GUATEMALA: NO ES NORMAL QUE ABUSEN DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS!!!

El genocidio que sucede todos los días en Guatemala y no nos llama al mismo escándalo y movilización política popular que otras grandes violaciones de derechos humanos en América Latina, de últimos tiempos.

"Yo sabía que me iba a pegar" 
Enviados X Griselda de Guatemala

Cuatro videos enviados desde Guatemala:

1. "CUÁNDO ÉL ENTRABA YO SABÍA QUE ME IBA A PEGAR"

2. "ABUSAN DE LAS NIÑAS. MI MAMÁ ME HA DICHO QUE SI MI PADRASTRO ME INTENTA HACER ALGO QUE LA AVISE"

3. "NI SENTÍ CUANDO NACIÓ MI BEBÉ. MUERTA ESTOY"

4. "EL PRIMER TRABAJO CON ELLAS ES QUE NO PIENSEN QUE ES NORMAL QUE ABUSEN DE ELLAS

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Fuente: Periodismo Humano

GUATEMALA, OTTO PÉREZ MOLINA: "NO HUBO GENOCIDIO"

No hubo Genocidio, palabra de kaibil  

X Mercedes Hernández/Periodismo Humano/Enviado X Griselda de Guatemala

Hace un año una verdad judicial se consolidó: José Efraín Ríos Montt es responsable de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la población ixil, durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala. Innumerables son las acciones de militares y de la oligarquía que intentan silenciar las voces de la población ixil sobreviviente de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos. Entre quienes encabezan las tesis negacionistas destacan el actual presidente Otto Pérez Molina y el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, ambos ex militares adiestrados en la Escuela Kaibil perteneciente al Ejército de Guatemala.

La sentencia dictada por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo a través de la cual se condenó a 80 años de prisión a Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes contra los deberes de humanidad cometidos contra la población ixil, según expertos internacionales de reconocido prestigio entre quienes destacan juristas de los casos Pinochet, Videla, Bordaberry y Fujimori, fue apegada al derecho guatemalteco, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consecuente con los estándares marcados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es técnicamente acorde a la prueba practicada y a los hechos probados en el juicio. Sin embargo, a esta verdad judicial —que significa el reconocimiento de la tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas, sometimiento a servidumbre y trabajos forzados, desplazamiento, masacres sistemáticas y planificadas, así como la criminalización del 100% del grupo étnico maya ixil estigmatizado como enemigo interno— se oponen, a través de tesis negacionistas, los miembros de la oligarquía guatemalteca para quienes la sangre indígena tiene el mismo valor que el sudor que ha regado históricamente sus latifundios, algunos intelectuales al servicio de esa élite económico-política, abogados herederos del clientelismo generado por toda dictadura y quienes durante mucho tiempo se habían significado como su brazo armado defensor, los militares. Entre estos últimos, quienes hoy gobiernan.

A pesar de la conocida enemistad entre el exdictador Ríos Montt y el actual presidente Otto Pérez Molina, el mandatario y su gabinete han hecho una negación granítica del genocidio, irrespetando la obligatoria separación de poderes y violentando la independencia que del poder judicial demanda la democracia. Eso sí, demostrando que quizá es cierto que con la cara cubierta de tizne o luciendo la banda presidencial, un kaibil, como aseguraba el coronel Ortega: “Morirá por su insignia y distintivo”.

Quizá uno de los casos que mejor ilustra el papel de los kaibiles en el Conflicto Armado, y que es también una verdad judicial, es la masacre de Las Dos Erres: crímenes por los que el mismo Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó, en 2011, a 6.060 años de prisión cada uno a cuatro exkaibiles, por la ejecución de al menos 216 víctimas, 92 de las cuales eran mujeres y 67 menores de una media de siete años. En aquella masacre los hombres fueron encerrados en la escuela del parcelamiento y las mujeres, junto a las niñas y los niños, en la iglesia evangélica. Los menores fueron los primeros en morir bajo las almáganas kaibiles. Después, hombres y mujeres fueron lanzados a un pozo donde les dispararon con fusiles y les lanzaron granadas de fragmentación para asegurar su muerte. Las mujeres más jóvenes fueron violadas. Al final del día, como relata Vela Castañeda: “Ya sólo se podían oír las risas de los soldados que devoraban trozos de cerdo con tortillas que unas mujeres de la aldea habían preparado. Sólo para esto habían quedado con vida. Habían terminado de matar a quien fuera su enemigo en esta guerra. No habían tenido batalla, ni heridos, ni bajas, ni guerrilleros, ni armas, ni propaganda: sólo civiles muertos.”

