisiones clandestinas, serían llevados al banquillo de los acusados, como los generales en Argentina, y obligados a responder por sus crímenes. Ese es el único camino. Si sucediera, sucedería sólo por la acción de unas pocas almas valientes, como la del abogado y presidente del Centro por los Derechos Constitucionales, Michael Ratner. Tomará tiempo, mucho tiempo; los crímenes cometidos por Bianco y los dos ex oficiales condenados este mes sucedieron hace cuatro décadas. Si no sucediera, entonces, continuaríamos nuestro descenso en un estado policial de terror y miseria humana en el que los guardias, en un capricho, nos sacarán de nuestras celdas para llevarnos a un parque de diversiones, para hacernos dar una vuelta en un trencito, paralizados y atónitos, antes de nuestra próxima sesión de tortura.
Fuente Señales de los Tiempos, Signs of the Times fundado X Laura Knight-Jadczyk
en 2002, historiadora
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