Denuncian a Arauco por amenazar con armas de fuego a
aborígenes en Puerto Libertad
Enviado X ja mako
Ramón Baez, cacique de la aldea Andrés Guacurarí, denunció que funcionarios de la empresa de capitales chilenos Arauco intentaron ayer desalojar a trece familias aborígenes, entre las que viven unos 50 niños, que ocupan un predio de la compañía en Puerto Libertad. Aseguró que los enviados por la multinacional los amenazaron con armas de fuego e incluso intentaron quemar algunas de las improvisadas carpas en las que habitan los integrantes de la aldea. “Cuando vieron que tenía una cámara de fotos y que éramos muchos los testigos viendo esa escena, recién entonces bajaron las armas y se fueron”, indicó Baez.
La empresa Arauco (ex Alto Paraná) volvió a ser denunciada por atropellos contra comunidades aborígenes. Según denunció Ramón Baez, cacique de la aldea Andrés Guacurarí, a las 9:30 de ayer operarios de la mencionada compañía acompañados por personas armadas, irrumpieron en el predio que ocupan los originarios, una parcela de selva en Puerto Libertad cuya propiedad dominial pertenece a la empresa, y amenazaron a mujeres y niños.
Enviado X ja mako
Ramón Baez, cacique de la aldea Andrés Guacurarí, denunció que funcionarios de la empresa de capitales chilenos Arauco intentaron ayer desalojar a trece familias aborígenes, entre las que viven unos 50 niños, que ocupan un predio de la compañía en Puerto Libertad. Aseguró que los enviados por la multinacional los amenazaron con armas de fuego e incluso intentaron quemar algunas de las improvisadas carpas en las que habitan los integrantes de la aldea. “Cuando vieron que tenía una cámara de fotos y que éramos muchos los testigos viendo esa escena, recién entonces bajaron las armas y se fueron”, indicó Baez.
La empresa Arauco (ex Alto Paraná) volvió a ser denunciada por atropellos contra comunidades aborígenes. Según denunció Ramón Baez, cacique de la aldea Andrés Guacurarí, a las 9:30 de ayer operarios de la mencionada compañía acompañados por personas armadas, irrumpieron en el predio que ocupan los originarios, una parcela de selva en Puerto Libertad cuya propiedad dominial pertenece a la empresa, y amenazaron a mujeres y niños.
“Dijeron que si no nos íbamos, iban a prender fuego las
carpas en las que vivimos".
Actuaron de un modo muy violento, los chicos quedaron muy
asustados, lloraban sin parar”, afirmó Baez en declaraciones a Misiones Online.
El líder guaraní aseguró que las amenazas solo pararon cuando apareció una cámara de fotos entre los integrantes de la aldea y comenzaron a tomar registro del episodio. Entre los funcionarios de Arauco, que participaron del episodio de ayer, identificó a Gabriel Rodríguez y Hernán Patzer.
Afirmó que lejos de tratarse de un caso aislado, lo que ocurrió el martes representa la continuidad en una serie de acciones que viene impulsando Arauco para que los integrantes de la aldea dejen el lugar.
Dijo que es normal que los amedrenten con disparos de armas
de fuego y los someten a requisas ilegales en las que los despojan sin mediar
argumentos, de cualquier pertenencia que lleven encima, sea comida, ropa para
sus hijos, herramientas o materiales para mejorar su condición habitacional.
La aldea Andrés Guacurarí se formó el año pasado y está integrada por unas 80 personas, de las cuales alrededor de 50 son niños, entre todos conforman 13 familias.
La aldea Andrés Guacurarí se formó el año pasado y está integrada por unas 80 personas, de las cuales alrededor de 50 son niños, entre todos conforman 13 familias.
Se instalaron en una parcela de selva virgen cuya ubicada en
el kilómetro 1618 de la Ruta 12, terreno cuya propiedad dominial es de Arauco,
pero que los originarios reclaman por derecho ancestral.
“No puede ser que nosotros tengamos que seguir dejando
nuestras tierras, nuestro monte, para que quede en manos de empresas
extranjeras. Necesitamos la selva para desarrollar nuestra cultura, queremos
vivir como lo hacían nuestros ancestros, no queremos que nuestros hijos estén
pidiendo monedas en las ciudades”, afirmó el cacique.
