No nos someteremos: Los derechos del pueblo palestino no son
negociables
X Hanady Muhiar*/ Resumen Latinoamericano / Rebelión
El
pasado 24 de julio, decenas de miles de palestinos respondían contundentemente
a la convocatoria de una Marcha de 48.000 palestinos “por la libertad y la
dignidad nacional.” El llamamiento leía: “por la humanidad y la justicia. En
contra de la ocupación israelí y los brutales ataques sobre la Franja de Gaza.”
Desde ese día, convocatorias similares no han dejado de sucederse en
Cisjordania, convocatorias, a las que no se ha dado ninguna cobertura
mediática. La primera marcha, que partía del campo de refugiados del Ama’ari en
la ciudad de Ramallah, pretendía llegar simbólicamente a la ciudad de
Jerusalén, y se convocaba para la noche de Al Qader -Noche del Destino-, la
noche más importante del Ramadán y la más sagrada del año musulmán.
Más allá del hecho de que se eligiera una fecha religiosa
representativa, o del número de participantes, o del más de un centenar de
heridos y las dos víctimas mortales resultantes, la marcha tiene un alto
contenido simbólico y, sobre todo, político.
El trazado de la ruta, que no tiene más de 14 km de largo,
supone un viaje por los últimos 66 años de historia y catástrofe que sigue
viviendo hoy el pueblo Palestino, y pone de manifiesto de manera explicita la
continuada política colonial israelí de anexión territorial y expulsión
sistemática de la población palestina, para satisfacer el objetivo sionista de
re-establecer un Estado [exclusivamente] judío en la tierra del Israel bíblico.
Un objetivo que se materializa a través del expolio de las propiedades y
mediante la eliminación, la expulsión y la sustitución progresiva del pueblo
palestino por población judía.
Pero además, expone tres cuestiones políticas y de derecho
clave que explicarían el supuesto fracaso del llamado Proceso de Paz y
evidencian la situación de ilegalidad internacional con la que hemos inaugurado
el primer cuarto del siglo XXI: 1.- la violación del derecho al retorno de los
refugiados palestinos, 2.- la ocupación y la anexión ilegal de la ciudad de
Jerusalén y, 3.- la búsqueda permanente de la indefinición de fronteras
bendecida por el Proceso de Paz, que ha resultado en la anexión ilegal y
sistemática del territorio palestino y la creación de facto de un único Estado
en el que reina la discriminación, la segregación, la dominación y la expulsión
sistemática del pueblo palestino, haciendo imposible la predicada solución de
dos estados.
La violación del derecho al retorno de los refugiados
palestinos
Naciones Unidas denomina refugiados de Palestina a “todas
las personas y sus descendientes que entre junio de 1946 y mayo de 1948 vivían
en la Palestina del Mandato Británico y que al finalizar la guerra de 1948,
habían sido forzadas a abandonar sus hogares y propiedades originales.”
Prácticamente la totalidad de la población palestina, que vivía dentro de las
fronteras del territorio que pasaría a ser reconocido como el actual Estado de
Israel, fue forzada a abandonar sus hogares y propiedades originales.
De los aproximadamente 1.300.000 palestinos que vivían
dentro de lo que hoy es Israel, tan sólo quedarían unos 150.000 palestinos al
finalizar la Guerra de 1948. Israel redujo la población palestina existente al
11’5% de la población original para así satisfacer su objetivo de crear un
Estado exclusivamente judío con una minoría aceptable no judía. Algo que Israel
celebra como la Independencia, los palestinos recuerdan como la “Nakba”, y es
lo que hoy muchos historiadores no dudan en llamar la limpieza étnica del
pueblo palestino.
La gran mayoría de los Palestinos que sobrevivieron a la
Guerra, fueron forzados a huir fuera de las fronteras de Israel, y se
encuentran hoy exiliados o refugiados por todo el mundo, principalmente en
Cisjordania, Gaza, Jordania, Siria y el Líbano. Según Badil -Centro de Recursos
sobre los derechos de residencia y de los refugiados palestinos- de un total de
10’6 millones de palestinos en todo el mundo (datos de 2008), 7’1 millones son
refugiados o desplazados forzosos. Es decir, un 67% de la población total
palestina ha sido forzada a abandonar sus hogares resultado de las políticas y
prácticas sistemáticas de colonización, ocupación y apartheid israelíes desde
1948. De estos, 6’6 millones (93%) son refugiados de 1948, de los cuales 1’1
millones se encuentran en Gaza. La UNRWA ofrece asistencia a unos 5 millones,
de los que aproximadamente un 30% sigue viviendo hoy en campos de refugiados.
