ENTREVISTA: La violencia sexual como violencia política
X Por Centro Latinoamericano en Sexualidad y
Derechos Humanos/Enviado X Claudia Hasanbegovic/
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La chilena Beatriz Bataszew es feminista y sobreviviente de
tortura y violencia política sexual en el centro de detención Venda Sexy,
conocido también como “la discoteca”, motes que hacen referencia tanto a los
ojos tabicados de las personas cautivas como a la sistematización de los
delitos sexuales que padecían. Bataszew habla sobre el lugar que ha ocupado
dicha violencia en las investigaciones judiciales, su ingreso en el debate
público y también de las estrategias activistas en la búsqueda de justicia.
Luego de 24 años del fin de la
dictadura militar, el Estado chileno sigue en deuda con las y los
sobrevivientes de tortura y violencia sexual en materia de verdad, justicia y
garantías de protección. Los nombres de la mayoría de los torturadores
permanecen ocultos, las condenas por dichos actos se han hecho esperar y, pese
a las reiteradas denuncias de estas agresiones y a su documentación por parte
organismos oficiales y civiles, las mujeres que participan en manifestaciones
públicas, como las protestas estudiantiles de 2012, siguen siendo objeto de
abusos sexuales por parte de agentes del Estado. En junio de 2014, el ministro
de Justicia, José Antonio Gómez, anunció un proyecto de ley que buscaría
incluir el delito de tortura en el Código Penal chileno. Ante esto, la
Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy (nombre con el que se
conoce a uno de los centros de detención y tortura que operó durante la
dictadura) le exigió al gobierno atender las recomendaciones internacionales
sobre el tema y tipificar la violencia política sexual como delito autónomo.
Beatriz Bataszew, en tanto sobreviviente y parte de las organizaciones
sociales, trabajó para instaurar, el año pasado, la primera querella por violencia
política sexual. Además de buscar justicia y reparación, con esta medida exigen
al Estado abordar dicha violencia en su especificidad, es decir, como un crimen
diferente de otros en cuyas figuras suele ser subsumido y de hecho
invisibilizado.
¿Cómo ha abordado la Justicia chilena las denuncias por
violencia sexual durante la dictadura militar?
–Hasta hoy, la Justicia chilena no lo ha hecho.
Organizaciones como la Corporación Humana han trabajado con varias querellas de
mujeres por detención, desaparición y ejecución. Pese a que en ellas se han
mencionado y verificado las prácticas de violación, desnudez forzada y otras
formas de violencia sexual, los procesos judiciales no han condenado a nadie
por ese delito. Sin embargo, el tratamiento del tema ha evolucionado. En mayo
de 2014 hubo un cambio en la estrategia y se empezó a plantear la violencia
política sexual como un crimen autónomo, de lesa humanidad y distinto del de
tortura. Hasta entonces, la violencia política sexual era planteada bajo el
rótulo de tortura, pero en Chile este delito no está tipificado; sólo son
reconocidos los tratos degradantes, inhumanos, crueles. Los juicios al respecto
no han tomado como marco la jurisprudencia internacional.
¿Cuál es la relevancia de este cambio?
–Al ser consideradas tortura, las agresiones sexuales eran
abordadas sólo en términos de violencia, desconociendo la sexualidad de las
mujeres como un elemento específico de la misma y como uno de los mecanismos
empleados de manera diferencial por el terrorismo de Estado en hombres y
mujeres. Aunque no hay estudios al respecto, grosso modo podría decirse que el
95 por ciento de las mujeres que estuvimos detenidas o secuestradas y
aproximadamente un 10 por ciento de los hombres en esa situación fuimos objeto
de violencia política sexual. Al plantear la violencia política sexual como un
crimen autónomo también se señala su especificidad, es decir, que fue ejercida
contra las mujeres por ser mujeres. Asimismo, pone de relieve el modo como un
poder sexual se expresa en una sociedad desigual como la chilena en el contexto
de dictadura. Ahora bien, tanto en tiempos de paz como de guerra, las mujeres
son agredidas sexualmente, pero en contextos de conflicto y situaciones
represivas esto se exacerba, sobre todo contra las mujeres que contravinimos
normas políticas y culturales tradicionales. Nosotras rompimos con la división
de los espacios y la jerarquía entre ellos y salimos al mundo público. Eramos
actoras públicas. En el contexto del golpe, donde se asignaba un rol
fundamental para las mujeres, correspondiente al espacio privado, a ser madre,
esposa y cuidadora, esa actitud fue duramente castigada. Esto se evidenciaba en
el lenguaje de los torturadores, donde era muy fácil pasar de ser santa a ser
puta. Cuando señalamos esta diferencia de la violencia política sexual también
estamos retomando el legado de las luchas de otras mujeres en el mundo. En los
juicios de Nuremberg fue testificada violencia de este tipo contra mujeres de
uno y otro bando, pero no fue condenada. Asimismo, hemos examinado experiencias
como la del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal
Penal Internacional para Ruanda, así como los debates en la Corte Penal
Internacional, la Convención Belem do Pará, Cedaw y consideramos que es necesario
exigirle al Estado chileno que actúe de acuerdo con la jurisprudencia
internacional. Esto es lo que estamos pidiendo en la actualidad. Durante algún
tiempo, la crítica feminista al derecho internacional humanitario señaló la
importancia de reconocer la violencia sexual en contextos de guerra o de
conflicto como una forma de tortura, para evidenciar su uso como arma. No
obstante, ustedes señalan el riesgo de ocultar el carácter de género de dicha
violencia.