Fotos: Gentileza Pablo Longo Laporte
Fuente: misionesonline.net/
Alto Paraná S.A. (Forestal Arauco) y los pueblos originarios en Misiones
Fotos: Gentileza Pablo Longo Laporte
Fuente: misionesonline.net/
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Alto Paraná S.A. (Forestal Arauco) y los pueblos originarios en Misiones
X Sergio Alvez (*)
El pasado 28 de enero, la multinacional APSA intentó desalojar a unas 30 familias mbya en Puerto Libertad. La intentona incluyó disparos de armas de fuego.
En ese municipio, APSA tiene posesión jurídica del 80% de la tierra.
El episodio sumó un nuevo capítulo al frondoso historial de abusos de APSA contra comunidades guaraníes y campesinas en Misiones. La vergonzosa complicidad del Estado provincial.
Conquistadores
De las 80 mil hectáreas que componen el municipio de Puerto Libertad, en el norte misionero, 65 mil están en posesión jurídica de Alto Paraná Sociedad Anónima (APSA); es decir, el 80 por ciento del pueblo le pertenece a la multinacional de capitales chilenos, que en total, tiene una posesión total declarada (sin contar testaferros) de 232 mil hectáreas en varios municipios de la provincia.
Allí, en Puerto Libertad, APSA lleva más de una década hostigando a la población local, por medio de desalojos, intimidaciones y violencia. Donde antes hubo monte, hoy todo es pino. El monocultivo alimenta la papelera y la planta de MDF que la multinacional posee en Puerto Esperanza y Puerto Piray, respectivamente.
En un lugar donde todo está en manos de la empresa, resulta compleja la aventura de encontrar un territorio seguro para vivir. En el caso de las comunidades mbya de la provincia, que dependen tradicionalmente del monte para subsistir, la cuestión habitacional se problematiza aún más.
El miércoles 28 de enero, un grupo de 30 familias mbya que formaron una comunidad a la que dieron a llamar Guazurarí, recibieron la visita de los funcionarios Gabriel Rodriguez y Hernán Petzer, de la empresa Alto Paraná, quienes arribaron al predio acompañados por efectivos policiales uniformados. Relató el cacique Ramón Baez en diálogo con el portal La Voz de Cataratas: “Aprovechando que nosotros los hombres no estábamos, amenazaron a las mujeres y los niños con prenderles fuego las casas si no salían inmediatamente del lugar. Y dispararon al aire para asustar”.
Socios
Ante esta situación, el propio cacique pidió intervención al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, ente que tiene bajo su órbita la muy cuestionada Dirección de Asuntos Guaraníes. Relató el cacique Ramón Baez en diálogo con el medio de comunicación antes citado: “El ministro de Derechos Humanos Soria Vieta me dijo que él no se iba a meter con Alto Paraná, que tenemos que salir de ahí. Asuntos Guaraníes no existe, no te soluciona ni lo básico para lo que fueron creados, nos deberían cuidar pero al final están en contra de las comunidades”.
La obediente inacción del ministro Edmundo Soria Vieta tiene raigambre en una coyuntura cuasi patronal: Alto Paraná S.A ostenta parte del poder real en Misiones. El gobierno provincial, del Frente Renovador, históricamente mantiene una postura de sumisión a la multinacional.
En 2012, el gobierno de Misiones firmó un acuerdo con la transnacional Alto Paraná S.A para “desarrollar el turismo en el norte provincial”. La relación entre el gobierno provincial y la empresa es de sometimiento. El gobierno no cuestiona el dominio territorial y la extranjerización del 12% de la superficie total de Misiones por parte de la firma chilena, ni la fuerte contaminación y proliferación de enfermedades generada por la papelera y la planta de MDF de la empresa, o la expulsión de miles de familias campesinas que APSA genera con la expansión del monocultivo. La multinacional lleva años poniendo de rodillas al Estado misionero y avasallando a numerosas comunidades. Esta aseveración puede corroborarse analizando el comportamiento servil del gobierno provincial ante cada uno de los conflictos que en los últimos años se vienen dando entre APSA y diversas poblaciones misioneras.