A la tesis kaibil sobre la negación del genocidio, respaldada por los militares en general y por sus antiguos jefes, los terratenientes ahora convertidos en sus socios estratégicos, se oponen los años y años de investigaciones científicas que las pruebas periciales pusieron de manifiesto durante el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez en 2013: el peritaje estadístico del experto Patrick Ball confirmó que la tasa de mortalidad de la población ixil fue tan alta como la de los genocidios de Ruanda y Bosnia, y que el riesgo de morir a manos del Ejército de Guatemala era ocho veces mayor si se era indígena. Cifras que confirman el racismo estructural como elemento esencial de la maquinaria genocida. Otros análisis científicos sobre genética forense, sociología, derecho, psicología, antropología y balística, aportaron la prueba documental necesaria para confirmar la hipótesis planteada por la acusación sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo ixil.

Junto al peso de la evidencia, el desempeño de las organizaciones querellantes fue otro pilar fundamental para la construcción de esa verdad judicial. La Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en los Derechos Humanos (CALDH), con el apoyo y experticia de profesionales de otras nacionalidades, que representan la indignación de la comunidad internacional ante la gravedad de los crímenes internacionales, construyeron una estrategia jurídica de tan alto nivel que a la defensa de Ríos Montt y de Rodríguez Sánchez solo le quedó el litigio malicioso como método de procuración de impunidad para los acusados.

En Guatemala, para las y los funcionarios desafectos al régimen el futuro tiene cara de inhabilitación, o como dijo Toriello: “De encierro, destierro o entierro.” Bien lo sabe la jueza Jassmín Barrios, quien ha pagado un alto precio por presidir el tribunal que condenó a Ríos Montt y porque ya había condenado a los kaibiles responsables de la masacre de Las Dos Erres: ha sobrevivido a más de un atentado y recientemente superó el intento de separarla del cargo que hizo el Colegio de Abogados de Guatemala a través de un Tribunal de Honor que no hace mérito a su nombre. También lo sabe muy bien la todavía Fiscal General Claudia Paz y Paz —que será sustituída por la magistrada Thelma Aldana, señalada por presuntos vínculos con las más oscuras redes de poder del presidente— porque a pesar de revertir la nefasta historia del Ministerio Público ha sido removida prematuramente del cargo. ¿Su delito? Haber sentado en el banquillo de los acusados a Ríos Montt y a otros considerados intocables. Sin duda, jueza y fiscal son las víctimas sacrificiales que quisiera un sistema corrupto que se sabe agrietado y perseguido por la Verdad. No será así. No podrán eliminar lo que ellas ya han hecho y mucho menos lo que significan.

Pero frente las negaciones, la aportación más relevante será siempre la voz de las propias víctimas y sobrevivientes de la política genocida. La Historia y la Verdad guardan registro de más de cien indígenas ixiles que testificaron, la mayoría en su propio idioma, los crímenes vistos, oídos y sufridos en carne propia. Quedarán gracias a su decidida y absoluta disposición de abandonar el silencio impuesto por el mismo Estado que estaba y está obligado a su protección y que, sin embargo, no sólo no detuvo las atrocidades perpetradas por sus propios agentes sino que las refrendó e impulsó. Como sobreviviente y testiga presencial de los horrores de esa guerra, no me cansaré de reconocer con humildad y orgullo que la población ixil ya no es aquel grupo aislado en las montañas cuyas noticias sobre su exterminio controlado tardaban meses e incluso años en llegar a la portada de algún medio. Los hombres y las mujeres mayas de Guatemala son una mayoría que cada vez se aleja más de ese grupo humano observado, ese “otro” que como dice Sontag, “incluso cuando no es enemigo, se le tiene por alguien que ha de ser visto, no alguien (como nosotros) que también ve.”