Además, los refugiados palestinos constituyen, según las Naciones Unidas, una
tercera parte de la población refugiada mundial y es el caso de refugio más
antiguo sin resolver de la historia.
De aquellos 150.000 palestinos que no cruzaron fronteras
internacionales, y que permanecieron dentro de las fronteras de lo que pasaría
a ser reconocido como el actual Estado de Israel al finalizar la guerra, unos
40.000 pasarían a ser desplazados internos de 1948. A todos ellos, los palestinos
les llama “palestinos del interior” o “palestinos del 48”, e Israel les
denomina “árabes-israelíes”. En la actualidad, constituyen aproximadamente
entre un 20% y un 25% de la población total de Israel.
Pero la política de desplazamiento forzoso y expulsión del
pueblo palestino no terminó al finalizar la guerra.
Israel establecería un gobierno militar sobre los palestinos
que permanecieron en el interior, que duraría hasta 1966, y aplicaría toda una
serie de regulaciones que les impidiera volver a sus hogares originales y que
permitiera al nuevo Estado confiscar sus propiedades. La “Ley de la Propiedad
Ausente” de 1950, entre otras, trataría como ausentes a todos los palestinos
-los ausentes y los presentes-, para así facilitar la colonización de sus tierras.
Además, Israel volvería a expulsar a aquellos que intentaron regresar a sus
casas alegando razones de seguridad, y trasladó por la fuerza a aquellos que no
se habían movido a lo que llamaría “pueblos refugio”, una especie de guetos que
vivían en condiciones similares a los guetos palestinos de Cisjordania hoy. Los
palestinos vivirían recluidos, con grandes restricciones a la movilidad y
sometidos a
otro sin fin de violaciones de sus derechos y libertades
fundamentales.
Una vez vació los pueblos palestinos, Israel procedió a
destruirlos. Según el historiador Walid Khalidi, de un total de 420 pueblos
palestinos, solo 6 no fueron destruidos. En las tierras de algunos de esos
pueblos Israel construiría ciudades nuevas, pero en muchos otros procedió a
plantar bosques para ocultar cualquier rastro de la existencia de una población
palestina anterior. La gran frase propagandística para la promoción de la
inmigración judía a Israel fue la de “una tierra sin pueblo, para un pueblo sin
tierra” y esta fue la manera de escenificar la gran obra de creación del Estado
judío.
En 1966, Israel levanta el gobierno militar. Los palestinos
urbanos volvieron a sus ciudades de origen, accedieron a la ciudadanía israelí,
pero Israel no les permitió retornar a sus casas originales, y a día de hoy
siguen siendo víctimas de lo que se viene denominando “discriminación legal”.
Un sin fin de regulaciones
discriminatorias que limitan la participación de los palestinos en los
procesos de la que dice ser “la única democracia de Oriente Próximo”, fomentan
la segregación, y cuyo objetivo último es también la expulsión. Israel los
considera ciudadanos, pero nunca los considerará nacionales de pleno derecho,
un derecho reservado únicamente a la población judía. Muchos otros, sin
embargo, nunca fueron reconocidos por el Estado de Israel y, a día de hoy, les
sigue tratando como si no existieran. Son los
palestinos no reconocidos, que viven en 176 pueblos, que Israel tampoco
reconoce, de las áreas de Galilea y el Desierto del Néguev. Este no
reconocimiento se traduce en que Israel no les abastece de ningún servicio; ni
agua, ni electricidad, ni carreteras, ni transporte, ni alcantarillado, ni
sanidad, ni educación. Nada. Para Israel no existen, pero sí espera que algún
día se cansen y se vayan. Lo que seriamente pone en cuestión el carácter
democrático del que Israel suele alardear.