Por otro lado, la Provincia, a través del Ministerio de Ecología, es la encargada de aprobar “planes forestales”, que en muchos casos implican dar luz verde para desmontar en zonas de monte nativo. Ecología no informa a las poblaciones ni a la prensa acerca de qué tipo de controles medioambientales realiza en torno a la planta de celulosa de Puerto Esperanza y la planta de MDF de Piray. En julio de 2011, revista superficie emitió un pedido de información a la titular de Ecología, Viviana Rovira, que nunca se dignó a contestar. Incluso el Foro de Trabajadores de Prensa de Misiones solicitó una audiencia por este tema con la ministra Rovira, pero tampoco hubo respuesta. En aquel pedido, entre otras consultas, se preguntaba por la situación de la planta de MDF que finalmente, pocos meses después, sufrió un terrible accidente en una de sus calderas.
Así, APSA monopoliza y extranjeriza la tierra, contamina, enferma, con la total complicidad de un gobierno provincial inerte.
El antecedente Guavirá Poty
En febrero de 2009, revista superficie publicó una investigación referida a una situación suscitada en Colonia Paraíso (municipio de San Pedro), corazón del territorio denominado Corredor Verde, donde Alto Paraná S.A aniquiló más de 100 hectáreas de monte para instalar pinares que hoy acorralan a la comunidad mbya Guavirá Poty. En aquel artículo –que motivó una carta documento de la empresa a este cronista- , el cacique de Guavirá Poty contaba: “El primer año comenzaron a entrar al monte virgen para sacar los árboles más preciados. Al siguiente desmontaron todo y se pasaron el año fumigando con Round Up. Incendiaron las cien hectáreas para que no quede nada y el año pasado plantaron los plantines de pino”.
En esa comunidad, viven más de 20 familias que padecen las consecuencias de habitar a menos de 50 metros del océano de agrotóxicos que baña el pinar. En 2008 un niño falleció por problemas bronquiales atribuibles al contacto de un año entero con esta clase de venenos. Otros pequeños y algunos adultos presentan erupciones dérmicas y complicaciones respiratorias inéditas en la comunidad, cuentan en Guavirá Poty.
“También puede ser el agua, porque por acá pasa un arroyo que es nuestra fuente de agua para todo, y ellos plantaron los pinos y tiraron veneno a menos de 20 metros del arroyo. Aquí había lapachos, cedros, canela, timbó, todo tipo de especies nativas, frutales, y una infinidad de animales, muchos de ellos en peligro de extinción. El día que prendieron fuego parecía un infierno; hacía como 60 grados, nuestros niños lloraban aterrorizados, todos llorábamos y poco pudimos hacer para defender nuestra selva. Cuando el fuego terminó nos quedamos sentados en los troncos muertos, creyendo que todo había sido una pesadilla”, señaló entonces el cacique Cornelio.
Según el Ministerio de Ecología, aquel desmonte se realizó de manera legal. Cuando este cronista acudió al organismo ubicado sobre calle Santa Fe, en la oficina en la que fue recibido para una entrevista, colgaba un bello reloj con el logo de la empresa chilena.
Contexto
Latido Americano es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover y difundir la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país, a través de investigaciones y acciones diversas. Esta organización publicó un informe titulado “La situación de los mbya” donde se describe:
La situación de los pueblos originarios en el litoral argentino es un claro ejemplo más de violencia y despojo. En la provincia de Misiones, las comunidades mbya guaraníes están asentadas, en muchos casos, en terrenos “provisorios”, luego de haber sido expulsados de sus tierras.
Desde hace siglos, estos pueblos han resistido al modelo imperante. Sin embargo, mientras el actual paradigma nos deja una sociedad desintegrada -un ser humano desvinculado de sí y de sus pares, con una naturaleza que le es ajena son los pueblos originarios quienes nos enseñan con su sabiduría ancestral que “somos naturaleza”, y propician el desarrollo humano armónico como parte de ella (no como espectador o explotador). Los pueblos originarios de la región sufren las consecuencias del abuso y la desidia que se llevó a cabo sobre todo el ecosistema.