Frente a las voces negacionistas cuya ilegitimidad sonrojaría a cualquiera con mínimos éticos, se levantará siempre la dignidad de la población ixil que rompió el silencio para construir su verdad, la Verdad. Ellas y ellos son sujetos políticos construyendo para sí mismos y para el mundo una nueva historia.

VER VIDEOS  DONDE SE VE AL ACTUAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA OTTO PÉREZ MOLINA CUANDO ERA MAYOR EN EL DESTACAMENTO DEL QUICHÉ, HABLANDO CON PERIODISTAS EXTRANJEROS MIENTRAS A SUS PIES YACEN LOS CADÁVERES DE VARIAS PERSONAS EJECUTADAS Y TORTURADAS

Este presidente, Otto Pérez Molina, ha negado públicamente que sucediera tal genocidio

Fuente: Periodismo Humano

GUATEMALA: DESAPARICIÓN ES SINÓNIMO DE INJUSTICIA

Desaparición no es sinónimo de muerte

X Irene López Alonso/InspirAction/Enviado X Griselda de Guatemala

Hace unas semanas el mundo se alegraba del encuentro de Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, con su nieto desaparecido. Los casos de los bebés robados durante la dictadura militar Argentina y la lucha de esas aguerridas mujeres de pañuelo blanco son ampliamente conocidos y reconocidos. No lo es tanto, en cambio, el hecho de que es Guatemala el país de América Latina con el mayor número de víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición. El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, muchos pensarán en Argentina. Pocos en Guatemala.

Durante los 36 años de Conflicto Armado Interno, 45.000 personas desaparecieron en Guatemala, la mayoría de ellas, indígenas de los pueblos maya, ixil y kiché. El ensañamiento con las minorías étnicas, así como el carácter sistemático de las masacres, torturas y ejecuciones extra-judiciales llevadas a cabo por el terror de Estado, hicieron que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) declarase que los crímenes cometidos en Guatemala habían alcanzado la categoría de genocidio. Sin embargo, el actual presidente, Otto Pérez Molina, ha negado públicamente que sucediera tal genocidio, y en sus declaraciones sobre los años de la guerra suele hacer referencia a que la guerrilla tuvo la misma responsabilidad que el Ejército en los abusos perpetrados (a pesar de que, según la CEH, el 93% de las atrocidades cometidas durante el conflicto fueron responsabilidad de las fuerzas armadas).

No hay que olvidar que el actual presidente guatemalteco es un general retirado que durante los años 80 formaba parte como paracaidista de la Fuerza de Tarea Gumarcaj, señalada por el informe de Naciones Unidas Guatemala, memoria del silencio como responsable de diversas matanzas en el área ixil del país, y posteriormente fue Director de Inteligencia Militar de 1991 al 93. Así, ante un Gobierno marcadamente contrario a la recuperación de la memoria histórica, la labor de las “Abuelas de la Plaza de Mayo” guatemaltecas se torna todavía más difícil que la de sus homólogas argentinas.

Quienes están impulsando esta lucha por el resarcimiento de las víctimas del Conflicto Armado Interno son distintas organizaciones no gubernamentales humanitarias aglutinadas en el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada en Guatemala, que está peleando actualmente por la aprobación de la iniciativa de ley 3590.

“45.000 personas desaparecidas, 45.000 razones para aprobar la iniciativa de ley 3590”, dice la campaña del Grupo de Trabajo. Y es que esta propuesta de ley daría lugar a una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctima de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, que trabajase de manera conjunta y desde las instituciones estatales por encontrar el paradero de los hombres, mujeres, niños y niñas desaparecidas durante la guerra.

45.000 razones contra la impunidad

A veces da la sensación de que ciertos medios de comunicación emplean el término ‘desaparecido’ como eufemismo de muerto. Sin embargo, las familias de los desaparecidos durante el conflicto guatemalteco confiesan en sus testimonios que en muchas ocasiones hubieran preferido saber a sus familiares fallecidos.