Es interesante mencionar aquí, la política específica de
sedentarización y expropiación forzosa que Israel llevó a cabo durante los años
50 sobre la
población beduina del Desierto del Néguev -Naqab de su nombre árabe
original-, ya que, hoy en día, Israel continúa violando sistemáticamente sus
derechos. Israel en los años 50 forzó a los beduinos a abandonar sus
tradiciones nómadas, concentrándoles en áreas específicas en el norte del
Desierto. Hoy en día Israel sigue sin reconocerles, por lo que no les abastece
de servicios, no les permite construir, y reiteradamente destruye los poblados
donde intentan sobrevivir a estas amenazas constantes del Estado. Sin embargo,
si los contabiliza en las estadísticas de población para fortalecer esa
dominación demográfica que pretende tener. Claro ejemplo de la amenaza Israelí
sobre este sector de la población es el poblado beduino del Araquib, que Israel
ha destruido en los últimos meses nada más y nada menos que 70 veces, la última
el pasado 12 de junio. Otro ejemplo de ese tanto demográfico se ha dado en las
últimas semanas, cuando Israel ha contabilizado entre sus tres víctimas civiles
a uno de estos beduinos que hasta ese momento Israel había tratado como si no
existiera. Un beduino al que no le abastecía de ningún servicio y le negaba
cualquier derecho, incluido el derecho a tener una casa digna, el derecho a la
sirena antiaérea o el de tener un refugio como el resto de los israelíes. Eso
si, finalmente, Israel tuvo la “deferencia” de contabilizarle como víctima
civil.
Además de la discriminación legal a la que se somete a los
palestinos del interior, el principal problema al que se enfrentan los
palestinos hoy en día es la negativa israelí a reconocer el derecho de los
palestinos a la reparación de sus propiedades confiscadas y destruidas y el
derecho al retorno a sus lugares de origen. Aunque este derecho esté consagrado
por el Derecho internacional y confirmado por muchas resoluciones de Naciones Unidas,
en particular las resoluciones 194 (1948) y 237 (1967), Israel, 66 años
después, y en contravención del Derecho Internacional, se ha negado
sistemáticamente a hablar sobre este punto y sigue prohibiendo el derecho al
retorno de los palestinos, incluido el derecho a decidir si quieren volver o
no.
El paso por los campos de refugiados de Al-Ama’ari (1948),
Qalandia (1949) y Shu’afat (1965), simbolizan esta realidad. Sus habitantes
fueron expulsados en 1948 de Led, Jaffa, Ramla, y Jerusalén oeste, todas ciudades
localizadas en el actual Israel. Al igual que la población de Gaza, donde
aproximadamente el 80% de la población es refugiada y sus hogares y lugares de
origen también se encuentran dentro del actual Israel. Ninguna de estas
personas se encuentra a más de 60 km de distancia de sus casas y propiedades
originales, pero Israel no les deja visitarlas y mucho menos regresar.
La ocupación y la anexión ilegal de Jerusalén Este
La política de expansión, anexión y expulsión no se terminó
con el reconocimiento del Estado de Israel y la definición de sus fronteras
mediante el Acuerdo de armisticio de 1949 -frontera popularmente conocida como
la Línea Verde. Este Acuerdo, le reconocía a Israel el control sobre el
territorio otorgado por la Resolución 181 (1947) -que imponía la partición
sobre Palestina-, y además, el territorio que acababa de conquistar durante la
Guerra del 48 -Galilea, gran parte Gaza y Cisjordania, y Jerusalén Oeste. Es
decir, el acuerdo de Armisticio le reconocía el control sobre el 78% de la
Palestina del Mandato. Pero, para Israel, esto no era suficiente.
En 1967, Israel ávido de más, ocupa la península del Sinaí
egipcio, los Altos del Golán sirios, el sur del Líbano, y de lo poco que
quedaba de Palestina -un 21% de la Palestina del Mandato- Cisjordania, Gaza y
Jerusalén Este, estableciendo rápidamente un gobierno militar para todo el
nuevo territorio ocupado. Sin embargo, la meta prioritaria sería y sigue siendo
el control total sobre la ciudad de Jerusalén.