Los continuos trabajos realizados por compañeros del área de salud de nuestra agrupación desde hace 4 años en esta región, describen como crítica la situación en la que viven los guaraníes en el litoral. Si tomamos en cuenta que su resistencia a las enfermedades va en consonancia con su gran conocimiento acerca de plantas medicinales, podemos entender que la supervivencia del monte, su gran bien natural, debe ser garantizada para que este pueblo no se debilite (…)
(…) El término guaraní Tekoa, traducido por Antonio Ruiz de Montoya en 1640, significa “cultura, costumbres, normas, comportamiento, un modo de ser, de estar”. Los mbya también llaman Tekoa al “lugar” que cuenta con las condiciones necesarias para vivir en sus aldeas con sus familias. Esto se debe a que existe una profunda relación entre este “modo de ser” guaraní y el lugar o territorio en el que se vive. Esta concepción también es compartida por otros pueblos originarios como el mapuche, cuya denominación significa “gente de la tierra”. Estas culturas nos plantean una mirada que ubica al ser humano como parte del planeta, y no a la tierra como posible posesión del hombre. El concepto de “propiedad privada”, en cambio, es comprensible en un marco donde la tierra se puede comprar y vender, teniendo fundamental validez en un sistema donde es el dinero el que marca las reglas. Es comprensible, por lo tanto, que los mbya prefieran utilizar el concepto de “propiedad comunitaria”, ya que es más acorde a la relación de reciprocidad y solidaridad que existe entre los diversos tekoa mbya y, a su vez, entre éstos y la naturaleza. Es por ello que si fuera necesaria una escrituración de tierras, debería realizarse en forma comunitaria o colectiva.
Para intentar comprender la problemática del pueblo mbya debemos analizar cómo el estado argentino viene abordando la cuestión indígena desde los 90, y es imperioso adentrarnos en la lógica del modelo hegemónico neoliberal; pues así, y sólo así, podremos advertir la verdadera dinámica que vienen adquiriendo las políticas sociales indigenistas (…)
Si realizáramos aquí un diagnóstico y análisis de las diversas causas de los problemas que sufre la selva misionera y por ende el pueblo mbya -y de gran impacto en la población del resto del país-, deberíamos resaltar principalmente la indiscriminada deforestación realizada por empresas madereras que reemplazan la selva nativa por pino para obtener pasta para papel, como es el caso de una cuya propiedad es de la compañía chilena Arauco, que según un informe “se transgredieron normas ambientales y que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público en el hecho referido a los trabajos forestales realizados por la empresa Alto Paraná Sociedad Anónima…” (3); y los miles de kilogramos de glifosato, un herbicida cuyo nombre comercial es Round Up y el cual es producido por la empresa Monsanto, arrojado en plantaciones de la provincia para matar malezas. Entre sus ingredientes se encuentran tóxicos que provocan náuseas, diarrea, neumonía, laringitis, dolores de cabeza y protuberancias. Aunque Monsanto continúa con sus campañas para demostrar que el producto es “100 por ciento biodegradable”, la Comisión Europea ya en el 2001 lo había clasificado como “tóxico para los organismos acuáticos” y capaz de “provocar efectos nefastos para el ambiente a largo plazo”.
Es imprescindible también describir las consecuencias del proyecto hidroeléctrico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que al ir elevando la cota de 76 a 78 metros (aún tienen previsto elevarla a 83 en su última etapa) en estos últimos años provocó la inundación de grandes extensiones de territorio ocupado por aldeas y colonos que se vieron obligados a desplazarse; y no podríamos dejar pasar los vertederos de basura impulsados por el gobierno provincial mediante el “Plan Ambiental de Eliminación de Residuos Urbanos y Patológicos de Misiones”, a través del decreto 171/03, que en 2003 amplía el contrato de la empresa AESA Misiones SA, promoviendo la construcción de otro relleno sanitario constantemente rechazado por habitantes de Piray, Garuhapé y por último de Caraguatay. Oscar Reinaldo Geisler, referente de los pobladores, explica el 6 de junio de 2006 en el medio digital EcoPortal.net, que por medio de la ordenanza municipal “firmada en secreto el 21 de enero de 2005”, se autoriza finalmente la instalación del basural, agregando además que “la constante que se repite es que los terrenos en donde se planean realizar y se construye actualmente este vertedero de basura, son propiedades de la empresa chilena Alto Paraná S.A.”.
Al ser despojados de sus tierras, los mbya han perdido mucho más que una extensión de territorio. La tierra forma parte de ellos y está en estrecha relación con su identidad. Como consecuencia de la obligada migración, debieron desprenderse de sus herramientas de auto sustentación, desvaneciendo su economía y sus costumbres, su relación con los procesos de salud y enfermedad. Hoy el monte, su ecosistema, dejó de serlo para convertirse en “espacio cercado” destinado a la explotación. El desafío sería cómo luchar para no ser prisioneros de ese espacio cercado.
(*) Cronista de revista superficie.
Fotos en comunidad Guazurarí: Pablo Longo Laporte (publicadas originalmente en Misiones On Line).