Es peor la falta de información, la incertidumbre y la impunidad con la que conviven esos niños que no tuvieron padres que les enseñaran a vivir, o esas madres que quisieran poder contarles a sus hijas perdidas tantas cosas que han pasado durante estos años. Familias que necesitan que su historia les sea devuelta para poder cerrar el ciclo de duelo y recuperar al menos la dignidad de sus seres queridos.

Tampoco una persona desaparecida es un muerto cuyo cuerpo nunca llega a encontrarse. Puede ser una niña que crece con una familia ajena, criada por los que probablemente fueron los captores o asesinos de sus verdaderos padres. Un niño con una identidad reemplazada que puede que nunca llegue a encontrarse…. A sí mismo.

La Junta militar de Ríos Montt en 1982 (AP)

Por estas personas, y en especial por la niñez desaparecida, es por quienes lucha el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, miembro del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada en Guatemala y contraparte de InspirAction en el país, que está presionando al Gobierno guatemalteco para que la iniciativa de ley 3590 sea aprobada con carácter de urgencia nacional. Que dejen de emplearse tácticas dilatorias y recursos jurídicos que obstaculizan la efectiva persecución y sanción de los responsables de que en Guatemala, durante la llamada “política de tierra arrasada”, multitud de comunidades indígenas fueran literalmente borradas del mapa.

Si hay 45.000 razones para que Guatemala apruebe la ley que contribuirá a la reparación y a la reconciliación nacional, es porque existen muchos más motivos para no permitir la impunidad de los genocidas.

Porque desaparecido no es eufemismo de muerto. Es sinónimo de injusticia.

Fuente: Periodismo Humano

GUATEMALA: EFRAÍN RÍOS MONTT, OTRO GENOCIDA QUE SE "ENFERMA" CUANDO LO LLEVAN A TRIBUNALES

La lucha por la Justicia en Justicia guatemalteca someterá a ex dictador a nuevo juicio por genocidio Guatemala: someten ex dictador a juicio por genocidio

Enviado X Comisión Etica Contra la Tortura/Latinoamérica ahora AFP/

Estrategias contra la impunidad y lucha por la JUSTICIA ante el genocidio de pueblos originarios guatemaltecos

Ciudad de Guatemala (AFP) - El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt enfrentará desde el lunes un nuevo juicio por el genocidio de indígenas en el norte del país durante su régimen de facto entre 1982 y 1983, una de las épocas más cruentas de la guerra civil.

El octogenario general retirado será sometido de nuevo a la justicia luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial de Guatemala, anulara la condena de 80 años de prisión por genocidio impuesta el 10 de mayo de 2013 por otro tribunal, al argumentar errores procesales.

Junto a Ríos Montt también será procesado su ex jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, absuelto en el primer juicio.

"Ya se demostró que se cometió genocidio en Guatemala y esperamos otra sentencia" condenatoria, dijo a la AFP Héctor Reyes, abogado de sobrevivientes y familiares de las víctimas de matanzas ocurridas en la región Ixil, en el norteño departamento de Quiché, atribuidas al régimen de Ríos Montt.

Según la acusación de la Fiscalía y querellantes en el proceso, el ex dictador de 88 años orquestó una política de exterminio contra el pueblo indígena, al que señalaba de colaborar con las guerrillas izquierdistas durante el conflicto armado.

"Solo en el periodo de Ríos Montt" del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983 "fueron asesinados un aproximado de 1.771 indígenas del grupo étnico maya-ixil, sin contar los otros grupos étnicos mayas", agregó Reyes. 

Estrategia de retraso

El martes pasado, la defensa de Ríos Montt interpuso una solicitud para separar a la jueza Janeth Váldez, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo del proceso por genocidio, tras señalar que la jurista tiene una "opinión parcializada" del caso.

Luis Rosales, abogado del militar, basa su argumento en una tesis académica elaborada por Váldez en 2004 sobre el genocidio en Guatemala en la que "se refiere por nombre y apellido al general Ríos (Montt)", a quien imputa la responsabilidad de graves violaciones a los derechos humanos.