El Sionismo, una ideología nacionalista más, nacida en el
siglo XIX a la luz de la configuración de los Estados Nación en Europa, no ha
dejado de utilizar como táctica la revitalización de referencias bíblicas e
instituciones de la antigüedad, alegando que el judaísmo era algo más que una
religión, para poder llenar de contenido la idea nacionalista de la existencia
de una nación judía. Una consigna identitaria inexistente en el momento de
formación de esta ideología. Una vez conseguido el objetivo de tener un Estado
con un territorio, una bandera, un mismo idioma -el hebreo moderno se crea a
principios del siglo XX con este fin- y un ejército que demostrara el poder de
dicho Estado, entre los objetivos del Sionismo, el más importante sería el de
imponer la soberanía judía sobre la ciudad de Jerusalén. De éste modo llenaría
de contenido práctico las que hasta entonces habían sido tan sólo referencias
bíblicas, para así consolidar la justificación identitaria del Estado de
Israel. Una táctica dirigida principalmente a su propia población, y más allá
de esta, al mundo entero. Como señala la Ley Básica sobre Jerusalén, “Se dará
especial prioridad a Jerusalén en las actividades de las autoridades del Estado
con el fin de promover su desarrollo en materia económica y de otro tipo.”
Aunque la dominación de Jerusalén implique una violación de Derecho, este
objetivo siempre ha estado en el imaginario político israelí por encima del
derecho.
Con este fin, una vez ocupa Jerusalén Este, Israel procede
inmediatamente a unificar el Oeste y el Este de la ciudad, declarándola capital
“única e indivisible” del Estado en contra del Derecho Internacional, que
establece que su capital legal es Tel Aviv. Para consolidar esa declaración
contraria a Derecho elabora, hasta el día de hoy, toda una serie de regulaciones
encaminadas a ampliar la extensión territorial de la ciudad -incorporando
progresivamente los pueblos de la periferia, ganando terreno a la Cisjordania
ocupada- ampliando así el perímetro original de la ciudad, y aplica políticas
destinadas a expulsar a la población palestina para progresivamente cambiar la
composición demográfica de la ciudad y judaizarla.
El proceso de anexión y expulsión en Jerusalén que comienza
en 1948 y se estructura con la ocupación de 1967, se consolidará
definitivamente con el Proceso de Paz. Sobre todo y de manera más imperativa
desde el año 2002, con la construcción de un Muro de hormigón cuyo fin último
es anexionarse más territorio, aislar completamente Cisjordania de Jerusalén, y
concluir con el vaciamiento total de la población palestina original de la
ciudad.
Entre el largo abanico de medidas que Israel viene
aplicando, para consolidar el dominio territorial sobre la ciudad y poder
modificar la balanza demográfica en su favor, destacan: la expulsión forzosa de
grupos de población palestina de áreas concretas, la ocupación directa de casas
palestinas por colonos israelíes con el apoyo y la protección institucional, la
denegación de permisos de construcción, la demolición sistemática de casas, la
confiscación directa de tierras palestinas y la revocación de permisos de
residencia, entre otras. Quizá, estas dos últimas sean las más extensivas y
agresivas. Israel confisca tierras palestinas para la construcción de nuevas
colonias/asentamientos de uso residencial, institucional, arqueológico o
turístico; también para la construcción de carreteras y un tren ligero que
comunican las colonias entre sí; para la construcción del Muro de Anexión y
Apartheid o simplemente las declara áreas de seguridad para guardarlas en la
reserva para futuras construcciones. Por otro lado, la revocación de permisos
de residencia suele responder a razones de lo más perverso, desde no haber
cumplido con un mínimo consumo de servicios obligatorios, donde los mínimos
suelen ser muy altos; pasando por la elaboración de regulaciones
segregacionistas o de Apartheid relativas a la vivienda, la salud o la
educación; hasta imponer restricciones a la reunificación familiar, siempre en
detrimento de los habitantes palestinos de Jerusalén. Desde 1967 se han
revocado 180.000 permisos de residencia de la población palestina de Jerusalén
Este.
Israel aprovecha los picos de tensión -como es la última
agresión sobre la Franja de Gaza- para elaborar nuevas leyes que bloqueen
cualquier posibilidad de negociar el destino de Jerusalén. Durante los últimos
bombardeos parece que ha legislado tres veces en relación a Jerusalén.
Regulaciones que hoy en día son irrevocables dado que a principios de este año
2014, la Knesset ratificó la Ley General del Voto, por la que se requiere una mayoría
de dos tercios para modificar cualquier ley, blindando herméticamente esa
posibilidad. Una ley abusiva que coloca los derechos del pueblo palestino en un
punto de indefensión total.