El pasado 28 de enero, la multinacional APSA intentó desalojar a unas 30 familias mbya en Puerto Libertad. La intentona incluyó disparos de armas de fuego.
En ese municipio, APSA tiene posesión jurídica del 80% de la tierra.
El episodio sumó un nuevo capítulo al frondoso historial de abusos de APSA contra comunidades guaraníes y campesinas en Misiones. La vergonzosa complicidad del Estado provincial.
Conquistadores
De las 80 mil hectáreas que componen el municipio de Puerto Libertad, en el norte misionero, 65 mil están en posesión jurídica de Alto Paraná Sociedad Anónima (APSA); es decir, el 80 por ciento del pueblo le pertenece a la multinacional de capitales chilenos, que en total, tiene una posesión total declarada (sin contar testaferros) de 232 mil hectáreas en varios municipios de la provincia.
Allí, en Puerto Libertad, APSA lleva más de una década hostigando a la población local, por medio de desalojos, intimidaciones y violencia. Donde antes hubo monte, hoy todo es pino. El monocultivo alimenta la papelera y la planta de MDF que la multinacional posee en Puerto Esperanza y Puerto Piray, respectivamente.
En un lugar donde todo está en manos de la empresa, resulta compleja la aventura de encontrar un territorio seguro para vivir. En el caso de las comunidades mbya de la provincia, que dependen tradicionalmente del monte para subsistir, la cuestión habitacional se problematiza aún más.
El miércoles 28 de enero, un grupo de 30 familias mbya que formaron una comunidad a la que dieron a llamar Guazurarí, recibieron la visita de los funcionarios Gabriel Rodriguez y Hernán Petzer, de la empresa Alto Paraná, quienes arribaron al predio acompañados por efectivos policiales uniformados. Relató el cacique Ramón Baez en diálogo con el portal La Voz de Cataratas: “Aprovechando que nosotros los hombres no estábamos, amenazaron a las mujeres y los niños con prenderles fuego las casas si no salían inmediatamente del lugar. Y dispararon al aire para asustar”.
Socios
Ante esta situación, el propio cacique pidió intervención al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, ente que tiene bajo su órbita la muy cuestionada Dirección de Asuntos Guaraníes. Relató el cacique Ramón Baez en diálogo con el medio de comunicación antes citado: “El ministro de Derechos Humanos Soria Vieta me dijo que él no se iba a meter con Alto Paraná, que tenemos que salir de ahí. Asuntos Guaraníes no existe, no te soluciona ni lo básico para lo que fueron creados, nos deberían cuidar pero al final están en contra de las comunidades”.
La obediente inacción del ministro Edmundo Soria Vieta tiene raigambre en una coyuntura cuasi patronal: Alto Paraná S.A ostenta parte del poder real en Misiones. El gobierno provincial, del Frente Renovador, históricamente mantiene una postura de sumisión a la multinacional.
En 2012, el gobierno de Misiones firmó un acuerdo con la transnacional Alto Paraná S.A para “desarrollar el turismo en el norte provincial”. La relación entre el gobierno provincial y la empresa es de sometimiento. El gobierno no cuestiona el dominio territorial y la extranjerización del 12% de la superficie total de Misiones por parte de la firma chilena, ni la fuerte contaminación y proliferación de enfermedades generada por la papelera y la planta de MDF de la empresa, o la expulsión de miles de familias campesinas que APSA genera con la expansión del monocultivo. La multinacional lleva años poniendo de rodillas al Estado misionero y avasallando a numerosas comunidades. Esta aseveración puede corroborarse analizando el comportamiento servil del gobierno provincial ante cada uno de los conflictos que en los últimos años se vienen dando entre APSA y diversas poblaciones misioneras.
Por otro lado, la Provincia, a través del Ministerio de Ecología, es la encargada de aprobar “planes forestales”, que en muchos casos implican dar luz verde para desmontar en zonas de monte nativo. Ecología no informa a las poblaciones ni a la prensa acerca de qué tipo de controles medioambientales realiza en torno a la planta de celulosa de Puerto Esperanza y la planta de MDF de Piray. En julio de 2011, revista superficie emitió un pedido de información a la titular de Ecología, Viviana Rovira, que nunca se dignó a contestar. Incluso el Foro de Trabajadores de Prensa de Misiones solicitó una audiencia por este tema con la ministra Rovira, pero tampoco hubo respuesta. En aquel pedido, entre otras consultas, se preguntaba por la situación de la planta de MDF que finalmente, pocos meses después, sufrió un terrible accidente en una de sus calderas.