Para Reyes, abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), recusar a la jueza a pocos días de arrancar el juicio es una estrategia para aplazar el debate.

"Definitivamente esta es una estrategia para retrasar el inicio del proceso, sabemos que este caso siempre estará permeado por algunas acciones jurídicas que van a plantearse para intentar retrasarlo", declaró Reyes. 

El planteamiento del defensor de Ríos Montt no ha sido resuelto, por lo cual el tribunal mantiene vigente el inicio del debate para el próximo lunes.

Ríos Montt también solicitó ausentarse durante el debate, tras aducir padecimientos en la columna vertebral debido a su avanzada edad, además de problemas cardíacos y oftalmológicos.

Amnistía, solicitud pendiente

En paralelo al juicio, Ríos Montt espera que la justicia guatemalteca decida si le otorga una amnistía concedida a militares e insurgentes en 1986, aplicable a los delitos cometidos durante la guerra a partir de 1982.

En octubre de 2013, la CC aceptó un recurso a favor de Ríos Montt y pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exponer los argumentos por los cuales un juzgado le denegó la amnistía al ex dictador en marzo de 2012.

Sin embargo, el expediente ha pasado por varias salas de apelaciones debido a que casi un centenar de magistrados se han excusado de conocer la orden del ente constitucional o han sido recusados por querellantes y abogados de Ríos Montt.  

El decreto de amnistía que la defensa quiere aplicar fue firmado por el también ex dictador Óscar Mejía (1983-1986), quien derrocó a Ríos Montt.

No obstante, la Ley de Reconciliación Nacional aprobada en 1996 dejaba sin efecto las anteriores y determinaba que el genocidio y violaciones de lesa humanidad no prescriben.

La guerra civil guatemalteca causó unos 200.000 muertos o desaparecidos entre 1960 y 1996, con más del 90% de los crímenes atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado, según reveló una comisión de la verdad auspiciada por la ONU en 1999.

Fuente: Tiempo.hn

LAS CUICAS NO ABORTAN EN $HILE... CAPAZ QUE EN EUROPA SÍ...

En $hile no hay Lucha de Clases, pero hay cuicos y semicuicos 

X victoria aldunate

No hay Lucha de Clases en $hile, ¡claro!, y acá el que no corre, vuela. Y vuelan sin necesidad de sustancias –aunque las consuman- porque su vida es un sueño como de Calderón de la Barca. Los cuicos son etéreos –y hetero-, y elllas no abortan en clínicas cuicas en $hile... capaz que lo hacen en Europa...

La Van Rysselberghe (senadora dere$hista, UDI) se porta como si no se tirara ni un pedo y la Von Baer (idem) –la misma que no presta su cuerpo, pero está de acuerdo con que nos expropien los nuestros- habla como si jamás se sacara un moco. Ellas y sus hijas no abortan, claro... Y pueden hacerse pasar por lo que quieran y hacer lo que quieran, porque para eso mandan en $hile y a todos sus gobernantes.

Los cuicos acostumbrados a manejar sus fundos, sus haciendas, sus holdings, saben que el E$tado y sus Gobiernos de turno son la continuación de todo eso, que están para servirlos contra la irreverencia flaite.

Y se escandalizan de que se hable públicamente con un lenguaje “tan discriminatorio”: cuicos/flaites. Y es que no tiene que notarse la desigualdad radical entre el 1 por ciento, dueño del país, y el otro 99. Nadie debe fomentar la Lucha de Clases que desapareció –dicen- junto con el muro que cayó y con la URSS que ya no existe –que después de eso, moros y cristianos, izquierdistas y dere$histas unidos, comenzaron a llamarle Beijing a Pekín-.

La Lucha de Clases es un “concepto antiguo” en una sociedad postmo de increíbles performances. Puede estar pasando, pero no hay que nombrarla. La Lucha de Clases es como ser lesbiana, morena, gorda y vieja, y ocurrírsele a una tomarse de la mano en la calle. Te gritan insultos, las vecinas te quitan el saludo y sus maridos te miran como si fueses un monstruo. No hay que mostrar lo que es, ni nombrarlo porque es fomentarlo, y eso coloca en peligro la seguridad de los dueños del país… o del fundo - que para el caso, lo mismo da- .