Todas estas medidas son contrarias al Derecho Internacional.
El IV Convenio de Ginebra (IVCG) y el Reglamento de la Haya de 1907 (RH) lo
dejan claro: la potencia ocupante no podrá forzar el traslado ni de individuos
ni de grupos de la población local, ni tampoco podrá trasladar a su población
civil al territorio que ocupa (Art. 49, IVCG) y el poder ocupante no podrá
reclamar la soberanía sobre el territorio que ocupa, y tampoco podrá destruir
ni deteriorar las propiedades del territorio ocupado, siendo todos estos actos
punibles (RH).
Que la marcha de los 48.000 pasara por Qalandia, el control
militar construido en el Muro que separa Ramallah de Jerusalén, o a mayor
escala, que separa el norte de Cisjordania de Jerusalén, pretende poner de
manifiesto este aislamiento total de Cisjordania de la ciudad ocupada de
Jerusalén Este; y también quiere poner en evidencia que el Muro junto con un
intrincado sistema de carreteras exclusivas para colonos y controles, se
encargan de blindar la ciudad.
A día de hoy, Jerusalén Este -incluida la Ciudad Vieja-
capital legítima y reconocida por el Derecho Internacional, es el territorio de
la Palestina ocupada que más sufre las políticas de anexión y expulsión del
régimen Israelí. La comunidad internacional por su parte, nunca ha reconocido
la anexión ilegal de Jerusalén, pero tampoco ha hecho nada por impedírselo,
convirtiéndose en cómplice de este proceso. El resultado: en 2014 tan sólo un
37% de la población total de la ciudad de Jerusalén es palestina.
La indefinición de fronteras, el Proceso de Paz y la
inviabilidad de la solución de dos estados
Finalmente, la perversión intrínseca al Proceso de Paz y la
complicidad occidental en esta perversión, se pusieron de manifiesto al dejar
abierta la posibilidad de negociar unas fronteras ya fijadas en 1949 y predicar
al mismo tiempo la creación de dos estados sobre aquellas mismas fronteras que
se pretendían modificar. La primera premisa hacía efectivamente imposible la
segunda. Dejar abierta la posibilidad de modificar aquellas fronteras
establecidas en 1949 no ha hecho más que ayudar a Israel a extender la anexión
y la fragmentación territorial de lo poco que quedaba de Palestina, le ha
permitido fortalecer la ocupación, y le ha dado luz verde para consolidar un
sistema de discriminación institucional sobre la totalidad de la población
palestina, que va más allá del Apartheid en Sudáfrica; lo que desde mediados de
los 90 hace totalmente inviable la voceada solución de los dos estados.
La realidad que se configura desde el comienzo del Proceso
de Paz sobre el terreno, es la de la creación de un único Estado, pero un
Estado controlado en su totalidad por Israel mediante un sistema de exclusión,
segregación, aislamiento y dominación extremadamente violento, donde el hurto
de más territorio y la discriminación etno-religiosa son la norma. Un sistema cuyo
objetivo es garantizar la supremacía de la población judía-israelí en
detrimento de los derechos fundamentales de la población palestina o cualquier
otra persona que no sea judía. Un sistema dirigido a las expulsión final de la
población local originaria y su sustitución por una población judía. Un sistema
que ya empezó a dar sus pasos dentro de Israel en 1948 y que se consolidará
para todo el territorio de la histórica Palestina a partir de la firma de los
Acuerdos de Oslo en 1993 (Oslo I).