Así, APSA monopoliza y extranjeriza la tierra, contamina, enferma, con la total complicidad de un gobierno provincial inerte.
El antecedente Guavirá Poty
En febrero de 2009, revista superficie publicó una investigación referida a una situación suscitada en Colonia Paraíso (municipio de San Pedro), corazón del territorio denominado Corredor Verde, donde Alto Paraná S.A aniquiló más de 100 hectáreas de monte para instalar pinares que hoy acorralan a la comunidad mbya Guavirá Poty. En aquel artículo –que motivó una carta documento de la empresa a este cronista- , el cacique de Guavirá Poty contaba: “El primer año comenzaron a entrar al monte virgen para sacar los árboles más preciados. Al siguiente desmontaron todo y se pasaron el año fumigando con Round Up. Incendiaron las cien hectáreas para que no quede nada y el año pasado plantaron los plantines de pino”.
En esa comunidad, viven más de 20 familias que padecen las consecuencias de habitar a menos de 50 metros del océano de agrotóxicos que baña el pinar. En 2008 un niño falleció por problemas bronquiales atribuibles al contacto de un año entero con esta clase de venenos. Otros pequeños y algunos adultos presentan erupciones dérmicas y complicaciones respiratorias inéditas en la comunidad, cuentan en Guavirá Poty.
“También puede ser el agua, porque por acá pasa un arroyo que es nuestra fuente de agua para todo, y ellos plantaron los pinos y tiraron veneno a menos de 20 metros del arroyo. Aquí había lapachos, cedros, canela, timbó, todo tipo de especies nativas, frutales, y una infinidad de animales, muchos de ellos en peligro de extinción. El día que prendieron fuego parecía un infierno; hacía como 60 grados, nuestros niños lloraban aterrorizados, todos llorábamos y poco pudimos hacer para defender nuestra selva. Cuando el fuego terminó nos quedamos sentados en los troncos muertos, creyendo que todo había sido una pesadilla”, señaló entonces el cacique Cornelio.
Según el Ministerio de Ecología, aquel desmonte se realizó de manera legal. Cuando este cronista acudió al organismo ubicado sobre calle Santa Fe, en la oficina en la que fue recibido para una entrevista, colgaba un bello reloj con el logo de la empresa chilena.
Contexto
Latido Americano es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover y difundir la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país, a través de investigaciones y acciones diversas. Esta organización publicó un informe titulado “La situación de los mbya” donde se describe:
La situación de los pueblos originarios en el litoral argentino es un claro ejemplo más de violencia y despojo. En la provincia de Misiones, las comunidades mbya guaraníes están asentadas, en muchos casos, en terrenos “provisorios”, luego de haber sido expulsados de sus tierras.
Desde hace siglos, estos pueblos han resistido al modelo imperante. Sin embargo, mientras el actual paradigma nos deja una sociedad desintegrada -un ser humano desvinculado de sí y de sus pares, con una naturaleza que le es ajena son los pueblos originarios quienes nos enseñan con su sabiduría ancestral que “somos naturaleza”, y propician el desarrollo humano armónico como parte de ella (no como espectador o explotador). Los pueblos originarios de la región sufren las consecuencias del abuso y la desidia que se llevó a cabo sobre todo el ecosistema.
Los continuos trabajos realizados por compañeros del área de salud de nuestra agrupación desde hace 4 años en esta región, describen como crítica la situación en la que viven los guaraníes en el litoral. Si tomamos en cuenta que su resistencia a las enfermedades va en consonancia con su gran conocimiento acerca de plantas medicinales, podemos entender que la supervivencia del monte, su gran bien natural, debe ser garantizada para que este pueblo no se debilite (…)
(…) El término guaraní Tekoa, traducido por Antonio Ruiz de Montoya en 1640, significa “cultura, costumbres, normas, comportamiento, un modo de ser, de estar”. Los mbya también llaman Tekoa al “lugar” que cuenta con las condiciones necesarias para vivir en sus aldeas con sus familias. Esto se debe a que existe una profunda relación entre este “modo de ser” guaraní y el lugar o territorio en el que se vive. Esta concepción también es compartida por otros pueblos originarios como el mapuche, cuya denominación significa “gente de la tierra”. Estas culturas nos plantean una mirada que ubica al ser humano como parte del planeta, y no a la tierra como posible posesión del hombre. El concepto de “propiedad privada”, en cambio, es comprensible en un marco donde la tierra se puede comprar y vender, teniendo fundamental validez en un sistema donde es el dinero el que marca las reglas. Es comprensible, por lo tanto, que los mbya prefieran utilizar el concepto de “propiedad comunitaria”, ya que es más acorde a la relación de reciprocidad y solidaridad que existe entre los diversos tekoa mbya y, a su vez, entre éstos y la naturaleza. Es por ello que si fuera necesaria una escrituración de tierras, debería realizarse en forma comunitaria o colectiva.
