Chile: Políticas de ahorro en cuerpos “NN”
y “de calle”
X
victoria aldunate morales, Tierra y Territorio, lesbianas feministas
antirracistas
Un
hombre de 49 años murió afuera del albergue del Hogar de Cristo de Coyhaique. “Rogó
toda la noche”, pero “por la cuarentena” los funcionarios no aceptaron su ingreso. Juan
Carlos Aguilar fue declarado muerto a las 9:31 horas de la mañana del martes 21
de abril. Era “de calle”, o sea, sujeto
de políticas de seguridad e inclusión.
Para
cumplir el “aislamiento social”, los albergues deben tener sólo 20 cupos. El
problema no es la reducción de usuarios por albergue, si no la eventual reducción de sujetos. Tampoco se trata del
COVID 19 porque esto ya estaba pasando y con Piñera sólo se profundiza. Se
trata de Eugenésis (como la franquista, la nazi, la pinochetista), de biopolítica
(Foucault). Descartar a sujetos indeseables por improductivos: psiquiatrizados,
disidentes, viejos, pobres, indocumentados.
El
Estado chileno y su gobierno se aprovechan de la “pandemia” para reducir aún
más las machistas y homófobas opciones para la gente de los rucos.
30
años de postdictadura han intentado “regular” a esa población con doctrinas de
seguridad y moralismos. Han descalificado sistemáticamente a las mujeres de
circuitos de calle por evaluarlas “incompetentes parentales”, con “trastornos”,
por “disfuncionalidad familiar”,
exigiéndoles inclusión productiva y reproductiva, y luego llevándose a sus
guaguas a SENAME, Servicio Nacional de Menores, donde sabemos de violaciones,
explotación sexual, muertes por abandono y maltrato, todo por la desidia desde
las Ministras de Justicia hacia abajo. Así también se elimina pobres.
No es
COVID 19, son 30 años
A
inicios de la Revuelta popular, Octubre 2019, la Fundación “Gente de Calle”
denunciaba tratos inhumanos de policía y militares a gente de rucos y declaraba:
“es preocupante que habiendo alrededor de 8.000 personas en
situación de calle en la Región Metropolitana, sólo se disponga de 400 cupos,
dejando a casi 7.600 a la intemperie”[1].
Las
políticas de los tiempos piñeristas, producen ideología para justificar sus
dispositivos. El Ministerio de Economía encargó a la empresa “Impacta
Consultores SpA”, el informe “Contrato de
Impacto Social para la Superación de la Situación de Calle (CIS)”. CIS es
una traducción de Social Impact Bonds, y
traslada la experiencia de la empresa Sector
Capital Partners y Social Finance UK, en EE.UU. e Inglaterra, a Chile. Según dicen, este
informe de “impacto social” fue hecho entre 2018 y 2019. Su clave es la
búsqueda de “inversionistas”. Por eso agradece –entre otros- a Larraín Vial,
Luksic, Minera Escondida, y también a la “Fundación Corona”, propiedad de la
familia Echavarría Olózaga, dueña de un conglomerado de empresas de Colombia. Considera
que el foco de los programas para
gente de calle que estuvo puesto en “las
actividades”, debe mutar “al logro”. Juzgan
a los programas que “entregan alojamiento
y servicios de emergencia para resguardar la vida de las personas en situación
de calle”. No les gusta que “existe
un perfil de personas con mayor cantidad
de años en situación de calle (situación
de calle crónica) con consumo problemático de sustancias y/o problemas de salud
física o mental y las alternativas en la oferta pública no están siendo
efectivas para superar este problema”[2].
Es decir, proponen entregar la intervención con “gente de calle” a más privados
(no solo a los que ya tienen experiencia) y con nuevas reglas para –disque- “superar”
el problema.
Sin albergues ni procesos
¿”El
logro” podría ser terminar con la gente “crónica”
en calle?
Es un
documento extenso cuyo lenguaje suena “humanitariamente inclusivo”, sin embargo
hay hechos no humanitarios que colocan
en duda su aparente bondad con los pobres:
El año pasado se dejó de habilitar el Estadio Víctor Jara como albergue
alegando que no cumplía con “los estándares” y no hemos sabido de ninguna gran
empresa millonaria que invierta para hacer al estadio Víctor Jara un albergue
digno. Por otro lado, dejaron de estar operativos “Centros de Referencia” en Lo
Espejo y La Florida, que eran más que simples albergues: daban alimentación,
agua caliente, derivaciones de salud, a tratamiento en drogas y alcohol, contaban
con monitoras a cargo de la convivencia y actividades ocupacionales,
terapéuticas y comunitarias. También se hacía asambleas en que la gente usuaria
debatía sus problemas cotidianos. Pero SENDA, Servicio Nacional de Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Alcohol, dejó de financiarlos justo cuando
comenzó el verano, y no han vuelto a estar operativos ni por el COVID 19.
La
Concertación en 1990 creo el CONACE, Consejo Nacional para el Control de
Estupefacientes, asociando no solo a la Industria de la Droga al Ministerio del
Interior y sus políticas de “seguridad”, sino también a las víctimas de esa
Industria. Burreras, soldados, consumidores marginalizados y visibles
en las calles, pasaban a ser una amenaza
del Interior. Cuando Piñera logró por
primera vez turnarse en el poder gubernamental, le cambió el nombre a CONACE por
SENDA, mediante la ley N° 20.502 (21-02-2011), pero con las mismas
vinculaciones institucionales.