Nunca antes se habían confiscado tantas tierras palestinas,
construido tantos asentamientos, tantas carreteras exclusivas para colonos,
tantos controles militares como desde el comienzo del Proceso de Paz. Nunca
antes se había aislado de tal modo a unos palestinos de otros, fragmentando el
territorio y recluido a la población palestina en pequeños guetos separados y
aislándolos entre sí. Desde aquellos Laboristas, que muchos pudieron pensar
“moderados”, hasta el día de hoy con el Likud, el llamado Proceso de Paz le ha
ido como anillo al dedo a Israel y a la ideología sionista. El llamado Proceso
de Paz con el beneplácito de la llamada comunidad internacional, no ha hecho
más que proporcionar y facilitar a Israel el limbo espacial y temporal
necesario para consolidar y avanzar rápidamente el proyecto de anexión
territorial y expulsión del pueblo palestino sin que se notara demasiado. No ha
hecho más que ayudar a la ideología sionista a crear aquel Estado
exclusivamente judío en la Tierra del Israel bíblico y que, por ahora, se
materializa a costa de la eliminación progresiva del pueblo palestino y la
radicalización de tendencia fascista de la población judía-israelí. No ha hecho
más que evidenciar que Israel renunció desde su creación al carácter
democrático del Estado que dice ser. El llamado Proceso de Paz, legalizó con el
beneplácito de la llamada comunidad internacional el proceso de anexión,
expulsión y discriminación que comenzó en 1948.
Progresivamente, esta farsa, se ha hecho cada vez más
evidente a los ojos del mundo. Los mismos plazos recogidos en los Acuerdos de
Oslo expondrían esta realidad. Los últimos bombardeos sobre la Franja de Gaza,
también.
Una vez finalizaran los 5 años de periodo interino desde que
se firmó Oslo I en septiembre de 1993, israelíes y palestinos estaban obligados
a sentarse a negociar el status final de los acuerdos. Había que poner sobre la
mesa de negociación estos tres grandes temas sobre los que Israel no quería oír
ni hablar: unas fronteras que jamás quiso definir, ya que sus pretensiones
territoriales eran mucho mayores de las que la legalidad internacional le
concedía; una ciudad que se había anexionado de manera ilegal, Jerusalén; y un
derecho al retorno que se negaba a aceptar ya que pondría en peligro la
pretendida supremacía demográfica de la población judía sobre la árabe.
El limbo que había ofrecido el Proceso de Paz había llegado
a un punto de no retorno. La alternativa a corto plazo era provocar una crisis
de tal magnitud que justificara la parálisis del proceso negociador, y al tiempo,
ocultara las cartas negacionistas de Israel, poniendo el peso de esta negación
sobre los palestinos. Esta gran crisis, que calentaría motores a partir de 1993
por la decepción ante el cumplimiento parcial de los Acuerdos, sumado a la
política sistemática israelí de castigos colectivos en la forma de cierres y
bloqueos que tendría un impacto extremadamente negativo -sobre todo económico-
sobre la población palestina, llegaría a su pico de máxima intensidad a
principios del año 2000 cuando Israel intensifica la política de arrestos en
masa e incursiones militares, similares a las que hemos vuelto a ver durante
las semanas anteriores a los últimos bombardeos sobre la Franja de Gaza. Esta
gran crisis que ocultaría la negativa israelí a negociar estas tres cuestiones
clave, será lo que a finales del mismo año, ya con el Likud en el poder,
resulte en lo que se llamaría la II Intifada (2000).
Israel tenía la excusa perfecta para no sentarse a negociar
y luz verde para seguir consolidando su proyecto colonial. Será en esos años
cuando exporte, en el año 2002, la construcción de un Muro que ya había
empezado a construir en Gaza en el año 1994; un Muro que le permite anexionarse
todavía más territorio e inmovilizar y fragmentar aún más a la sociedad
palestina; un Muro que consolidará de forma visible un sistema de Apartheid
basado en la exclusión, la segregación etno-religiosa y racial, y la
subyugación del pueblo palestino; un Muro que el Tribunal Internacional de
Justicia de la Haya el 9 de junio de 2004 declaraba ilegal y exigía su
desmantelamiento, pero cuya sentencia hoy, diez años después, sigue sin
cumplirse.
Ese mismo año 2004 moriría Arafat -envenenado, como
investigaciones posteriores han demostrado-, poniendo fin a la era del
revolucionario palestino para entrar en la era de una Autoridad Nacional
Palestina (ANP) mucho más dócil a las pretensiones tanto internacionales como
Israelíes.
