Ley “Bertha Cáceres” camino a la UE
X Javier Suazo/Servicio Informativo
"Alai-amlatina"
ALAI AMLATINA, 19/07/2016.-
Más de 4 meses han transcurrido desde la fecha (2 de marzo de 2016) que
fue asesinada la líder ambientalista y de derechos humanos, Bertha Cáceres. El
gobierno de la República dio captura y puso a la orden de los tribunales de
justicia a los autores materiales del crimen, no así, y esta es la percepción
de la población hondureña y de organizaciones defensoras de derechos humanos, a
los autores intelectuales.
El 2 de mayo de 2016, el periodista defensor de derechos
humanos y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Félix
Molina, sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. El periodista había
denunciado que detrás del atentado a la lideresa indígena podrían estar
involucrados los financiadores y directivos ejecutivos de la Empresa
Hidroeléctrica “Agua Zarca”. Y esta es quizá la principal justificación para
que defensores de derechos humanos y ambientales pidan la profundización de las
investigaciones sobre el crimen, y a los órganos del Estado la captura de los
responsables como autores no visibles del mismo.
Los familiares de Bertha Cáceres han pedido al gobierno de
Honduras permitir una Comisión independiente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos para que investigue el caso, ya que dudan de la buena fe y
efectividad de los órganos del Estado coludidos en su mayor parte con la
corrupción y el narcotráfico. Igual llamamiento han expresado altos
funcionarios de la Unión Europea, la Embajada de EEUU, el Consejo Pontificio
del Vaticano sobre la Paz y la Justicia y connotados actores de cine y líderes
mundiales. Todavía no se ha recibido una respuesta favorable, más bien se
denuncia por los familiares la contaminación del caso y la renuencia a permitir
un conocimiento detallado de las investigaciones por las organizaciones de
derechos humanos.
El 14 de junio de 2016, frente a esta renuencia del gobierno
de la Republica, cuatro (4) congresistas demócratas presentaron a la Cámara de
Representantes en EEUU un proyecto de Ley denominado Ley Bertha Cáceres “para
suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados
Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por
parte de las fuerzas de seguridad y hasta que los responsables de estas
violaciones sean llevados ante la justicia”. Solicitan que se investigue no
solo el asesinato de Bertha Cáceres y el atentado a Félix Molina, sino también
los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García ligados a la
comunidad garífuna, y el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el
Valle del Aguan. La ayuda del gobierno y pueblo de EEUU será reactivada solo si
el gobierno hondureño enjuicia exitosamente a los militares y policías
involucrados en estos hechos, igualmente a los autores intelectuales.
La aprobación de la Ley Bertha tendría un impacto directo en
el presupuesto de las FFAA y Policía Nacional de cerca de 25 millones de
dólares de ayuda y cooperación directa de EEUU, y cerca de 60 millones de
dólares de la banca multilateral, en especial del BID, donde EEUU actúa como
aval. Exige que el Ejército se retire de las tareas que realiza la Policía
Nacional tal como manda la Constitución de la Republica, proteja los derechos
de periodistas, sindicalistas, campesinos, activistas de derechos humanos,
afro-indígenas, LGBTI y opositores al gobierno, y el restablecimiento del
estado de derecho depurando los órganos del Estado responsables de tanta
corrupción, impunidad y violaciones sistemáticas de derechos elementales del
ser humano como el derecho a la vida, participación y protesta pública.
Es poco probable que esta Ley tenga la acogida deseada y sea
aprobada, aun cuando las evidencias e informes de organismos de derechos
humanos demuestran un relación directa y determinante entre el fortalecimiento
de las FFAA y Policía de Honduras y aumento de las violaciones de derechos
humanos y ambientales y negocios ilícitos producto del narcotráfico. También se
demuestra los altos niveles de corrupción e impunidad de los órganos encargados
de impartir justicia, los que se han visto favorecidos con los recursos
asignados por EEUU y la banca multilateral a la traída reforma de la seguridad
publica en Honduras, donde todos los intentos han fracaso con un creciente
desperdicio de recursos financieros en un país cuyo pueblo sigue sumido en la
pobreza extrema, ignorancia y el caos político.
En este fracaso destaca la liquidación de la Comisión de
Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y el eventual cierre de la Dirección de
Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que funciona sin
estructura operativa y presupuesto.
El presidente Hernández denunció en Washington que
organizaciones de sociedad civil tergiversan información sobre la situación de
los derechos humanos en Honduras y la entregan a congresistas y senadores, con
lo cual le hacen mucho daño al país; sin embargo, la evidencia empírica y los
estudios realizados por instituciones u organizaciones de derechos humanos
internacionales documentan estas violaciones sistemáticas donde se involucra a
militares y policías. Aunque la Ley Bertha Cáceres no se mete con los fondos
asignados al Plan Alianza para la Prosperidad (PAP) ya que es una iniciativa de
EEUU con los presidentes del Triángulo Norte (patio trasero) de Centroamérica:
Honduras, Guatemala y el Salvador, por un monto inicial de 750 millones de
dólares, es evidente que hay una relación directa en los temas de narcotráfico,
seguridad regional y gobernabilidad democrática. Incluso el vínculo también
existe en el tema económico, donde se apuesta a la generación de empleos
productivos siendo una de las intervenciones importantes la generación de
energía eléctrica de fuentes renovables.
La Ley “Bertha Cáceres”, aunque difícil de aprobarse en
EEUU, ha prendido las alarmas en
Honduras donde se habla de una nueva legislación para proteger en forma
efectiva a los defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas,
garífunas, periodistas, miembros de la comunidad lésbica –gay y líderes de la
oposición política hostigados por oponerse a la reelección presidencial, pero
también en los OFIs que observan como miles de dólares son tirados al cesto de
la basura cuando no se cumple con los objetivos de la reforma de la seguridad
pública y más bien se fortalece la corrupción e impunidad dentro y fuera de los
operadores de justicia.
Las alarmas también se han prendido en los países que
conforman la UE, ya que la práctica de violaciones sistemáticas de los derechos
humanos, ambientales, corrupción e impunidad es contraria a sus principios de
creación y a la ejecución de programas y proyectos orientados a promover la
gobernabilidad democrática en Honduras. Es por eso que se habla de una Ley “Bertha Cáceres” para Europa, que
incluso incorpore un principio de condicionalidad para la ayuda bilateral
otorgada a Honduras, sujeto a la protección de los derechos humanos, logros
sustanciales en materia de reducción de la corrupción e impunidad y juzgamiento
de militares y policías involucrados en estos actos. Implica un proceso de
depuración acelerada de los órganos del Estado como la Fiscalía, Corte Suprema
de Justicia, FFAA, Policía y Tribunal de Cuentas.
Tegucigalpa, 19 de julio de 2016
Fuente: ALAI http://www.alainet.org/es/articulo/178906
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