Hablar de cuicos y flaites es develar la Lucha de Clases innombrable y eso les ofende; igual como mostrarse lesbiana ofende la normalidad heterosexual que oprime a mujeres que nos acostamos, nos besamos y tenemos orgasmos entre sí. Es muy “mal visto”, la Lucha de Clases también…

Y sin embargo, gira…

El $hile, desde que Pinochet nos arrebató el aborto terapéutico a las mujeres en el 89, se habla públicamente de las jóvenes y mujeres pobres, pobladoras, solteras, trabajadoras y sus abortos. Los diarios, los políticos en sus debates, usan nuestros abortos miserables y clandestinos para discutir sus programas políticos con sus contendores, y ninguna se ofende. Contemplamos con naturalidad sus discursos a nuestra costa: somos pobres, abortamos, no tenemos pega, no tenemos plata, es normal.

En $hile cualquier canal de tevé abierta puede tratar a las mujeres que viven violencia como víctimas sin fuerza ni deseos de rebelión. Cualquier programa matinal puede hacer soplonaje y denunciar a travestis, mujeres migrantes y nacionales en explotación sexual, por meter bulla y dejar sucias las calles de “gente decente”. Y cualquier nota de prensa puede exponer las heridas de violación de niñas pobres, rurales, embarazadas; y lo que es peor, cualquier jetón en el Gobierno de turno ha tenido la insolencia de “felicitar” a esas mismas niñas desde su pódium gubernamental “por” parir violadas -y así mostrarse como un ardiente “defensor de la vida” para una posible futura re-elección-… Pero en $hile nadie, ni una Ministra, puede decir que “las hijas de los ricos abortan en clínicas cuicas”. Porque esa Ministra, ahora ex Ministra, no debe ofender a los patrones del fundo, ni a sus hijas; y ya sabemos que a sus hijos borrachos que matan a transeúntes, nadie puede condenarlos porque tienen a “la Justicia” siempre lista y dispuesta a encubrirlos… ¡No, si no hay Lucha de Clases en $hile!, se terminó con la “vuelta a la Democracia” -esa transaca colosal entre cuicos y semicuicos-.

$HILE: "COBARDÍA MORAL DEL GOBIERNO"

APOYAMOS DENUNCIA DE EX MINISTRA DE SALUD Y EXIGIMOS LEGALIZAR EL ABORTO

 X Convergencia de Izquierdas Ñuñoa/Enviado X Ana María Díaz

Expresamos nuestra solidaridad con la renunciada ministra de Salud, Helia Molina, ocurrida luego que ella pusiera en evidencia el doble estándar existente en Chile en torno al aborto. Mientras los sectores conservadores (de la Alianza por Chile y la Nueva Mayoría) se oponen públicamente al aborto terapéutico; ocultan de manera hipócrita la realidad de los abortos ilegales realizados en clínicas privadas a las que solo tiene acceso la clase dominante del país.

El hecho constituye una demostración de que cuando alguien con conocimiento y autoridad evidencia la realidad del aborto en Chile, surge de inmediato la respuesta corporativa de aquellos sectores más conservadores de la sociedad, que predican en público valores que no practican en privado.

La cobardía moral del gobierno respecto al tema del aborto quedó en evidencia también luego que el propio Ministerio calificara la denuncia de la Ministra Molina como una “opinión personal”; situación que fue remachada con la aceptación que hizo la presidenta Michelle Bachelet de a renuncia presentada.

Si esperamos que deje de ser una realidad clandestina y un secreto a voces, debemos legislar ahora sobre el aborto, porque constituye una forma más en la que se expresa la desigualdad y se niega la facultad de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva. Bajo estas condiciones apoyamos una legislación que permita en Chile el aborto libre, seguro e igualitario para todas las mujeres.

Convergencia de Izquierdas

Convergencia de Izquierdas Ñuñoa

Desde la Izquierda y con los Movimientos Sociales !!