Conflicto forestal e hidroeléctrico en territorio Mapuche es
expuesto en conferencia internacional de Derechos Humanos
Enviado X Pulchetun
En una conferencia internacional de Derechos Humanos sobre
el acceso de los Pueblos a la Tierra y los Recursos Naturales y que analizó las
políticas de inversiones y despojo territorial por continente, fueron
expuestos los conflictos de la industria forestal y proyectos hidroeléctricos
en el centro sur de Chile.
La actividad organizada por IWGIA de Dinamarca este 29 y 30
de Octubre en Copenhague, reunió a diversas organizaciones de Derechos Humanos,
ambientalistas, representaciones de las cancillerías de Finlandia y danesa,
donde también intervino Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Allí se expusieron
dos casos de análisis por continente, que incluyó la situación de Colombia y
Chile por el continente americano.
Uno de los elementos tratados en forma general, fue el
acaparamiento de tierras y en especial, la adquisición de tierras a gran escala
con fines industriales o comerciales, tales como la producción agrícola y de
biocombustibles, la minería y las concesiones madereras o de monocultivo
forestal, entre otros temas. En estos casos las tierras son adquiridas por
inversores en lugar de productores, y a menudo estos inversores son
extranjeros. Durante el proceso, la consulta con las comunidades locales y la
compensación de estas son muy limitadas, si es que existen, y no se garantizan
la sostenibilidad medioambiental ni el control y acceso a los recursos
naturales de manera equitativa.
A continuación, parte de los análisis expuestos sobre la
situación en Chile, concentrado en el conflicto forestal, donde empresarios
como Angelini (Forestal Arauco) acaparan más 1.200.000 hectáreas y el grupo
Matte (Forestal Mininco), más de 750.000 hectáreas, terrenos emplazados en el
centro sur de Chile y que involucran territorio ancestral Mapuche. Asimismo, se
dio cuenta de la situación que enfrentan numerosas comunidades a causa del
conflicto hidroeléctrico debido a múltiples proyectos de energía por parte de
empresas en territorio Mapuche y que involucran lugares de enorme significación
espiritual.
El conflicto forestal en Chile y territorio Mapuche
El Estado chileno sigue potenciando la forestación de
monocultivo de especies exóticas mediante la prórroga del decreto 701, que fue
creado en 1974 y que pretende duplicar las plantaciones exóticas de pino y
eucaliptus. Este cuadro legislativo pone en el tapete la proyección de la
herencia y el modelo impuesto por la dictadura militar, consolidando la
depredación, el asesinato de la vida rural y la acumulación de riquezas para
ciertos grupos privilegiados, en desmedro de las posibilidades de definir
nuevas formas de desarrollo que revitalicen la vida rural y que fortalezcan las
economías locales.
Es necesario recordar que el decreto 701 aceleró la
expansión de los monocultivos, la concentración de grandes extensiones de
tierra y el traspaso de las principales empresas de este rubro del Estado a los
grupos económicos de Angelini y Matte, así como de tierras de propiedad estatal
tras la Reforma Agraria: de un total de 10 millones de has. expropiadas, 3
millones -ubicadas en la faja costera- fueron vendidas en licitaciones públicas.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) fue autorizada para enajenar las
tierras de la contrarreforma, muchas de las cuales aún eran ocupadas por
comunidades mapuche o campesinas. Además se bonificó en un 75% los costos de
plantación, manejo y administración, eliminando la tributación y cubriendo casi
la totalidad de los costos para las grandes empresas forestales.
En 1979 se implementó la división de las tierras
comunitarias mapuche y la entrega de títulos individuales de propiedad privada,
favoreciendo un contexto tendiente a la desaparición rural. En 1980, la
Corporación Chilena de la Madera, que agrupa a los principales empresarios
forestales en Chile, intervino directamente en la confección del reglamento del
DL 701 sobre Fomento Forestal, consolidando el patrimonio y expansión de estas
empresas. Desde entonces las exportaciones forestales han constituido una alta
prioridad para los sucesivos gobiernos chilenos “democráticos”, que desde 1989
hasta nuestros días han seguido apoyando y promoviendo la forestación,
estableciendo diversos acuerdos multilaterales de mercado y contribuyendo al
aumento de las fortunas de sus grupos económicos.
Las comunas ocupadas por monocultivos forestales (Maule, Bío
Bío y La Araucanía) registran una disminución en la disponibilidad de agua, así
como los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza del país. En la
Araucanía entre enero y febrero del 2012 unas 46 mil personas de zonas rurales
sufrieron la falta de agua (los monocultivos actúan como verdaderas bombas de
agua), afectando seriamente la agricultura de subsistencia. Asimismo, las
localidades forestales entre el Bio Bio y la Araucanía, a pesar de las
abultadas utilidades que perciben las compañías, concentran los mayores niveles
de pobreza del país.
La proliferación de monocultivos ha afectado también los
suelos ganaderos, de bosque nativo o agrícola, lo que conlleva pérdida de
soberanía y seguridad alimentaria, así como de fuentes activas de trabajo,
repercutiendo en el desplazamiento de población rural. La Fundación para la
Superación de la Pobreza señala que el escenario para las zonas rurales de la
Araucanía es crítico, sobre todo para la pobreza indigente que del 6,5% de 2006
sube a un 9,9% en 2009.
Otras consecuencias que han sido permanentemente denunciadas
por comunidades y organizaciones han sido: desplazamiento del Bosque Nativo;
uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas;
acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; destrucción de
caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada,
principalmente en tiempos de cosecha; pérdida de flora y fauna y de plantas
medicinales y alimenticias; trasgresión de lugares sagrados, y peligros de
plagas como la avispa taladradora.
