Declaración pública de la Comisión Etica contra la
Tortura sobre las nuevas apuestas de leyes de excepción y cuerpos
policiales que el Gobierno pretende colocar en funcionamiento.
DECLARACION PÚBLICA
X equipo de trabajo CECT/Enviada X Juanita Aguilera
La Comisión Ética Contra la Tortura ante las declaraciones
del Gobierno respecto de las modificaciones a la Ley Antiterrorista y a
sus anuncios en materia de Inteligencia, expone ante la opinión pública
lo siguiente:
1.- Solicitamos al Gobierno derogar de manera inmediata la
Ley Antiterrorista actualmente vigente, herencia de la dictadura militar que ha
permitido perseguir a luchadoras y luchadores sociales, ayer concebidos como
“enemigos internos” en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional y el
terrorismo de Estado y hoy aplicada al mapuche que se opone al sistema de explotación
sin límites que destruye sus tierras, depreda sus bosques, contamina sus aguas,
acaba con sus cementerios, entre otras consecuencias que se derivan de los
proyectos económicos en territorios ancestrales.
2.- La Ley Antiterrorista y cualquier sucedáneo es un
instrumento jurídico desestabilizador de la democracia y reñida con los
derechos humanos. Esto lo ha hecho evidente el fallo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en el caso Norín-Catrimán y otros versus la República de
Chile, notificado el día martes 29 de julio de 2014. Este fallo ha señalado que
las resoluciones judiciales bajo aplicación por parte del Estado de Chile de la
Ley Antiterrorista violaron el principio de legalidad y el derecho a la
presunción de inocencia, así como denotaron estereotipos y prejuicios que
determinaron la violación de los principios de igualdad y no discriminación. Al
mismo tiempo la Corte estableció que dichos fallos provocaron violaciones al
derecho de la defensa y del derecho de recurrir a los mismos. En consecuencia,
las condenas en este caso han sido consideradas arbitrarias y absolutamente
contradictorias con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, revelando
que la aplicación de la Ley Antiterrorista por parte del Estado de Chile
permitió la persecución ilegal y criminalización de la protesta social mapuche.
3.- Somos enfáticos en señalar que nuestro país no requiere
de una ley de excepción, ni siquiera para castigar delitos tan graves como el
acontecido en el sector comercial de la comuna de Las Condes el día lunes 8 de
septiembre 2014, dado que el ordenamiento jurídico existente ha dado muestras
de suficiencia y eficacia para aplicar Justicia, tal como ha acontecido con los
violadores de Derechos Humanos actualmente encarcelados, que habiendo ejercido
el Terrorismo de Estado, han sido juzgados por leyes civiles que han logrado
reconstruir verdaderos rompecabezas criminales a pesar del pacto de silencio
que aún mantienen las instituciones armadas y sus integrantes. En ese mismo
orden de ideas, rechazamos la existencia de una Agencia Nacional de
Inteligencia con o sin funciones operativas, con atribuciones para infiltrar a
los movimientos sociales, hacer escuchas telefónicas y otras prerrogativas que
se proponen para una entidad a la que se la concibe como una especie de brazo
de control represivo del poder político, bajo la tutela de los gobiernos de
turno y por sobre las policías regulares actualmente en funciones.
4.- Nos parece del todo inapropiado presentar ante la
opinión pública, en una misma línea discursiva, de una parte la aplicación y
modificaciones a la Ley Antiterrorista vigente y de la otra la creación
de un nuevo cuerpo policial bajo la orden directa del gobierno que no es otra
cosa que una policía política que pretende naturalizar la infiltración policial
en los movimientos sociales. Los agentes encubiertos en las marchas
estudiantiles y mapuche que animan la violencia; los policías con credenciales
de periodistas en manifestaciones y la infiltración como ha sido el caso de
Raúl Castro Antipán en un grupo mapuche por orden de Carabineros de Chile, con
el fin de alentar e instigar la realización de actos que luego significaron
años de prisión para una decena de jóvenes mapuche (ataque a Tur Bus, año
2005), lo único que evidencian es la comisión de delitos graves
realizados por agentes del Estado, en nombre de una supuesta lucha contra el
terrorismo y la violencia.
5.- La soberanía y la democracia son bienes que deben
protegerse y resguardarse. Las acciones que han anunciado ciertas autoridades
del Estado desde los sucesos del lunes 8 de septiembre han tenido como su
primera víctima al frágil sistema democrático construido post dictadura. De
paso, estos gestos han negado la capacidad investigativas de las instituciones
policiales, en tanto organismos auxiliares del sistema de justicia, dejando
como segunda víctima nuestra soberanía y en claro entredicho nuestra
autodeterminación como Estado, al convocar a cuerpos policiacos extranjeros
como el norteamericano. Ante este escenario exigimos que se respeten las
instituciones chilenas y su funcionamiento efectivo en la investigación de los
graves delitos que la opinión pública ha conocido, se identifique realmente a
los responsables y no se culpe a priori y encarcele a inocentes que luego son
absueltos por la propia Justicia que recurriendo a las herramientas
establecidas han tipificado y definido los delitos y castigos en el Código
Penal. Chile, la policía y el sistema Judicial no requieren de agentes
especiales venidos del país del norte; sólo necesitamos que cada institución
del Estado ocupe su lugar y funcione.
6.-Finalmente, llamamos a los movimientos sociales y al
movimiento de defensa y promoción de los derechos humanos a no permitir que
gane terreno el terror y el amedrentamiento con el que se nos quiere hacer
callar. Luchamos por una democracia plena para Chile y su gente, así como por
la soberanía, autodeterminación, las libertades civiles y políticas como
derechos esenciales de nuestro pueblo. Ya es hora de terminar con todos los pretextos
que nos impiden cambiar la constitución dictatorial y construir una democracia
cuyo pilar fundamental tenga la voz del pueblo como soberano y la plena
vigencia de los derechos que hoy nos son negados.
Comisión Ética Contra la Tortura
26 de Septiembre de 2014
COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
13 años luchando contra el crimen de la tortura
La Comisión Etica contra la Tortura adhiere al movimiento
para que DECLAREMOS ILEGAL LA POBREZA, forma de tortura permanente que ataca a miles de seres humanos
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