¿Cómo proponen resolver esta dificultad a partir de la ley
que tipificaría dicha violencia?
–Eso forma parte de las discusiones que se están dando en el
país. Nosotras integramos un colectivo llamado Mujeres Sobrevivientes, Siempre
Resistentes, y nos orientamos más por esta última línea. Otras compañeras asumen
una postura distinta. Nosotras queremos que se aborde el tema de la violencia,
pero también el de la sexualidad, y eso ha sido entendido por quienes buscamos
la promulgación de la ley que tipifique el delito de violencia política sexual.
Hemos recorrido un largo camino pidiéndole al Servicio Nacional de la Mujer
(Sernam) que se hiciera cargo de esta problemática y planteamos que cualquier
tipificación al respecto que se haga en nuestro país cuente con la
participación y la aprobación de nosotras, las sobrevivientes. Eso ha sido
aceptado. Actualmente tres sobrevivientes estamos trabajando con la Unidad de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y con un grupo de abogados de
nuestra confianza. Mi impresión es que la ley que se promulgue va a ser muy
cercana a lo que estamos planteando.
¿A qué atribuye la menor visibilidad que ha tenido dicha
violencia, pese a las reiteradas denuncias al respecto y a que el informe de la
primera Comisión Valech recogía relatos de este tipo, frente a otros crímenes
cometidos durante la dictadura que han sido investigados?
–Que quede claro que han sido investigados pero no
sancionados, porque los realmente sancionados han sido los ejecutados y los
desaparecidos. Los investigados no han cumplido penas por dichos crímenes, lo
que da lo mismo. Yo creo que hay varias razones. En primer lugar, a que en las
declaraciones que dábamos era borrado lo que tenía que ver con la violencia
sexual. Muchas de nosotras hicimos declaraciones en las que manifestamos haber
sido objeto de tortura y de violencia política sexual desde 1976. Después de
muchos años fuimos a buscar los informes judiciales que se habían elaborado a
partir de nuestros testimonios y encontramos que no aparecía nada de lo que
habíamos dicho. En su lugar aparecía la expresión “trato degradante”. También
hicimos declaraciones en un organismo de la Iglesia Católica chilena que apoyó
a presos y presas políticas llamado Vicaría de la Solidaridad. Buscamos estas
declaraciones y ocurría algo similar. Un segundo elemento es que hace 40 años
la violencia sexual hacia las mujeres formaba parte de la cotidianidad. Por
ende, muchas mujeres tendían a normalizarla y a verla como algo que te podía
pasar, sin asumirla en su gravedad. Para muchas mujeres no era algo tan
significativo, porque ya tenían experiencias anteriores de violencia sexual. El
imaginario social de la tortura es masculino: el golpe, la cachetada, la
patada, la electricidad... Así que esto tendía a aparecer como un daño
colateral. En tercer lugar, los sobrevivientes, hasta el día de hoy, no tenemos
asesoría jurídica ni asistencia legal. Estamos sumidos en la más absoluta
indefensión. Los abogados con los cuales hemos presentado querellas por tortura
y por violencia sexual lo hacen de manera solidaria, así que no pueden llevar
los casos del conjunto de la población. Y muchos de esos abogados no tenían
formación en género. La Justicia, tampoco.