Para intentar comprender la problemática del pueblo mbya debemos analizar cómo el estado argentino viene abordando la cuestión indígena desde los 90, y es imperioso adentrarnos en la lógica del modelo hegemónico neoliberal; pues así, y sólo así, podremos advertir la verdadera dinámica que vienen adquiriendo las políticas sociales indigenistas (…)
Si realizáramos aquí un diagnóstico y análisis de las diversas causas de los problemas que sufre la selva misionera y por ende el pueblo mbya -y de gran impacto en la población del resto del país-, deberíamos resaltar principalmente la indiscriminada deforestación realizada por empresas madereras que reemplazan la selva nativa por pino para obtener pasta para papel, como es el caso de una cuya propiedad es de la compañía chilena Arauco, que según un informe “se transgredieron normas ambientales y que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público en el hecho referido a los trabajos forestales realizados por la empresa Alto Paraná Sociedad Anónima…” (3); y los miles de kilogramos de glifosato, un herbicida cuyo nombre comercial es Round Up y el cual es producido por la empresa Monsanto, arrojado en plantaciones de la provincia para matar malezas. Entre sus ingredientes se encuentran tóxicos que provocan náuseas, diarrea, neumonía, laringitis, dolores de cabeza y protuberancias. Aunque Monsanto continúa con sus campañas para demostrar que el producto es “100 por ciento biodegradable”, la Comisión Europea ya en el 2001 lo había clasificado como “tóxico para los organismos acuáticos” y capaz de “provocar efectos nefastos para el ambiente a largo plazo”.
Es imprescindible también describir las consecuencias del proyecto hidroeléctrico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que al ir elevando la cota de 76 a 78 metros (aún tienen previsto elevarla a 83 en su última etapa) en estos últimos años provocó la inundación de grandes extensiones de territorio ocupado por aldeas y colonos que se vieron obligados a desplazarse; y no podríamos dejar pasar los vertederos de basura impulsados por el gobierno provincial mediante el “Plan Ambiental de Eliminación de Residuos Urbanos y Patológicos de Misiones”, a través del decreto 171/03, que en 2003 amplía el contrato de la empresa AESA Misiones SA, promoviendo la construcción de otro relleno sanitario constantemente rechazado por habitantes de Piray, Garuhapé y por último de Caraguatay. Oscar Reinaldo Geisler, referente de los pobladores, explica el 6 de junio de 2006 en el medio digital EcoPortal.net, que por medio de la ordenanza municipal “firmada en secreto el 21 de enero de 2005”, se autoriza finalmente la instalación del basural, agregando además que “la constante que se repite es que los terrenos en donde se planean realizar y se construye actualmente este vertedero de basura, son propiedades de la empresa chilena Alto Paraná S.A.”.
Al ser despojados de sus tierras, los mbya han perdido mucho más que una extensión de territorio. La tierra forma parte de ellos y está en estrecha relación con su identidad. Como consecuencia de la obligada migración, debieron desprenderse de sus herramientas de auto sustentación, desvaneciendo su economía y sus costumbres, su relación con los procesos de salud y enfermedad. Hoy el monte, su ecosistema, dejó de serlo para convertirse en “espacio cercado” destinado a la explotación. El desafío sería cómo luchar para no ser prisioneros de ese espacio cercado.
(*) Cronista de revista superficie.
Fotos en comunidad Guazurarí: Pablo Longo Laporte (publicadas originalmente en Misiones On Line).
Fotos en Guavirá Poty: Sergio Alvez.
Fuente: Revista Superficie
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Fuente: Revista Superficie
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Vea también: La ONU abre el plazo para que los países envíen
sus compromisos contra el cambio climático
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