La ingeniería comercial de la Concertación
y de la Derecha pinochetista de los últimos 30 años, modifica y re-inventa lenguajes,
enfoques, “instrumentos”, pero básicamente afirma lo mismo: “la gente de calle”
y el consumo de sustancias para pobres son problemas de “seguridad ciudadana” que
deben combatirse, y las políticas que los aborden deben costar el
mínimo. No hay que gastar en los pobres.
Los
procesos no tienen relevancia, sí los “resultados”. Se calcula que si “una intervención con gente de calle no es
efectiva, el gasto para el gobierno será menor”. Es decir, si los procesos
de “gente de calle” no cumplen con los “resultados” de integración, funcionalidad, seguridad, no se le paga a la entidad
que trabaja con ese “usuario”. Si los
cupos para personas que viven en calle son un negocio, la empresa, ONG,
Fundación, etcétera, no podrá (o no querrá) contener en sus programas a “casos
difíciles” (los más numerosos), con salud y estado físico deteriorados, con
diagnósticos severos de salud mental, hombres, mujeres, travestis “conflictivas”…
Si la persona sigue consumiendo no cumpliría con resultados de “seguridad
ciudadana”; si no sale a trabajar, es vieja, sin familia, debe seguir en
albergues hasta su muerte: no es “funcional” ni “integrada”. Esto, en un país
con un 80 por ciento de personas en la pobreza[3],
donde no encuentras trabajo después de los 40; tampoco si eres gorda, estás
indocumentada, das la dirección de una periferia, y menos si eres mujer pobre
con hijos, o en edad fértil.
Ahorro en
identificación de “NN”
¿Una forma de ahorro para el gobierno sería que la “gente de calle” muera? De
hecho, los cuerpos “NN” gastan menos que otros muertos. Hasta hace un par de
años se los identificaba, pero ya no se gasta en eso. Así lo denuncia José Morales de la
asociación nacional de funcionarios del Servicio Médico Legal, SML, al que
llegan los cuerpos “NN”: “Quitaron VERIDEN,
identificación por huella, que establecía comunicación con todo el país y nos daba contacto directo con el registro civil, pero ya
no, ahora es para los vivos”[4]. Este dirigente fue sumariado por el Ministerio del Interior en
2018 luego de movilizaciones, y a pesar de su fuero sindical, fue recientemente
desvinculado del SML, ya que desde 2016 denuncia esta y otras irregularidades. Con
respecto a la verificación de huellas, ese tipo de aplicaciones y servicios,
ahora, los necesitan los bancos y
otras entidades comerciales y financieras. Se gasta en gente viva, activa
comercialmente, pero no en los cuerpos “NN”.
Si una persona sin
familia muere sola en la calle, no se le va a identificar en mucho tiempo -si
es que se le identifica-. Pero tal vez si se trata de una muerta “NN” de algún caso
femicida que pueda transformase en mediático, sí se van a sentir presionados a
identificarle. Como
por ejemplo el crimen machista contra Estefanía, mujer de circuito de calle, que
en mayo de 2019 fue asesinada y dejado su cadáver en una maleta en la vía
pública.
¿Pero si la “NN” es una muerta por la
policía o militares, qué pasaría con su cuerpo e identificación? No olvidamos
que en Chile hay restos de gente detenida desaparecida en Dictadura que luego
de 50 años o más, sigue sin ser identificada. ¿Cuántos cuerpos “NN” de la
Revuelta están sin identificar porque eran gente de calle, sin familia,
migrantes…?
En tanto, las personas que viven en la
calle y rondan sus circuitos, seguirán poblando bandejones, plazas, puentes,
sitios baldíos, esquinas de territorios urbanos, porque el capitalismo
patriarcal utiliza, depreda, esclaviza y deshecha: necesita “ahorrar”.
[2] “Estudio de
factibilidad de la implementación de un Contrato de Impacto Social (CIS) para
la Superación de la Situación de Calle y la Inserción laboral” de la
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, del Ministerio de
Economía, adjudicado a Impacta RSE Consultores.
[3] “La parte del León: Nuevas Estimaciones de la
participación de los súper ricos en el ingreso de Chile”, Ramón López Eugenio
Figueroa B. Pablo Gutiérrez C. Santiago, Marzo 2013. Universidad de Chile.
sdt@econ.uchile.cl; econ.uchile.cl/publicaciones. Cuantificación de la concentración de
la riqueza en Chile con información del Servicio de Impuestos Internos
(SII).
[4] El 27 de octubre de 2019, a 9 días
del inicio de la Revuelta popular, José Morales, respaldaba a Aleida Kulikoff,
Directora del SML que estaba siendo desvinculado por el Gobierno de Piñera.
Además este dirigente denunciaba que había muchos “NN” y que VERIDEN hubiese
dejado de usarse para muertos “NN”. https://www.facebook.com/lapuntadaconhilo/videos/408001396542517/?v=408001396542517