¿Cómo ingresó el tema en el debate público y judicial de
Chile?
–Anteriormente habían sido interpuestas querellas donde
aparecía el tema de la violencia sexual, pero en mayo del año pasado se hizo la
primera de ellas por violencia sexual como crimen autónomo. En este caso
participaron cuatro compañeras. Dicho proceso está en curso. Ha avanzado, pero
aún no tiene condena. Es preciso esperar la respuesta de la Justicia. Con
respecto al modo como ha sido posicionado el tema en el debate público, yo
siento que también se produjo un cambio en nosotras. No sabría decir cuáles son
las razones. Nosotras somos mujeres de 60 años, ya criamos nuestros hijos,
estamos consolidadas en nuestras vidas, pero de repente nos juntamos y esto fue
como un renacer político también. Habíamos intentado hacerlo antes, porque las
mujeres sobrevivientes tenemos un nexo muy profundo. Pero es como si hoy
estuviéramos decididas a llevar esto hasta el final. Para muchas de nosotras
significó recuperarnos como sujetos políticos. Cuando concedimos las primeras
entrevistas sobre el tema, nuestro discurso cambió y floreció el de la mujer
resistente y empoderada que lucha por la justicia. Esto generó, desde mi
perspectiva, una gran aceptación. La gente tenía la imagen de la victimización,
el llanto y el dolor que, aunque cierta, es sólo una parte de la historia.
Nosotras vivimos esa historia porque éramos rebeldes y luchadoras. Este cambio
en el discurso fue valorado por la población y por los medios de comunicación.
Nosotras llevamos a cabo pequeñas acciones que convocan. Cosas cotidianas. Los
jueces y las autoridades del Estado ya nos conocen, saben quiénes somos.
¿Qué alcances pueden tener las querellas, las reuniones que
han sostenido con funcionarios del gobierno y la tipificación de la violencia
política sexual?
–En materia de judicialización queremos que el Estado
chileno cumpla su compromiso con la verdad, la justicia y la garantía de no
repetición. Esa es una reivindicación insoslayable. Es un derecho que tenemos
quienes fuimos torturadas y violentadas sexualmente. No permitiremos algo
distinto así nos demoremos 40 años más. Chile no ha alineado su legislación con
los tratados internacionales de derechos humanos. En el país todavía está
vigente la ley de amnistía. Nosotras queremos que esos tratados tengan carácter
constitucional o supraconstitucional. Si la Corte de Apelaciones o la Corte
Suprema no aplican la jurisprudencia con relación a la violencia política
sexual contra las mujeres, iremos a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, a la Corte Penal Internacional, o adonde sea necesario. El Estado sabe
que lo vamos a hacer. Para nosotras el camino está claro. Resta esperar el
resultado de la querella de las cuatro compañeras y de las muchas que van a
venir. En la entrevista que sostuvimos con el ministro de Justicia en diciembre
del año pasado, él se comprometió públicamente a conformar un equipo jurídico,
con abogados de nuestra confianza, con perspectiva de género y con presupuesto
para que las mujeres podamos presentar nuestras querellas. Actualmente están
trabajando en la conformación de dicho equipo. Con respecto a la ley que busca
la tipificación, la encontramos valiosa. En 2012, cuando se hicieron las
movilizaciones estudiantiles en Chile, 30 niñas y estudiantes mujeres fueron
detenidas y sometidas a violencia sexual por agentes del Estado, por policías.
No pasó nada con ellos. Entonces, así como nosotras, las mujeres
sobrevivientes, hemos recibido legados de otras mujeres, para nosotras la
tipificación también sería un legado para las mujeres más jóvenes, para que
tengan derecho a protestar, a tener vida y opinión política sin por ello ser
objeto de violencia sexual. Sabemos que esto no cambiaría sustancialmente la
situación, ya que son necesarios cambios culturales profundos. También es
importante que Chile forme en género a los operadores judiciales, como lo
señaló la Corte IDH a raíz del caso de la jueza Atala, lo cual no ha hecho.
Para la tipificación estamos exigiendo operadores judiciales que puedan
entender las demandas de las mujeres. Creemos que, si no se incorpora la
perspectiva de género, no hay posibilidad de que las humanas tengamos derechos
humanos.
* Bea Bataszew fue editora y parte del Equipo de Dirección de PUNTADA CON HILO en los años 90
Fuente: Página 12
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