Israel de nuevo aprovecharía la coyuntura para ir más allá,
al contar con el apoyo mucho más explícito de una comunidad internacional que
tiene sus propios intereses en la región. En 2005 Israel decidiría extraer a
sus colonos de la Franja de Gaza, mediante lo que llamó el Plan de Desconexión
de Gaza. Un plan que pretendía, por un lado, crear el imaginario de que la
ocupación de Gaza había terminado -algo irreal ya que el control y la
dominación de la Franja de Gaza desde el exterior sigue siendo una ocupación
ilegal según el Derecho Internacional- y, por otro, consolidar la separación y
la desconexión total y efectiva entre Gaza y Cisjordania. Las presiones,
promesas y la inyección de capital de la comunidad internacional para la
creación de un Estado imposible, debido a la tolerancia de una ocupación
extremadamente violenta que no hacía más que reducir los derechos del pueblo
palestino a la nada, resultaron en el rechazo de la corrupción política y
económica del gobierno de la ANP, dando lugar a la victoria de Hamas en las
elecciones de 2006; una nueva excusa para justificar la agresividad extrema de
la política colonial Israelí.
La comunidad internacional, que llevaba años alimentando el
fantasma del terrorismo islámico, por sus propios intereses geopolíticos y
económicos en la región, no tardó en condenar los resultados y declarar al
Gobierno recién elegido democráticamente, organización terrorista. Durante el
año siguiente trataría de imponer un Gobierno de la ANP afín a los intereses
occidentales, Israel y sus aliados árabes, sobre la Franja de Gaza. Lo que
terminaría en el año 2007 en la expulsión por parte de Hamas de los detractores
del resultado electoral y en el fortalecimiento mediático por parte de la
comunidad internacional de un gobierno en Cisjordania, ilegal, al que llamó de
emergencia, pero favorable a sus intereses. Será entonces cuando Israel
consolide un bloqueo que ya había comenzado en 1994 sobre la Franja de Gaza,
pero que a partir de ese momento va a ser total. Será también entonces cuando
la llamada comunidad internacional comience a garantizar oficial y públicamente
la impunidad del ocupante, y a avalar la perpetuación de un bloqueo inhumano,
ilegal y las sucesivas y aberrantes masacres televisadas que Israel ejecuta
sobre la totalidad de la población palestina de la Franja de Gaza, presentando
así de manera explicita la violación sistemática de la llamada comunidad
internacional de las obligaciones que le impone el Derecho Internacional. En
concreto el Artículo 1 del IV Convenio de Ginebra que obliga a las Altas Partes
contratantes “a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las
circunstancias.” Y otro sin fin de complicidades criminales más que llegaremos
a ver en caso de que se restituya el Imperio de la Ley. Esta es la lógica
política del violento espectáculo que hemos estado presenciando en los últimos
años y de manera más evidente en las últimas semanas.
Ante esta situación y desde el comienzo de la última
agresión israelí, la población palestina en su totalidad, la de Gaza, la de
Cisjordania, la del interior de Israel y la del exilio, así como algunas pocas
voces disidentes israelíes y judías del mundo, no han dejado de llamar
públicamente a la ciudadanía global a actuar mediante el apoyo a la campaña de
Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS) Una herramienta de
resistencia pacífica, que da la oportunidad a cualquier persona del mundo a
actuar de manera individual y ética para forzar a los poderes del mundo a
cumplir con sus obligaciones legales y poner fin a esta injusticia e
ilegalidad. Las marchas por la libertad y la dignidad nacional de los 48.000
palestinos que comenzaron el pasado 24 de julio son una manifestación más de
este llamamiento, además de una declaración pública contundente y clara, por la
que el pueblo palestino mira de frente a Israel y sus aliados, y les comunica
que no van a renunciar a ninguno de sus derechos por mucho que lo intenten. El
mensaje es claro, el pueblo palestino le grita al mundo que no se va a someter
y que sus derechos no son negociables.
* Hanady Muhiar es licenciada en CC. Políticas por la
Universidad Complutense de Madrid, y está a punto de presentar una tesis
doctoral sobre la historia del Movimiento de Mujeres en Palestina, lleva 25
años dedicada a investigar la ocupación Israelí de Palestina y la región de
Oriente Medio desde una perspectiva geopolítica y Teoría (Post) Colonial. Ha trabajado
también como cooperante en Palestina en diferentes momentos desde 1995, la
última, entre 2008-2012. Y es miembro activo de la Red Solidaria Contra la
Ocupación de Palestina (RESCOP) y la campaña de Boicot, Desinversiones y
Sanciones en Madrid.
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