"No podemos dejar de recordar que durante su mandato como
Jefa de Estado, por primera vez, se aplicó la Ley Anti-Terrorista
(LAT) contra los Mapuche y que el número de detenidos fue el mayor de las
últimas décadas, alcanzando los 140".
Señora
Michelle Bachelet Jeria
Directora Ejecutiva de UN Women
405 East 42nd Street Nueva York,
NY 10017 United States
Estimada Directora:
Los miembros de la Comisión Ética Contra la Tortura de Chile, nos
dirijimos a Ud. en su calidad de Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, con el
objeto de llamar su atención sobre las graves violaciones a los derechos
humanos de mujeres, jóvenes y niñas, que ocurren hoy en Chile, su país natal, y
que Ud. presidiera como Jefa de Estado, entre el 11 de marzo de 2006 y el 10 de
marzo de 2010.
Nuestra carta está motivada por su indolencia frente a las
graves discriminaciones, violencia y exacciones del Estado chileno frente a sus
compatriotas y, muy especialmente, contra las mujeres y niñas Mapuche,
escolares y estudiantes, circunscribiendo así, voluntariamente esta
misiva -sin referirnos a los otros sectores de la sociedad-, a la temática que
la interpela, en tanto responsable de ONU Mujeres, por mandato de la Asamblea General
en su sexagésimo período de sesiones de fecha 2 de julio de 2010 y cuya
investidura Ud. asumió el 1° de enero de 2011, sin que hasta la fecha
haya pronunciado opinión alguna sobre el tema citado.
Cuesta creer que, desde su alto rango, carezca de
informacion sobre lo que acontece en su país, más aún, cuando sabemos que jamás
ha cesado sus actividades políticas desde que dejara el poder y que su nombre
aparece constantemente en el cotidiano de chilenas y chilenos desde que su
sucesor asumiera el gobierno en marzo de 2010.
El 26 de agosto pasado, el New York Times publicó un
artículo bajo el titulo “Volonters Keep Watch on Protests in Chile”, que
no sólo entrega antecedentes de la represión actual, sino también de las
nuevas formas que ésta ha adquirido, en términos de acosos y torturas
sexuales aplicadas a menores liceanas, jóvenes estudiantes y mujeres
adultas. Solamente la ACES
(Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), ha recogido más de 25
denuncias por violencia sexual policial, que serán presentadas a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos el próximo 28 de octubre. Así, en Washington,
se expondrá la situación de violaciones policiales en movilizaciones y de
criminalización de la protesta social, en circunstancias que la Constitución chilena
garantiza el derecho a reunión sin permiso, pero se aplica el Decreto Supremo
1086 dictado a principios de 1980, es decir en plena dictadura militar.
En esa ocasión, la Asesoría Ciudadana
tomará como base el Protocolo de Estambul (09/08/1999 – Alto Comisionado de
Derechos Humanos de la ONU )
que fija el procedimiento y los mecanismos de investigación de las detenciones
ilegales, del uso desmedido de la fuerza y de la tortura, entre otros actos
ilegales de la fuerza pública.
Para estos fines, precisamente, desde las protestas
estudiantiles del año 2011, la sociedad civil ha ido creando grupos de
Observadores de Derechos humanos que tienen como misión, constatar, asistir,
recoger y darle cauce legal a los testimonios de las víctimas de la represión,
en la calle o donde ocurran violaciones flagrantes a los derechos humanos. Se
da el caso –denunciado ante la
OMCT-, que nuestra propia Presidenta, Juana Aguilera, fue
víctima de una brutal agresión por un civil, seguramente «no tan civil»,
mientras ejercía su derecho de ciudadana y observadora, con sus credenciales de
rigor afichadas visiblemente, el 23 de agosto pasado, durante una manifestación
de estudiantes en las afueras de la Casa Central de la Universidad de Chile
que era asaltada por las Fuerzas Especiales de Carabineros.
Las «desapariciones express» que han sufrido numerosas niñas
que, una vez detenidas en un furgón policial, «desaparecen» durante 5 a 8 horas sin que NADIE pueda
obtener alguna información sobre su arresto ilegal. ¿Acaso este tipo de
prácticas no evocan los años sórdidos de la dictadura de las cuales
tantos chilenas y chilenos, Ud. y su propia familia, fueron víctimas?
Las violentísimas agresiones a las comunidades Mapuche, que
forman ya parte de la « cultura represiva » del Estado chileno -y sobre las que
Ud. más de algo podría decirnos al respecto, pues bajo su mandato presidencial
se asesinaron los jóvenes Mapuche Matías Catrileo Quezada, el 3 de
enero de 2008, y Jaime Mendoza Collío, el 12 de agosto de 2009, ambos ultimados
por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE)-, no terminan de
contarse, muy por el contrario, se acrecientan e involucran cada vez más
a mujeres y niñas sin que Ud. haya hecho el más mínimo comentario.
¿Acaso no supo Ud. qué en los territorios Mapuche de
Temucuicui, el 23 de julio último, fuerzas especiales de la policía
militarizada irrumpieron en las inmediaciones del hospital de Collipulli hiriendo
a bala a cuatro niños Mapuche después de atacar alevosamente sus comunidades?
¿No supo tampoco que el 26 de julio de 2012, tres
mujeres Mapuche, una de ellas con su hija de 2 años, todas integrantes de la Alianza Territorial
Mapuche, se tomaron la sede de la
UNICEF en Santiago de Chile para solicitar la intervención de
esa entidad de Naciones Unidas frente al gobierno chileno y su Ministerio del
Interior, demandando el cese de la militarización de sus comunidades, más aún,
la vocera Mewlen Huecho realizó una huelga de hambre en la misma sede entre el
27 de agosto y el 3 de septiembre.
Fuente: kaos en la red/chile