Aún así, desde el segundo semestre del 2012 el Ministerio de
Agricultura, a través de CONAF, viene promoviendo la prórroga del decreto 701,
en miras a fortalecer la forestación, argumentando beneficios para las
comunidades indígenas de la región. En la propuesta los pequeños y medianos
propietarios recibirían porcentajes mayores de bonificaciones por hectáreas
plantadas, y se considera la entrega de incentivos sobre costos de producción,
agregando nuevas formas como el de “servicios ambientales”. Esta medida ha sido
celebrada por sectores políticos legislativos del oficialismo y la oposición y
se ha considerado como un importante “beneficio y oportunidad”. Sin embargo
esta estrategia beneficia nuevamente a las grandes compañías, que no
necesitarían adquirir más predios, con los riesgos de conflictos y disputas
territoriales que esto implica, si no que anexa de manera encubierta los
predios de comunidades y campesinos, siendo las propias empresas las que
tendrán luego el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones.
Otro de los puntos en cuestión es el viciado proceso que se
ha llevado adelante transgrediendo normas como el Convenio 169 de la OIT y que
pone en entredicho la buena fe de la consulta, de acuerdo a las obligaciones
estatales con las normas internacionales.
Hoy, parlamentarios del congreso chileno están en fase de
discusión donde existen intentos de imposición de una nueva arremetida para su
expansión.
Rechazar este decreto y su prórroga es abrir una nueva
oportunidad para discutir sobre el nuevo marco normativo de fomento forestal,
bajo criterios democráticos y que vayan de acuerdo con los intereses y
necesidades de los habitantes de los diversos territorios y sus economías
locales.
El conflicto hidroeléctrico en territorio Mapuche
Múltiples proyectos hidroeléctricos con el propósito
de generar suministro eléctrico a la minería, están generando una grave
situación de vulnearbilidad a los derechos humanos de las comunidades Mapuche
cuyos suelos ancestrales de enorme importancia en aspectos sociales, culturales,
económicos y ambientales se ven amenazados y constreñidos conllevando a una
generalizada situación de racismo y discriminación hacia sus habitantes.
Diversos proyectos se emplazan sobre suelo ancestral,
mayoritariamente en las siguientes regiones: Bio Bio, Araucanía y de los ríos.
Algunos de estos proyectos afectan a lugares sagrados de
enorme significación cultural, espiritual y religiosa del Pueblo Mapuche.
Los proyectos en cuestión han sido ingresados al “Servicio
de Evaluación Ambietal” –SEA-, sistema administrativo del Estado chileno
encargado de su calificación ambiental y corresponden a:
-
Proyecto Hidroeléctrico de la Empresa GTD (socia de la trasnacional española
ENHEL) “Añihuerraqui”, sector Trancura, comuna de Curarrehue, Región de
la Araucanía;
-
Proyecto Hidroeléctrico “Central de Pasada El Rincón”, Titular Manuel Madrid
-Empresa ENACON-(socio de la transnacional brasileña Latin American Power del
multimillonario Andre Esteves), Lugar Truful Truful, Territorio Lifko, Comuna de
Melipeuco;
-
Proyecto Hidroeléctrico Neltume, Titular Endesa Enel (de origen español –
italiano), comuna de Panguipulli, Región de los ríos.
-
Proyecto hidroeléctrico “Los Aromos”, territorio ancestral Karilafken
(capitales locales con inversionistas particulares de España), comunas de
Pitrufquen y Freire, Región de la Araucanía.
-
Proyecto hidroeléctrico “Pilmaiquen” (Capitales locales y extrajeros, que
involucra asimismo intereses de inversión de ex ministros de la dictadura
militar de Pinochet), comuna de Rio Bueno, Región de los ríos.
Los proyectos hidroeléctricos que se emplazan en territorio
ancestral Mapuche han ingresado de manera inconsulta sin que el estado chileno
cumpla sus obligaciones en materia de garantías y procesos de información
previa y libre de acuerdo a las normas internacionales, estando
ratificado el convenio 169 de la OIT en Chile desde el año 2008, existiendo en
plena vigencia de este tratado internacional activas operaciones de las
empresas en los territorios generando serias divisiones y conflictos en las
comunidades con severas transgresiones de derechos.
Los proyectos que afectan lugares sagrados Mapuche,
están descritos en diversos informes socio culturales y antropológicos
establecidos por profesionales competentes e incluso por la propia
institucionalidad pública.
Para diversas organizaciones Mapuche y de Derechos Humanos,
esta situación general, intensifica las prácticas discriminadoras contra el
Pueblo Mapuche al priorizar el Estado chileno la imposición de proyectos que
alteran y/o afectan la vida rural de las comunidades en las escasas tierras que
poseen y que se tornan “expropiables”, con diversos antecedentes como
precedentes y que están relacionados a despojos, usurpaciones, negaciones,
transgresiones, colonialismo y neocolonialismo en el devenir, a causa de
políticas estatales racistas, de los cuales, diversos órganos de las Naciones
Unidas, están en conocimiento.
Estos actos propician la desprotección de los recursos
naturales en los territorios ancestrales de las Comunidades con uso y
costumbres tradicionales cuya reproducción se liga al equilibrio ambiental y
afectan a sus propios planes de desarrollo que ya han sido estipulados y que se
anexan en esta comunicación.
Finalmente, no se está respetando los planes de desarrollo
de acuerdo a los propios intereses y necesidades de las comunidades que señalan
las normas internacionales de derechos de los Pueblos indígenas.
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